El juez federal Robert Hinkle dio un ultimátum este jueves a los abogados que representan al gobernador Ron DeSantis y su administración en una demanda que impugna una ley de 2019 que implementó una enmienda constitucional, y que restaura los derechos de voto de los delincuentes que han completado sus sentencias.
Por: SunSentinel
Se advierte a los abogados del estado que propongan un proceso para determinar si los delincuentes han pagado “obligaciones financieras legales” según lo exige la ley y si esos delincuentes tienen la capacidad de pagar las tarifas y multas ordenadas por el tribunal.
“Si el estado no va a arreglarlo, lo haré”, dijo Hinkle durante una audiencia telefónica. Se espera que se resuelva en la audiencia de este viernes.
Hinkle emitió un mandato preliminar en octubre y dictaminó que es inconstitucional negar el derecho de voto a los delincuentes que son “realmente incapaces” de pagar obligaciones financieras. Un panel del 11 ° Tribunal de Apelaciones del Circuito de los Estados Unidos confirmó la decisión de Hinkle, pero DeSantis ha solicitado lo que se conoce como una revisión “en banc” o tribunal completo.
En el mandato preliminar, Hinkle le dijo al estado que presente un proceso administrativo en el que los delincuentes puedan tratar de demostrar que no pueden pagar las obligaciones financieras y deberían poder votar.
Meses después, los funcionarios electorales estatales no han desarrollado dicho sistema, Mohammad Jazil, un abogado que representa a la secretaria de Estado Laurel Lee, le dijo a Hinkle durante la audiencia del jueves en el desafío presentado por los grupos de derechos civiles y de derecho a voto.
Bajo un proceso que ha estado en vigencia durante años, la División de Elecciones del estado verifica que los floridanos que se registran para votar son elegibles para emitir papeletas al revisar una variedad de bases de datos de la corte. Los votantes que no se consideran elegibles se marcan y la información se envía a los supervisores de elecciones del condado, quienes toman la determinación final sobre la elegibilidad y tienen la autoridad para eliminar a las personas de las listas de votación.
La directora de la División de Elecciones del Estado, Maria Matthews, dijo en una declaración del 27 de enero que su oficina “no enviará” a los supervisores locales ningún nombre o registro de delincuentes relacionados con el pago de obligaciones financieras legales.
“Si el estado todavía está trabajando en ello, pero no envía archivos, ¿es apropiado que los demandantes digan que no hay proceso? Creemos que la respuesta a eso es no. El estado está trabajando diligentemente todos los días. El estado tendrá un proceso. El estado tiene contingencias planificadas para que si los tribunales van de una manera, los tribunales van de otra manera. El estado actualmente cree que sería irresponsable diseñar un proceso solo para que sea cambiado por una orden judicial una semana, un mes, dos meses a partir de ahora, con las elecciones de noviembre próximas “, dijo Jazil a Hinkle durante la audiencia del jueves.
Pero Hinkle, quien durante meses ha reprendido al estado por no elaborar un plan, interrumpió a Jazil.
“Si no tienes una posición en el momento del juicio, y decido que es un derecho constitucional — y si lees la decisión del 11º Circuito, probablemente no quieras apostar en contra de eso – la respuesta es no va a ser, oh, comienza a trabajar en esto. Si el estado no va a arreglarlo, lo haré ”, advirtió el juez federal.
Los votantes de Florida aprobaron en 2018 la enmienda constitucional diseñada para restaurar los derechos de voto de los delincuentes que han cumplido sus condenas. Pero la Legislatura controlada por los republicanos en 2019 aprobó la controvertida ley para llevar a cabo la enmienda, incluida la exigencia de que los delincuentes paguen obligaciones financieras legales para votar.
El estado carece de un método uniforme o consistente para aplicar la ley de 2019, con algunos registros incompletos y otros con discrepancias, según documentos judiciales. Hinkle llamó al proceso “una pesadilla administrativa” durante una audiencia en octubre.
Hinkle le dijo a Jazil el jueves que “si el estado quiere arreglarlo, debe ponerse en marcha”.