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Los indígenas ulwas, asentados en la comunidad de Karawala, en el litoral Caribe de Nicaragua, informaron este jueves el establecimiento de una cuarentena comunitaria, para evitar ser contagiados por COVID-19, en un país que no ha puesto ningún tipo de restricción frente a la pandemia.
La medida está vigente desde ayer miércoles, por decisión de la Junta Directiva del Gobierno Comunal de Karawala, a petición de la comunidad ulwa, para prevenir el COVID-19, informaron las autoridades indígenas, a través de una resolución oficial.
Aunque los ulwas habitan en una comunidad remota de Nicaragua, a la que solamente se puede acceder por ríos que desembocan en el mar Caribe, sus 2.000 habitantes, según datos oficiales, temen contagiarse a través de los visitantes que llegan con mercaderías, ya que los casos de COVID-19 parecen ir en aumento.
Según el Gobierno de Nicaragua, en el país hay 254 casos y 17 muertos a causa de la pandemia. El independiente Observatorio Ciudadano COVID-19, que goza de mayor credibilidad entre los especialistas, suma de 1.594 enfermos y 351 fallecidos.
En la resolución, los ulwas prohíben “totalmente” la circulación de comerciantes de otros municipios en sus callejones, así como la salida de los comunitarios hacia otras jurisdicciones.
También suspendieron la entrada y salida de personas que participen aglomeraciones, y de representantes de instituciones de otros municipios.
Para evitar reuniones innecesarias y posibles aglomeraciones, los indígenas prohibieron el comercio y consumo de bebidas alcohólicas, incluyendo la cususa, un brebaje típico nicaragüense que causa ebriedad.
Los habitantes de Karawala que regresen a la comunidad a partir de ahora, deberán pasar por cuarentenas de entre cuatro y 15 días.
Adicionalmente, todo el transporte, en este caso acuático, deberá pasar por una desinfección, sus ocupantes tendrán que usar mascarillas de forma obligatoria, no podrán realizar más de dos viajes por semana, y no podrán vender boletos para viajes a otros municipios.
Los ulwas informaron de la medida, sin fecha de caducidad, a las autoridades del Ministerio de Salud, la Policía Nacional, el Gobierno del municipio Desembocadura de Río Grande, al que pertenece, y a líderes religiosos.
La decisión de los indígenas contradice la política del presidente Daniel Ortega, de no implementar ningún tipo de restricciones, ni de prevención, del COVID-19, y promover actividades de aglomeración, lo que ha despertado críticas dentro y fuera de Nicaragua.
Ortega, a quien los organismos defensores de los derechos humanos señalan por la muerte de decenas de indígenas, tanto en su primera etapa como presidente de Nicaragua (1980-1990), como en la más reciente (desde 2007), no se ha pronunciado sobre la decisión de los ulwas.
Distintos sectores de la sociedad nicaragüense aplaudieron la decisión sanitaria de los indígenas.
EFE