El fundador de la plataforma WikiLeaks, Julian Assange, rechazó hoy su entrega a Estados Unidos con el argumento de que las acusaciones de espionaje y fraude informático en su contra por las revelaciones de su portal digital en 2010, que acarrean hasta 175 años de cárcel, están “políticamente motivadas”.
Al inicio en la corte londinense de Woolwich del proceso de extradición, que en su primer tramo durará hasta el viernes, su abogado, Edward Fitzgerald, dijo que la solicitud de EEUU es “un abuso de proceso” que ignora la cláusula en el tratado extraditorio británico-estadounidense que prohíbe las entregas por “delitos políticos”.
En una intervención previa, el fiscal James Lewis, en representación de la Justicia de EEUU, negó que las imputaciones contra Assange, de 48 años y que lleva casi diez confinado en el Reino Unido, tengan connotaciones políticas y aseguró que es un asunto de “pura criminalidad”.
EEUU reclama al australiano para procesarle por 17 delitos al amparo de la ley de espionaje y uno por la ley de fraude y abuso informático por la difusión en 2010-2011, en colaboración con varios periódicos, de registros militares que revelaron crímenes de guerra en Irak y Afganistán; archivos sobre las detenciones extrajudiciales en la bahía cubana de Guantánamo y cables diplomáticos que expusieron abusos de derechos humanos en todo el mundo.
Lewis explicó que se requiere al activista no por su labor periodística, como argumenta la defensa (negó que sea periodista, aunque tiene el carné), sino por “alentar y ayudar” al exsoldado estadounidense Bradley Manning (ahora Chelsea Manning) a obtener ilegalmente información clasificada de ordenadores oficiales y publicarla después en WikiLeaks.
Alegó que, con la difusión de esos documentos secretos, “puso en peligro” la vida de “fuentes e informantes” citados en ellos, lo que la defensa refuta al apuntar que no ha habido ninguna denuncia a ese respecto.
Fitzgerald alertó a su vez de que la extradición de Assange -presente hoy en la corte, anexa a la cárcel de Belmarsh donde está en prisión preventiva- a petición del Gobierno del presidente de EEUU, Donald Trump, “sentará un precedente” contra el periodismo, al aplicar la ley de espionaje contra la labor informativa.
Sobre la motivación política, recordó que EEUU reabrió el caso en 2017 después de que el Gobierno de Barack Obama decidiera no acusar al periodista por el precedente que sentaría para la libertad de prensa y se refirió al hecho de que su cliente fue espiado a petición de Washington por una empresa española cuando estaba asilado en la embajada de Ecuador en Londres.
El abogado dijo que existen pruebas de que Trump ofreció el indulto a Julian Assange si negaba la implicación de Rusia en una filtración de correos electrónicos en 2016 que perjudicó a su rival política, la demócrata Hillary Clinton.
Incidió en que su cliente no tendrá un “juicio justo” en EEUU, pues la Justicia de ese país ha advertido de que, como extranjero, no estará protegido por la primera enmienda de su Constitución, que garantiza la libertad de expresión.
Fitzgerald, que prevé citar a varios testigos, entre ellos el académico Noam Chomsky, avisó del daño que un confinamiento en EEUU provocaría en la salud de Assange, que padece de “depresión clínica” y “trauma” por su encarcelamiento en el Reino Unido, a menudo en solitario, sin haber sido jamás condenado por ningún delito.
Vestido con un traje gris y el pelo blanco, el fundador de WikiLeaks, apoyado desde la galería del público por su padre, John Shipton, y por decenas de seguidores congregados a las puertas del tribunal, habló para confirmar su identidad y decir que entendía el procedimiento, y en otro momento de la sesión se quejó de que no podía oír bien (al igual que la prensa).
Por parte del equipo legal en España del australiano, el jurista Baltasar Garzón manifestó a los periodistas que todo el proceso “es una locura” y argumentó que el Ejecutivo de EEUU “quiere blindar su sistema de inteligencia contra cualquier periodista”, lo que atenta contra la libertad de prensa.
Varios eurodiputados asisten como observadores a este juicio, entre ellos el español Sira Rego, de Unidas Podemos, quien señaló que, con este proceso, “la democracia está en riesgo”, pues se habla de derechos fundamentales pero también “de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos” que EEUU “lleva a cabo impunemente en todo el mundo y que se han conocido gracias a las filtraciones de WikiLeaks”.
Arrestado inicialmente en 2010 en Londres a instancias de Suecia por un caso de presuntos delitos sexuales hoy archivado, Assange ha pasado casi una década confinado, primero bajo arresto domiciliario y después en la embajada de Ecuador, que le concedió el asilo político, pero lo retiró en 2019, y ahora en Belmarsh a la espera de que se resuelva este proceso.
Se prevé que al final de esta semana la jueza Vanessa Baraitser posponga el juicio para ser retomado entre el 18 de mayo y el 5 de junio, tras lo cual emitirá un dictamen que sin duda será recurrido por la parte perjudicada, lo que significa que este proceso podría alargarse años. EFE