El secretario jurídico del Gobierno salvadoreño, Conan Castro, descartó este domingo que el Ejecutivo contemple la implantación de un estado de excepción ante la falta de apoyo en el Congreso para ampliar una ley de cuarentena obligatoria y aseguró que acatará cualquier fallo del Supremo relacionado con un estado de emergencia que decretó tras prescindir del Legislativo.
“Todo el mundo creyó o estaba esperando que nosotros decretáramos estado de excepción”, pero “no creo que sea la visión que se tiene, la visión más bien es buscar pláticas directamente con la Asamblea Legislativa, buscar puntos en común” para “garantizar el derecho a la vida y salud de las personas”, dijo Castro en declaraciones a la prensa internacional.
Sostuvo que el Código de Salud “tiene suficientes herramientas para el manejo de la emergencia” en caso de que los diputados decidan finalmente no apoyar le prórroga de la ley de cuarentena, en la que se basa el confinamiento “absoluto” y permite el uso de la fuerza para hacer cumplir la medida.
Antes del anuncio del estado de emergencia, algunos diputados advirtieron sobre rumores relacionados con que el Gobierno podría declarar estado de excepción o que desconocería las facultades del Congreso.
Castro también aseguró que el Gobierno de Nayib Bukele acatará cualquier resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia sobre la polémica declaración de estado de emergencia, que se basó en un artículo de la Ley de Protección Civil que le da la facultad al presidente cuando los diputados no puedan sesionar.
“Sin duda la vamos a acatar”, apuntó Castro, quien fue el encargado de comunicar la decisión de prescindir del Congreso para aplicar la medida por 30 días ante el vencimiento del estado de emergencia el sábado.
Los diputados de los partidos mayoritarios en el Congreso, ambos opositores, adelantaron que no extenderían de forma automática la medida, por lo que está convocada para la mañana del lunes la comisión que la analizará y para la tarde la sesión plenaria para su votación.
La Fiscalía comunicó durante la madrugada que presentará una demanda para que la Corte Suprema declare inconstitucional la iniciativa del Ejecutivo, dado que esta declaración presidencial “resulta un acto de usurpación de facultades”.
“La Asamblea Legislativa no estaba imposibilitada para reunirse en estos momentos, por lo que tiene la legitimidad legal y constitucional para analizar el estado de emergencia”, añadió el Ministerio Público.
Castro dijo que espera que los jueces de la Sala de lo Constitucional resuelvan a favor del Gobierno y acusó al Congreso de no tener interés en ampliar el estado de emergencia, pese a que está “a punto de colapsar nuestro sistema de salud” por los contagios de COVID-19.
Añadió que sin el estado de emergencia no tienen fundamento jurídico la ley de confinamiento obligatorio y el decreto presidencial que declara la cuarentena “absoluta”.
“Si no existe emergencia en el país, no existe asidero legal para ninguna de las medidas extraordinarias que puedan tomarse”, apuntó Castro.
Un grupo de organizaciones humanitarias aseguraron mediante un comunicado de prensa que la medida del Gobierno es “nula” y llamaron a la Fiscalía a promover una investigación contra los funcionarios del Ejecutivo por la supuesta “alteración del orden constitucional”.
Según el recuento oficial, El Salvador registra 1.338 casos confirmados del COVID-19 y 27 fallecidos.
EFE