La lucha por el activo más valioso de Venezuela en el exterior, CITGO, una refinería filial de PDVSA con sede en Houston, continúa en las cortes estadounidenses.
Por: Alejandra Arredondo // VOA
El fin de semana, una serie de decisiones judiciales dieron la estocada final al intento del gobierno interino de Juan Guaidó por impedir en las cortes que Crystallex, una minera canadiense, en liquidar las acciones de CITGO para satisfacer una deuda de 1.400 millones de dólares.
El pasado viernes, un juez en Delaware autorizó la venta de las acciones de CITGO, después de que la Corte Suprema de Estados Unidos se negara a tomar la apelación presentada por el equipo legal del gobierno de Guaidó.
Sin embargo, para poder proceder con la venta de CITGO, Crystallex debe obtener una licencia del Departamento de Tesoro de EE.UU., el cual prohíbe que acreedores embarguen propiedad de Venezuela sin una autorización.
Crystallex ya presentó la solicitud y está a la espera de la respuesta del Tesoro estadounidense, según dijo el abogado de la compañía en una carta presentada por el abogado de la empresa ante el juez del Distrito de Delaware, Leonard Stark.
Lo que viene ahora en la corte, según escribió el juez en la orden que reactivó el caso —pendiente a lo que decidieran de las cortes en apelación— es decidir cómo se van a vender las acciones de PDV Holdings.
“Ninguna orden o regulación del poder ejecutivo prohíbe a este tribunal avanzar en la determinación de cómo se venderán las acciones”, escribió el juez Stark, replicando el argumento de los abogados de Crystallex.
El gobierno interino de Venezuela insistió el viernes en que “CITGO se mantiene protegida” gracias a un “acuerdo” con el Departamento de Tesoro.
Por su parte, el régimen de Nicolás Maduro también criticó la decisión del juez Stark y aseguró que EE.UU. junto con los enviados de Guaidó en el país buscan “confiscar los activos de PDVSA” en un acto de “piratería moderna”.