Tarek William Saab, fiscal del régimen de Nicolás Maduro, reveló que envió una carta (UNA NOVELA) a Nancy Pelosi, presidenta del Congreso de los EEUU, en la cual relató los detalles sobre la “Operación Gedeón“.
lapatilla.com
“Queremos informar al país que hemos enviado una carta dirigida a la Presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, la cual ya ha sido recibida, en la que brindamos información al Congreso estadounidense sobre los hechos que han rodeado la llamada Operación Gedeón“, manifestó durante una rueda de prensa llevada a cabo en la sede del Ministerio Público, en Caracas.
“Como Fiscal General de la República, siendo la autoridad encargada de la investigación penal en el país, además de las investigaciones realizadas en el país, hemos iniciado acciones fuera de nuestro territorio, específicamente en los Estados Unidos, para esclarecer estos hechos, que implican no solo la violación de nuestra soberanía y nuestras leyes, sino también la violación de las leyes estadounidenses“, agregó.
“Como informé hace unos días, en el Congreso de EEUU se inició una investigación para determinar si: “las leyes estadounidenses fueron violadas por ciudadanos y compañías estadounidenses y si algún elemento del gobierno de EEUU sabía lo que estaba sucediendo“, sumó.
El Congreso exigió información sobre todos y cada uno de los contratistas de seguridad privada que sostuvieron reuniones en los EEUU relacionadas con una posible incursión armada en Venezuela, y si la Administración Trump estaba al tanto de estas interacciones.
“Estas acciones realizadas por el Ministerio Público se desarrollan simultáneamente con otras que el Estado venezolano está tomando en la Corte Penal Internacional y en el Consejo de Seguridad de la ONU. Esto ante los graves hechos que se han develado tras la incursión fallida, los cuales vinculan a ciudadanos y autoridades colombianas, y estadounidenses en la organización y financiamiento de este ataque“, dijo.
Con respecto al avance de las investigaciones de la presunta incursión de mercenarios a Venezuela, indicó que se encuentran 66 implicados detenidos, 99 órdenes de aprehensión de las cuales 63 aun no se materializan y 11 audiencias de delación.
De la información obtenida a través de estas audiencias, se identificó que la Fundación Futuro Presente, se encargaba del financiamiento de la logística, alimentación y arrendamiento de los campos de entrenamiento para los mercenarios, por lo que se solicitó orden de aprehensión en contra de los miembros de esta fundación, entre los que destaca el ciudadano Yon Goicochea. Se han solicitado además 17 órdenes de allanamiento.
La carta dirigida a la presidenta de la Cámara de Representantes de los EE.UU, Nancy Pelosi:
Como Fiscal General, me dirijo a Ud. respetuosamente en cumplimiento de mis obligaciones de garantizar el respeto a los derechos constitucionales de la República Bolivariana de Venezuela.
Con el fin de manifestarle el interés de mi Oficina en la investigación y sus eventuales resultados, presentada por el representante Eliot Engel, como presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara el día 12 de mayo de 2020.
Políticos, exmilitares y contratistas con presuntos vínculos con el entorno más cercano al Presidente Donald Trump. Con la intención de aportar a su investigación presentamos, a continuación, formalmente un relato detallado de los hechos en cuestión.
Basado en las pruebas y los testimonios recabados de los involucrados en la incursión armada del pasado 3 de mayo y que, de comprobarse ciertos, contemplarían delitos gravísimos, tales como tráfico de armas y drogas, y terrorismo.
En tal sentido, hacemos de su conocimiento los hechos relacionados a la incursión armada en cuestión: La madrugada del pasado domingo 3 de mayo fue frustrado un intento de incursión armada de mercenarios en el litoral costero norte de Venezuela.
En la población de Macuto, en el estado La Guaira, a 30 kilómetros de la capital. En este lugar, las pesquisas condujeron al hallazgo de un lote de armamento de guerra.
Uno de los detenidos en esta operación confesó que en la operación había una segunda lancha, cargando alrededor de 47 a 50 presuntos mercenarios a bordo, que no llegó a La Guaira.
Sin embargo, al día siguiente ocho de esos tripulantes fueron capturados por el pueblo y las fuerzas de seguridad en la localidad de Chuao, en la costa del estado Aragua, también en la región central del país.
Entre los capturados del 4 de mayo están 2 estadounidenses, detenidos en flagrancia, cuyos nombre son, Luke Alexander Denman (34) y Airan Seth Berry (41), ambos exmiembros de las Fuerzas Especiales de EEUU.
Boinas verdes, quienes confesaron trabajar para a la empresa privada de seguridad estadounidense Silvercorp USA INC, domiciliada en la 4150 DW Road, Melbourne Florida 32-9-34, propiedad Jordan Goudreau, también ciudadano estadounidense, quien públicamente alegó haber sido contratado para llevar a cabo una operación Venezuela, la cual consideramos viola la soberanía venezolana.
