Indígenas y defensores de Derechos Humanos interpusieron medidas cautelares para velar por la vida de la nacionalidad waorani, amenazada por el COVID-19 en la región amazónica ecuatoriana, donde han constatado en total 73 contagiados de la enfermedad en comunidades ancestrales.
María Espinosa, defensora de Derechos Humanos, indicó este jueves en una rueda de prensa virtual que la medida se interpuso el miércoles en Quito en busca de una actuación integral y coordinada de parte del Estado con las nacionalidades indígenas para ofrecer atención en medio de la emergencia sanitaria.
En su opinión esa falta de coordinación ha impedido que se dé una respuesta oportuna y ahora el contagio se expande “de manera acelerada” sobre el territorio, lo que “genera graves riesgos sobre la nacionalidad waorani”.
INDÍGENAS CONTAGIADOS
El pasado sábado, los indígenas expresaron su preocupación tras la confirmación del primer caso de COVID-19 en una mujer waorani y exigieron la realización de pruebas en la comunidad así como mayor atención del Gobierno de Ecuador.
Oswaldo Nenquimo, vocero de Resistencia Waorani, aseguró entonces a Efe que la confirmación del caso se dio por una prueba PCR y otra rápida, y que la mujer, en estado de gestación, fue trasladada a un hospital del sur de la capital ecuatoriana.
Andrés Tapia, dirigente de los pueblos amazónicos, detalló en la rueda de prensa virtual que hasta el momento se han registrado 73 contagios en al menos cinco nacionalidades de la región amazónica: la quichua, achuar, siecopae, waorani y shuar.
Hay, además, varios casos con sospecha de la enfermedad, y “si bien el contagio sigue avanzando y es alarmante, también se han podido registrar algunos casos recuperados”, anotó al asegurar que han aplicado la medicina natural.
Según Tapia, “al menos hay ocho fallecidos: cinco confirmados por coronavirus (…) en la provincias de Napo y Pastaza, y al menos tres con sintomatología”, entre ellos un abuelo de la nacionalidad de waorani y dos de la nacionalidad siecopai.
Y mostró su preocupación porque varios cantones han decidido reabrir paulatinamente la actividad comercial en la Amazonía y cuestionó la falta de atención del Gobierno al subrayar que los indígenas tienen una triple vulnerabilidad: inundaciones (este año están siendo más fuertes), efectos de la extracción petrolera por los derrames de crudo y el coronavirus.
RIESGO DE PUEBLOS EN AISLAMIENTO VOLUNTARIO
Ana Vera, integrante de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, especificó que con la medida cautelar buscan velar por la vida, la salud y la integridad de los pueblos waorani y de aquellos en aislamiento voluntario: tagaeri y taromenane.
Además de los efectos del COVID-19, el ingreso de personas para realizar actividades extractivas “está poniendo en riesgo” a los pueblos cercanos en aislamiento voluntario, dijo al alertar de un escenario de “potencial peligro de etnocidio”.
Por eso pidió medidas “urgentes” para proteger a los pueblos en aislamiento voluntario, que tienen patrones de movilidad específicos, por lo que es indispensable garantizarles “que su zona esté libre de otros actores”.
También lamentó que el Gobierno haya permitido que continúen las actividades extractivas en medio de la emergencia sanitaria “aún cuando esto ponga en riesgo los derechos humanos y la supervivencia”.
Las medidas cautelares solicitadas implican “mecanismos efectivos de protección para prevenir la entrada de terceros actores dentro el territorio intangible de los pueblos tagaeri y taromenani”, y que el Estado se abstenga de “otorgar nuevas licencias para actividades extractivas” en ese territorio y áreas de amortiguación, explicó.
Ecuador registra más de 34.800 contagiados con COVID-19 y 2.888 muertos.
EFE