Tenemos la obligación todos los ciudadanos de insistir en la estructuración y puesta en práctica de un modelo administrativo abierto y democrático, de eficiencia administrativa mediante la rendición de cuentas y la supervisión ciudadana, que garantice la transparencia en el uso del dinero público y el acceso a la información. Afianzar los servicios básicos como la regularización del suministro de gasolina y diésel, gas, agua y electricidad, además de la seguridad ciudadana, son clave en la necesidad inminente de recuperar la producción de alimentos.
Por Celia Herrera / lagranaldea.com
Este 11 de abril de 2020, el Gobierno anunció al país la extensión por 30 días más del “Estado de Alarma Constitucional decretado para combatir el coronavirus” y en medio de la noticia, para el ciudadano de a pie, la cuarentena ha cobrado particular significación de cómo sobrevivir a la pandemia y no morir en el intento. A esta fecha, se intensificó la escasez de gasolina y lejos de normalizarse el abastecimiento de combustible, el denominado “plan especial de suministro de combustible” parece haber desatado los demonios. Colas interminables de vehículos en algunas pocas estaciones de servicios; riñas entre personas por intentar tomar ventaja en las filas y llenar el tanque (nunca falta el “vivo”); detención de un sujeto en una fila preferencial “disfrazado de militar”, sin serlo; detenidos por una estación de gasolina furtiva en la Urbanización Los Naranjos de El Hatillo en Caracas; quejas de los usuarios por la inequidad en dar atención preferencial al sector militar, según reportan en las redes sociales; irregularidades de cobro de hasta 4 dólares/litro de gasolina en el mercado negro; personal del área de la salud, al que no se le da preferencia para llenar el tanque de su vehículo, a pesar de lo dispuesto por las autoridades; en fin, tenemos todo tipo de anécdotas, tanto que daría hasta para escribir una novela.
Volvamos al punto de las lecciones aprendidas, porque en toda crisis hay una oportunidad, y más allá del coronavirus, como bien ha insistido desde hace ya muchos años nuestro muy querido Académico Alfredo Cilento, experto entre otras materias y por si fuera poco en vulnerabilidad y riesgo, en Venezuela hay que afrontar los problemas críticos que están acabando con la vida de los habitantes de este país, y en ello la prioridad es alimentar a los venezolanos. En aras de esa necesidad inminente, es preciso recuperar la producción de alimentos, con el impulso a la agricultura, la ganadería y la agroindustria.
“En Venezuela hay que afrontar los problemas críticos que están acabando con la vida de los habitantes de este país, y en ello la prioridad es alimentar a los venezolanos”
Y aquí volvemos a la cotidianidad de lo que leo en las redes, productores nacionales, a los que hay que agradecer su terquedad, pues en burro o con carretas, llevan verduras, frutas, leche, quesos, sobreponiéndose a todas las dificultades, sin una gota de combustible, hasta los centros de comercialización más cercanos. Paradójicamente, en estos momentos críticos, donde es vital contar con lo “hecho en Venezuela” para abastecer a la población, se corre el riesgo de perder cosechas enteras, a falta de transporte de carga, cuando deberíamos estar inundando los mercados nacionales de alimentos, para dar sosiego a la población en la incertidumbre que se vive en cuarentena, y ya sabemos que no todos tendrán cómo o con qué comprarlos, pues según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2018 (Encovi), un 90% de los venezolanos no tiene ingresos suficientes para comprar alimentos, lo que debe atenderse con cambios estructurales en las políticas económicas de la nación.
La enseñanza lleva a plantear el inicio de un proceso de reindustrialización y manufactura en el país, incorporando nuevas tecnologías, con miras a la reducción de las importaciones; alcanzar a atender la demanda interna de alimentos, y hasta impulsar las exportaciones, para lo cual hay que recuperar la infraestructura de apoyo -por ejemplo, la red vial del país, incluyendo vialidad agrícola- y garantizar los servicios básicos como la regularización del suministro de gasolina y diésel, gas, agua y electricidad, además de la seguridad ciudadana.
“Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2018 (Encovi), un 90% de los venezolanos no tiene ingresos suficientes para comprar alimentos, lo que debe atenderse con cambios estructurales en las políticas económicas de la nación”
Mientras llegamos al futuro que otras naciones alcanzaron hace rato, con el uso de energías alternas para garantizar la eficiencia energética y la modernización de los sistemas de transporte de carga, es oportuno tener en cuenta que en el país el combustible fósil, proveniente del petróleo, estimo será necesario por un largo período, pues todo nuestro parque automotor opera con este tipo de energía. Según cifras de la Cámara de Fabricantes Venezolanos de Productos Automotores (Favenpa), para 2018 el parque automotor en Venezuela alcanzó a 4.082.915 vehículos; de estos, un 88,4% funciona con gasolina, el 6,8% con diésel, y el 4,8% con GNV. A propósito del transporte de carga, la flota de vehículos comerciales pesados es de 55.984, medianos 281.893, livianos 390.007; más vale comentar que de esa cantidad hay una proporción significativa de vehículos parados, pues en general entre 2017 y 2018 la tasa de vehículos inactivos se incrementó en un 4,8%, por las razones de larga data que ya conocemos, escasez de repuestos, pérdida del poder adquisitivo, inflación, caída de la economía, inseguridad ciudadana, escasez de combustible, por mencionar algunas.
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