La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) está muy preocupada por la falta de medidas del gobierno de Nicaragua para enfrentar el coronavirus, lo que menoscaba la salud de la población en medio de la grave crisis política que vive el país desde hace dos años.
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“Es sumamente preocupante que Nicaragua no este llamando al confinamiento o al distanciamiento social como lo han hecho otros países para evitar la propagación del virus”, dijo Antonia Urrejola, relatora especial de la CIDH para Nicaragua, en entrevista con AFP vía WhatsApp.
“Creemos que esta apatía afecta sin lugar a dudas el derecho a la salud de la población”, agregó esta diplomática chilena.
La comisionada cuestionó que el país centroamericano tampoco haya cerrado sus fronteras ni suspendido clases o actividades deportivas.
Por el contrario, el gobierno llama a marchas, ferias y visitas a playas, lo que ha sido duramente criticado por médicos, empresarios y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
El presidente Daniel Ortega, después de pasar más de 30 días sin aparecer públicamente, justificó esta semana la falta de medidas para enfrentar la pandemia al decir que “el país no puede dejar de trabajar porque se muere”.
Urrejola, diplomática chilena, expresó su temor por lo que pueda ocurrir en Nicaragua sin medidas preventivas ante el nuevo coronavirus, como se ha visto en países como Ecuador, Brasil y Estados Unidos.
Para la comisionada, la forma en que los estados enfrentan esta pandemia no es solo un tema de salud pública, sino también de derechos humanos.
– “Opacidad en la información” –
Nicaragua, con 6,3 millones de habitantes, espera con incertidumbre el pico de la pandemia, aunque Ortega asegura que su gobierno está preparado para enfrentar la situación. Hasta esta semana se han detectado nueve contagios del nuevo coronavirus, entre ellos dos fallecidos.
Urrejola cuestionó la “opacidad en la información” sobre el contagio, sin ofrecer claridad sobre el número de casos, sobre la ubicación de los focos de infección y la cantidad de pruebas realizadas.
Señaló asimismo que la falta de independencia entre los poderes públicos afecta la manera de enfrentar la pandemia, pues todas las instituciones están subordinadas al ejecutivo y no hay contrapesos para la toma de decisiones.
“El ejecutivo incide directamente en el poder judicial, legislativo y otras instituciones, no existe autonomía y esto afecta la manera cómo el Estado hace frente a la pandemia”, advirtió la comisionada.
– Cierre de espacios democráticos -A dos años del estallido de protestas antigubernamentales, “nos encontramos en una quinta etapa de la represión”, con “un cierre total de los espacios democráticos, libertades públicas suspendidas o seriamente limitadas, vigilancia y hostigamiento individual a disidentes, defensores de derechos humanos y periodistas”, manifestó Urrejola, lo que se agrava con la “apatía” para enfrentar la COVID-19.
Las protestas masivas de abril de 2018, iniciadas por una reforma a la seguridad social, se convirtieron en un llamado a la renuncia de Ortega, de 74 años y en el poder desde 2007. La represión al movimiento desató una crisis política con severos daños sociales y económicos.
La CIDH registra 328 muertos y 100.000 exiliados, en tanto aún hay 70 personas detenidas por participar en las protestas.
Asimismo, la CIDH, adscrita a la Organización de Estados Americanos (OEA), alertó sobre la situación de los privados de libertad, que enfrentan el hacinamiento de las cárceles de Nicaragua y otros países de la región.
A comienzos de abril, el gobierno de Nicaragua liberó a 1.700 personas para bajar el hacinamiento, aunque no incluyó a las 70 personas que la CIDH tiene registradas como presos políticos, indicó la comisionada.
La CIDH, que fue expulsada de Nicaragua en diciembre de 2018 tras ser señalada por las autoridades de estar parcializada en contra del gobierno, sigue de cerca la situación en el país, indicó Urrejola.
“No podemos hacernos de la vista gorda”, enfatizó. El trabajo de la CIDH continua con monitoreo a distancia y con organizaciones de la sociedad civil; “lo que no tenemos es un diálogo con el Estado, eso no es bueno para nadie”, añadió.
“Lamentablemente Nicaragua ha sido persistente en que no podemos ir, pero hemos manifestado nuestra disposición de volver. Si el Estado lo autoriza podemos estar de regreso en 24 horas”, concluyó.
AFP