A cuatro años de su creación, el Arco Minero del Orinoco (AMO) se ha transformado en uno de los epicentros de la violación sistemática de derechos humanos en Venezuela.
Por Carlos Guerra / correodelcaroni.com
Contrario a lo que se pretendía convertir, un megaproyecto de minería a gran escala, del sur del estado Bolívar se contabilizan numerosas desapariciones, asesinatos, daños ambientales, presencia de grupos armados que funcionan y controlan el territorio amparados por las fuerzas de seguridad del Estado.
La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu), a través de su informe titulado 18 masacres en cuatro años: el saldo verdadero del Arco Minero, denuncia las matanzas que han ejecutado las pandillas armadas y la Fuerza Armada en su afán de controlar el territorio y por consiguiente los recursos que allí se encuentran.
El Arco Minero es una zona de alta riqueza mineral y supone un interés para el sustento de la dictadura madurista para tener un sustento económico, por lo que su control es fundamental para poder mantenerse en el poder.
En este intento de apoderarse del terreno han asesinado a cientos de personas que, desafortunadamente, por no tener estabilidad laboral ni económica, viajan al sur con el objetivo de generar ingresos que les permitan sobrevivir en Venezuela.
Desde 2016 se han generado 18 masacres siendo la primera a pocos días del anuncio de la creación del AMO: la masacre de Tumeremo. Esta fue el punto de partida que desencadenó las posteriores matanzas que constituirían una nueva política estratégica y sistemática del Estado para amedrentar y oprimir a los ciudadanos.
En la masacre de Tumeremo al menos 17 personas fueron asesinadas. El entonces gobernador de Bolívar, Francisco Rangel Gómez, había negado los hechos hasta que dos semanas después se encontraron los primeros cadáveres en una fosa común. Codehciu detalla que en junio del mismo año cuatro mineros fueron asesinados en Santa María, municipio Piar.
En 2017, ya con Justo Noguera como gobernador, se continuó la política pero con un cambio bastante radical: ahora las masacres son perpetradas por el Ejército. En total se registraron cuatro, ocurridas en febrero, agosto, septiembre y noviembre.
En 2018 se incorporaría un nuevo elemento, testigos aseveran que guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) participaron en las matanzas. En mayo de este año hubo dos, dejando un saldo de 20 víctimas. Además, en junio cinco pemones fueron asesinados en San Luis Morichal (a siete horas en lancha de El Dorado).
La vida humana no es prioridad para el Estado
Estos hechos demuestran el asentamiento de un Estado forajido que va en contra de los principios de vida y humanidad, contrariando además la Constitución venezolana y múltiples tratados internacionales. Uno de ellos es el protocolo de Minnesota que establece que una de las principales características de estas violaciones de derechos humanos es que “la muerte puede haber sido causada por actos u omisiones del Estado, de sus órganos o agentes”. Además, señala: “la muerte podría ser resultado del incumplimiento por el Estado de su obligación de proteger la vida”.
Ante esto Codehciu demanda al Estado venezolano que investigue todas las muertes ilícitas en las que están involucrados los organismos públicos y a su vez, que tome en cuenta todo el daño forestal y las arremetidas en contra de las comunidades indígenas.
Lo que se esperaba que sirviera como impulso económico para contrarrestar una inevitable crisis económica sin precedente alguno, terminó siendo el patio trasero del gobierno de facto para así apoderarse de los vastos recursos minerales que allí se encuentran cueste lo que cueste, dejando a un lado el derecho a la vida.