Goudreau hizo mención pública acerca de un contrato para esta operación.
Presentó un video que dijo haber grabado con su teléfono, en el que se evidencia la participación del diputado Juan Guaidó y la de su asesor político, Sergio Vergara, en un diálogo, donde acuerdan los términos del plan para utilizar mercenarios en Venezuela. Asimismo, el propietario de Silvercorp USA se encargó de difundir lo que dijo ser un facsímil del contrato, en el que aparecen su propia firma, junto a la de Guaidó, Vergara, otro de sus asesores, Juan José Rendón, y el abogado Manuel Retureta.
Queda suficientemente explícito en el audio difundido por Goudreau sobre su conversación con Juan Guaidó y Sergio Vergara en la que claramente Guaidó le deja entender su intención de firmar en contrato, y le da plena representación a Vergara y J.J. Rendón para la firma de subsiguientes documentos.
Silvercorp USA, Inc.,en consonancia con los testimonios de los mercenarios confesos, es una empresa que prestó servicios para el presidente Donald Trump, como también lo evidencian fotos y videos de su cuenta Instagram. Asimismo, Jordan Goudreau, también exmiembro de las Fuerzas Especiales de EEUU, aparece sirviéndole en un acto político en Charlotte, Carolina del Norte, en octubre de 2018.
Airan Berry, veterano militar con actividades en Iraq y Afganistán en 2003, 2005 y 2007, confesó que su misión incluía la toma de instalaciones policiales. Además del Palacio de Miraflores, cede de la Presidencia, con el fin de neutralizar a sus objetivos: entre ellos el Presidente y su Gabinete Ejecutivo.
También sostuvo tener la responsabilidad de despejar pistas aéreas para el aterrizaje de aeronaves para la extracción del Presidente Nicolás Maduro hacia los EEUU.
Berery también validó el contrato con Silvercorp y confirmó recibir apoyo que el narcotraficante colombiano, Elkin Javier López Torres, llamado “Doble Rueda.
Quien prestó al grupo mercenario su finca de la Guajira colombiana, cercana a un campamento de la DEA, donde salieron las lanchas para la incursión en territorio venezolano.
“De acuerdo a la información recabada, el grupo mercenario fue entrenado en tres campamentos en la población de Riohacha, Colombia, bajo la dirección de Antonio José Sequea Torres, quien desertó de la Fuerza Armada venezolana y bajo la coordinación de al menos un exmilitar estadounidense por cada campamento. Un arsenal valorado en 500 mil dólares llegaría a los campamentos, pero fue incautado el 23 de marzo por la Policía de Tránsito de Colombia.
No nos cabe duda que las autoridades colombianas, bajo la mirada cómplice del presidente Iván Duque, estaban al tanto de estos eventos.
Venezuela ya había elevado públicamente su denunciael pasado 27 de septiembre de 2019, durante la 74 Reunión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, y presentó pruebas contundentes de la existencia de campos antes mencionados en Colombia.
Venezuela no recibió respuesta alguna que no fuera la continua agresión programada desde territorio colombiano.
En corroboración con lo que fue llevado a instancias internacionales, el 25 de marzo el gobierno venezolano denunció con pruebas extensas e inequívocas.
El contrato presuntamente firmado por Juan Guaidó contempla ataques, invasiones y el desmantelamiento del Estado venezolano, así como el asesinato del presidente legítimo.
Nicolás Maduro, junto con acciones contra la integridad de la República, su soberanía y el funcionamiento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Jordan Goudreau dijo públicamente que habría iniciado el trabajo para el que fue contratado hasta no tener la firma de Guaidó.
Que finalmente obtuvo, como lo evidencia la grabación de la conversación donde Goudreau, Vergara y Guaidó acordaron los términos y el diputado Guaidó se comprometió con firmar y cumplir el contrato.
Sin embargo, Goudreau denunció ante los medios que fue estafado y el 28 de abril el bufete de abogados de Silvercorp USA inició un procedimiento para demandar pago ante Guaidó, Vergara y Rendón.
El contrato consta de un anexo de 42 páginas y tiene una duración de 495 días. Está firmado por un monto de 212 millones 900 mil dólares, además de 55% de interés anual pudiéndose pagar con barriles de petróleo a futuro.
La empresa, a partir de la entrada en operaciones funcionaría como un ejército de ocupación con ingreso y salida del país sin pasaportes, y bajo total inmunidad para los mercenarios.
También establece a Juan Guaidó como Comandante en Jefe sin haber realizado elecciones ni consultas. Igualmente, establece las posiciones de Sergio Vergara.
Como supervisor general de proyecto; J.J. Rendón como jefe de estrategia y deja vacante el comandante en sitio a definir.
