Comencemos por identificar los dilemas que esta crisis nos ha traído. Existe un dilema entre enfermarnos menos y ganar más u otro entre enfermarnos menos y mantener nuestras libertades. Para limitar el contagio, los gobiernos a nivel mundial, han decretado el confinamiento y han aconsejado la “distancia social”.
Desafortunadamente, una de las consecuencias inmediatas de estas políticas es la caída brusca de la economía. La gente deja de viajar, los negocios cierran, los restaurantes, los teatros, los cines dejan de funcionar, en fin, la gente se queda en sus casas y la economía se detiene. En estas circunstancias esto sucede porque se ha producido una reducción de la oferta pero no de la demanda. La gente sigue necesitando alimentos, medicinas, electricidad, agua, gas, etc. Es decir, producimos menos pero con las mismas necesidades. Por esta razón, los gobiernos deben dictar medidas que protejan a los ciudadanos. Por ejemplo, el presidente Bukele lo hizo posponiendo los pagos de agua, electricidad, internet, hipotecas, alquileres, entre otros, para aliviar las medidas de confinamiento que decretó en El Salvador. El Congreso de Estados Unidos ya ha aprobado 8.3 billones de dólares y seguirán aproximadamente 2 trillones más para enfrentar los efectos del coronavirus.
Todos estos esfuerzos de confinar y al mismo tiempo ayudar a la gente a quedarse en sus casas se realizan para “aplanar la curva” del numero de casos registrados. Es decir, limitar el numero de casos en un punto determinado del tiempo para no colapsar los sistemas de salud como trágicamente ha sucedido en Italia.
¿Por cuánto tiempo? No se sabe y este es un tema importante que atañe directamente a los países en vías de desarrollo y su capacidad de cubrir los altos costos de la pandemia sin el peligro de caer en desequilibrios fiscales que desestabilicen sus economías. En un momento en el cual todo el mundo se endeuda, los países con economías mas débiles quedan fuera del acceso al crédito internacional y en imposibilidad de apoyar a sus precarios sistemas de salud.
En estas difíciles circunstancias, algunos gobiernos de América Latina en vez de asumir el problema con racionalidad y solidaridad han optado por actitudes equivocadas. Se destacan en un extremo, la negación absoluta del gobierno de México y Nicaragua cuyos presidentes instaron a la gente a salir a las calles a combatir el virus “con amor”, hasta la imposición draconiana de un toque de queda permanente de Nicolás Maduro, quien con las armas en las calles y sin ninguna protección social, impide al pueblo venezolano a salir de sus casas. ¿Con cual racionalidad? Algunos dicen que para que mueran allí de hambre o de enfermedad sin que nadie los vea. América Latina debe enfrentar esta crisis con racionalidad y los gobiernos asumir su responsabilidad social y acudir a la comunidad financiera internacional, especialmente el FMI, el Banco Mundial y el BID quienes ya han ofrecido más de un trillón de dólares para cubrir los niveles requeridos de financiamiento necesarios para que así sea.
Hoy, los gobiernos se encuentran en encrucijadas múltiples donde confluyen políticas que entran en conflicto entre sí. A diario se toman medidas que buscan equilibrar el nivel de bienestar económico y social óptimo con las circunstancias, con la libertad individual máxima posible y la mejor salud pública para todos. El presidente Donald Trump, por ejemplo, parece debatirse a diario ante esta encrucijada. Su pugna con gobernadores como Andrew Cuomo de NY, quien lucha por defender el derecho a la vida como prioridad, es una prueba.
El debate entre el derecho a la vida y al nivel de vida seguirá por unos cuantos meses, el libreto sigue escribiéndose.
Publicado originalmente en El Tiempo Latino el 24 de marzo de 2020