Uno de los lugares comunes que más ha perdido sentido y significado es aquel de: “vamos a investigar hasta su últimas consecuencias” y otros semejantes como “se investigará caiga quien caiga” o “exigimos una exhaustiva investigación”; no se trata tan sólo del uso convencional de esas frases, sino que muchos de esos anuncios o solicitudes, suelen ser solo objeto de una declaración inicial obligada por las circunstancias, luego en la mayoría de los casos no llegan ni a las primeras consecuencias, termina no cayendo nadie y si se investiga, por lo regular no se hace exhaustivamente.
El Consejo Nacional Electoral no ha dejado de ser noticia por estos días, no tan solo por las peripecias y especulaciones en torno a la renovación de los rectores, sino por el incendio del sábado en el galpón de Mariches donde se deposita buena parte del material que se emplea en los procesos electorales. La presidenta del CNE en su primera declaración hablo de exigir una “investigación profunda”, una pequeña variación del lugar común, para luego contradecirse “muy seriamente”… a quienes presuntamente “intentan sabotear el sistema electoral”…no espero ni siquiera el inicio de las pesquisas para adelantar un juicio sobre la posible causa que originaría el incendio. Ese último señalamiento no contribuye para nada a elevar el bajísimo prestigio de la institución que preside. Delcy Rodríguez aseveró : “Incendiaron y atacaron el sistema electoral porque tienen miedo”. Pareciera nuevamente que la exigencia de “investigación profunda” constituye nuevamente una formalidad.
En su segunda declaración Tibisay informó que se perdieron 582 computadoras, 40.408 máquinas de votación, 400 boletas electrónicas y 127 boletas que iban a desincorporarse. Afirmó “fue poco lo que se pudo salvar”. Surgen entonces importantes interrogantes como: ¿Será necesario adquirir en lo inmediato nuevas máquinas de votación ? De ser positiva la repuesta ¿Se abrirá un proceso de licitación o se realizará a través de adquisición directa? Tal operación de realizarse ¿ La efectuará el nuevo CNE?.
Para responder esas preguntas habría que esperar un poco por el desarrollo inmediato de los acontecimientos y observar el avance del proceso de designación de los nuevos rectores.
Independientemente de cierto optimismo inicial en algunos sectores, por el acuerdo para integrar el comité de postulaciones para designar los nuevos representantes del organismo electoral, está por resolverse cuál será en definitiva el mecanismo para su elección. De mantenerse la disposición a cumplir con lo establecido en la Constitución, es decir, que los rectores sean designados por los dos tercios de la Asamblea Nacional, eso implicaría necesariamente, el reconocimiento por parte del oficialismo de la legitimidad del órgano legislativo presidido por Juan Guaidó y el reconocimiento implícito de lo inconstitucional e ilegal de la figura del desacato.
La otra posibilidad es que el paso dado por el oficialismo sea tan solo una finta, para sugerir la intención de cumplir con el dispositivo constitucional, pero frente a la eventualidad de no alcanzar la votación requerida, justificar la designación por el TSJ alegando la omisión legislativa. Además del propósito de proyectar la imagen -sobre todo a nivel internacional- de ajustarse a la legalidad, suponen que mientras se cumple el proceso, la polémica en el campo de las fuerzas democráticas, en torno a la exigencia de condiciones electorales se exacerbará e intentarán sacar provecho de tal situación.
Su estrategia es clara, el juego está cantado, salvo que ocurra un milagro la posibilidad de alcanzar un acuerdo en la Asamblea Nacional para alcanzar los dos tercios, al día de hoy luce muy improbable, con esos datos configuran su comportamiento político y aspiran lograr nuevamente la conformación de un CNE fiel, obediente y al servicio de sus objetivos. Es una ilusión pensar en una composición diferente y un organismo presidido por una personalidad aceptada de mutuo acuerdo, aceptarla sería para ellos una negación de su concepción y práctica de la política.