Reclusos del Centro Penitenciario de la Región Andina (CEPRA) en el estado Mérida iniciaron una protesta para exigir alimentos, medicinas y comunicación con sus familiares.
Según pudo conocer el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), la protesta inició a las 4:00 de la mañana de este sábado 9 de mayo, cuando los custodios arrancaban el conteo diario de la población penal.
Cabe destacar que desde que fue decretada la cuarentena obligatoria por la pandemia del COVID-19, fueron suspendidas las visitas en todos los centros penitenciarios del territorio nacional. No obstante, en el CEPRA se mantenía el pase de paquetería para los reclusos.
Los familiares hacen todo su esfuerzo para llegar hasta el penal, aún cuando se les dificulta el traslado por la escasez de gasolina, la carencia de dinero en efectivo y transporte público.
El equipo del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes manifestó al OVP, tras sostener contacto con familiares y reclusos, que los custodios presuntamente extorsionan a los presos, así como tampoco les hacen entrega de los alimentos que con tanto esfuerzo les envían los deudos. Todo esto aunado a que no reciben suministro de medicamentos y tampoco han podido comunicarse con sus seres queridos desde el inicio del aislamiento preventivo.
En ese sentido y a modo de protesta, los presos tomaron como rehenes a dos custodios, subieron al techo del penal y tomaron el área administrativa, según denunció igualmente el Observatorio de la ULA.
Al parecer, la acción de los reos fue repelida por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), quienes dispararon bombas lacrimógenas. Por su parte, los familiares intentaron concentrarse frente a la instalación, pero fueron dispersados y hasta el cierre de esta nota de prensa desconocían qué estaba pasando dentro de los calabozos.
Carolina Girón, directora del OVP, expresó su preocupación por la situación en el CEPRA, exigió respeto por sus derechos humanos y rechazó las acciones de la GNB al impedir el contacto de la población penal con los familiares y una comisión del Observatorio de la ULA para constatar su integridad física y mental.
Nota de prensa