La ruptura entre los países miembros de la OPEP y Rusia, que no se han puesto de acuerdo para recortar la oferta de petróleo a fin de compensar la reducción de la demanda por el impacto del coronavirus en la economía global, desató una caída libre en la cotización del barril que agrava la crisis venezolana.
Las exportaciones de petróleo proveen más de dos tercios de los dólares que ingresan a Venezuela, por lo tanto, el desplome en el precio del barril activa una cadena de eventos negativos: menos dólares para importar alimentos, medicinas o materias primas en una economía que se ha miniaturizado tras seis años consecutivos de recesión y una hiperinflación que redujo la capacidad de consumo de la población.
La OPEP, bajo el liderazgo de Arabia Saudita, propuso un significativo recorte en la producción de petróleo para contrarrestar el impacto del coronavirus en grandes consumidores de barriles como China y Europa, pero Rusia se negó bajo el argumento de que los productores de petróleo de Estados Unidos mantendrían el bombeo para ganar mercado.
Ante la negativa de Rusia, Arabia Saudita inició una guerra de precios rebajando la cotización del petróleo que coloca en Asia, Europa y Estados Unidos, al mismo tiempo que anunció un próximo incremento de la producción para ganar mercado. La consecuencia es una caída de 30% en la cotización del barril, la mayor desde la Guerra del Golfo en 1991, que redujo la cotización del crudo Brent -el de referencia en Europa- hasta 33,36 dólares y del crudo WTI hasta los 29,78 dólares.
Impacto en Caracas
El desplome del precio del barril impacta con fuerza a Venezuela, sometida a una severa dieta de divisas por el descenso de la producción de petróleo: de acuerdo a la información oficial entregada a la OPEP, Venezuela produjo en enero de este año 882 mil barriles diarios, cifra que representa un declive de 68% respecto a 2013, año en que Nicolás Maduro se juramentó como presidente y la cifra más baja desde 1945.
La caída de la producción, tras años de baja inversión y una gerencia errática donde el sector militar ha tomado el control de la empresa petrolera del Estado, Pdvsa, no tiene perspectivas de detenerse en el corto plazo. Un aspecto clave es que a la caída en el precio y el descenso de la producción se añade el impacto de las sanciones de Estados Unidos que limitan severamente la posibilidad que tiene Maduro de colocar petróleo en el mercado global.
En enero de 2019, Washington -que junto a una larga lista de países considera fraudulentas las elecciones de 2018 que Maduro esgrime como piso legal para un nuevo mandato- prohibió a sus empresas la compra de petróleo a Venezuela, forzando un reacomodo que convirtió a Asia en el principal destino de los barriles venezolanos. Estados Unidos también presionó a clientes de Pdvsa en India y China para que detuvieran las compras directas de petróleo, obligando a la petrolera venezolana a utilizar intermediarios en la comercialización.
Posteriormente en agosto de 2019 Donald Trump firmó una orden ejecutiva que permite bloquear los activos que tengan en Estados Unidos las empresas que mantengan relaciones económicas con la administración de Maduro. La Casa Blanca también estableció limitaciones para las empresas navieras que transporten petróleo venezolano. El pasado 18 de febrero la administración Trump aumentó la presión y sancionó a Rosneft Trading, la subsidiaria que emplea el gigante petrolero ruso Rosneft para colocar en el mercado crudo venezolano: básicamente, Rosneft Trading le compra a Pdvsa petróleo a descuento y lo revende a refinerías en Asia.
Si bien el Kremlin rechazó la sanción y afirmó que continuaría comercializando el petróleo venezolano, José Toro Hardy, exdirector de Pdvsa, considera que la caída en el precio cambia el tablero: “El 60% del petróleo que venía exportando Venezuela lo compraba Rosneft y seguramente va a perder interés en sus operaciones con este país porque la prioridad para ellos pasa a ser la comercialización de la producción de petróleo de Rusia”.
“Al frenarse las exportaciones la producción de petróleo de Venezuela tendrá que ser más acentuada porque no hay donde almacenar petróleo, están copados los tanques de almacenamiento. Entonces la caída del ingreso de divisas puede llegar a niveles no imaginados, el impacto puede ser muy severo”, agrega Toro Hardy.
Síntesis Financiera, una de las principales consultoras del país, explica en su informe El Tesorero que “los ingresos por exportaciones petroleras en 2020 podrían caer a 4.500 millones de dólares, desde 13.800 millones en 2019”. Añade que en medio de las sanciones a Pdvsa, el descuento que exigiría Rosneft Trading para continuar comercializando el petróleo venezolano y la guerra de precios que se ha desatado, en 2020 Venezuela cobraría por sus reducidas exportaciones un promedio de 16,7 dólares por barril, mientras que en 2019 obtuvo un promedio de 40,14 dólares por barril.
La posibilidad de que el sector no petrolero compense la pérdida de ingresos es ínfima: las últimas cifras del Banco Central registran que las exportaciones distintas al petróleo no superan los mil millones de dólares al año.
La debacle
El Banco Central oculta las estadísticas oficiales, pero el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta que en 2019 la economía cayó 35%, dato que implica que entre 2014-2019 Venezuela experimentó una debacle similar a la de un país en guerra y el PIB se contrajo 65%.
Urbi Garay, profesor del IESA, contextualiza el empobrecimiento y explica que de acuerdo a la proyección del FMI al cierre del año pasado el PIB per cápita, un indicador determinante para medir la riqueza del país, retrocedió hasta niveles de 1944: es decir, si se limpia el efecto de la inflación y se reparte entre la población el valor de los bienes y servicios producidos en 2019, en promedio, los venezolanos recibirían un ingreso equiparable al de hace 75 años.
Consultoras como Ecoanalítica proyectaron a comienzos de año que con un precio promedio del crudo Brent en torno 59 dólares la economía continuaría en descenso y registraría una nueva reducción de 10%. No obstante, el nuevo escenario luce tan sombrío que Francisco Rodríguez, investigador de la Universidad de Tulane, advierte que el PIB caerá 20%.