Dados que las pruebas recabadas constantemente mencionan vínculos entre el presidente Donald Trump y las fuerzas mercenarias, uno tiene que hacerse las siguientes preguntas.
¿Eliott Abrams, enviado especial de EE.UU para Venezuela, estaba en conocimiento de esta actividad criminal? Y de ser así, ¿qué acciones tomó el Departamento de Estado?
Y finalmente ,¿hubo conversaciones entre los presidentes Trump y Duque en relación a las operaciones de Silvercorp USA durante su reunión en Washington?
Es muy difícil no poner en duda su inocencia especialmente cuando sus declaraciones a la prensa y sus constantes publicaciones en redes sociales presagian y justifican eventos como los ocurridos.
Igualmente, surgen preguntas sobre la presencia de Jordana Goudreau, según el testimonio de Antonio José Sequea Torres, durante los días cuando también sostuvieron reuniones los presidentes Trump y Duque.
Y cuando el diputado Juan Guaidó y el prófugo de la justicia venezolana Iván Simonovis, también se encontraban en la ciudad.
Estimada Honorable Señora Presidenta, al menos en relación a nuestra historia republicana no existe un precedente para un contrato como éste, cuyo objeto es un acto inmoral e ilícito que atenta contra los derechos humanos más elementales y contradice todos los principios fundamentales de la democracia. Buscamos, como ustedes, respuestas a las preguntas.
¿El estamento jurídico de EEUU permite contratar servicios privados de seguridad con el fin puede ser desmembrar un Estado, la violación de la soberanía de otro país y el asesinato de un presidente legítimo y de las autoridades constituidas de una nación?
¿Es legítimo según leyes estadounidenses, contratar empresas para traficar armas que serán utilizadas contra poblaciones civiles y destinadas a perturbar la paz de un país?
¿Permite su constitución que los objetivos de su política exterior sean financiados con recursos del narcotráfico y el crimen organizado?
Suponemos que no. Por ello consideramos que las pruebas que mencionaremos a continuación, vinculando los eventos antes mencionados con organizaciones criminales oriundas de Colombia, son de su preocupación y más alto interés.
Llama poderosamente la atención la participación directa de al menos tres importantes narcotraficantes y un colaborador. Según los testimonios voluntarios de los mercenarios capturados.
La DEA no sólo estaba en conocimiento de la operación criminal sino además de la participación de estos conocidos delincuente.
Es el caso de Elkin Javier López Torres (alias “La Silla” o “Doble Rueda”), responsable del alojamiento y logística para el entrenamiento de mercenarios en Riohacha, Colombia para esta operación.
El conocido delincuente tiene Orden de captura de la DEA desde 2019 y fue solicitada su extradición. Ha sido capturado en dos ocasiones por tráfico de estupefacientes y homicidio.
Clíver Alcalá Cordones, quien se atribuye el mando del grupo mercenario, es yerno y socio del conocido narcotraficante Hermágoras Gonzáles Polanco, miembro del cartel de la Guajira. Alcalá Cordones fue capturado en Colombia y extraditado por la DEA según fuentes oficiales.
José Alberto Socorro Fernández, señalado por nuestros cuerpos de inteligencia como narcotraficante y de ser responsable de las bandas delincuenciales que participaron en la sedición. Fue el encargado de artillar camionetas civiles en Venezuela que respaldarían a los invasores y de proveer armas y logística a los mercenarios.
José Charaima Muguerza, apoyo logístico en Venezuela y reclutador de mercenarios; actualmente privado de libertad en la cárcel Puente Ayala (Anzoátegui- Venezuela), por el delito tráfico de drogas.
Honorable Señora Presidenta, toda la información suministrada en esta misiva constituye una parte del sumario y está ampliamente sustentada y certificada por las confesiones voluntarias de los protagonistas. Por las experticias científicas de nuestros organismos de seguridad e inteligencia, las denuncias formuladas por las autoridades de nuestro país, así como por las investigaciones publicadas por parte de periodistas independientes amén de las declaraciones dadas a la prensa por los mismos involucrados en los penosos hechos y que usted podrá encontrar en los anexos a la presente.
Apelando a los altos valores del mundo libre y al respeto supremo a la Constitución profesado históricamente por el pueblo de EEUU, ideales compartidos y practicados también por nuestro pueblo; no podemos sino esperar de ustedes una investigación exhaustiva, y transparente para ambas naciones, y además en firme coherencia con el derecho internacional.
Nuestra institución hará todo lo necesario para que se haga justicia conforme a nuestras leyes soberanas y se compromete en lo que sea menester para colaborar, como Poder Soberano, con cualquier institución norteamericana que busque la verdad.
Sin más y reiterando nuestra buena disposición. Se despide de Ud. Muy Atte. Tarek William Saab.
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