Al menos 26 personas fueron detenidas en los últimos dos meses, en general por difundir mensajes en internet críticos al gobierno o que cuestiona a autoridades públicas, sea en el contexto de las acciones por la pandemia o en general informaciones u opiniones vinculadas a altos/as funcionarios/as y su círculo cercano.
Por Espacio Público
Entre las obligaciones positivas de los Estados a fin de generar un entorno propicio para buscar, recibir e impartir ideas e información están: proteger de forma adecuada la privacidad y los datos personales; y asegurar que las leyes sobre difamación sean solo de índole civil y no penal 14.
Las prácticas vigentes en Venezuela son claramente contrarias a las obligaciones derivadas del derecho internacional de los derechos humanos. El gobierno venezolano usa los números telefónicos para identificar a las personas por los mensajes que emiten, de manera que la difusión de contenidos a través de las plataformas afiliadas a datos personales supone un potencial riesgo a partir de la amenaza de espacios que gravitan entre lo público y lo privado.
Asimismo el uso de figuras penales no solo se mantiene sino que se reinventa mediante la aplicación de instrumentos para judicializar el discurso crítico también en línea, ahora bajo los denominados delitos de odio, lejos de cumplir con el test tripartito de legalidad, proporcionalidad y necesidad que se exige ante toda iniciativa que busque regular la expresión.
La mayoría de las personas detenidas son ciudadanos/as que no se dedican profesionalmente a la comunicación, pero que usan las plataformas en línea para emitir opiniones, reportar hechos o compartir ideas; entre ellos docentes, abogados e ingenieros; estos suman el 52% (13). Le siguen periodistas/reporteros con seis casos, trabajadores de la salud con cuatro casos, trabajadores y ex trabajadores públicos (empresas básicas y del Estado) con tres detenciones.
Las privaciones ilegítimas de libertad por expresión en línea se han incrementado de forma progresiva en los últimos años a partir del uso masivo de las plataformas de internet como mecanismo de expresión e información. Frente a un ecosistema de medios reducido que abrió paso a la web como medio de intercambio informativo, también, y gracias a ese potencial, elevó los riesgos para la comunicación libre mediante el aumento de las restricciones y la represión.
Del total de personas detenidas por difusión en redes o plataformas en línea, con o sin proceso judicial, el 34% (9) corresponde a Whatsapp; cuatro fueron privadas de libertad por publicar en Facebook (15%); tres en Instagram y dos en Twitter; una por sitio web o otro sin identificar. Seis personas difundieron en varias plataformas de forma simultánea.
En el registro se suma un patrón emergente en estos dos meses de pandemia: la persecución por contenidos difundidos a través de WhatsApp, es decir, una plataforma de mensajería que no es de carácter público en sentido estricto. La publicación de estados con imágenes o mensajes críticos hacia autoridades, posibles prácticas de corrupción o la información que cuestiona versiones oficiales, han sido sido motivos de detención e inicio de procesos penales. Solo por difusión desde esta plataforma, al menos en seis casos se imputaron delitos “de odio”:
Darelis Corales fue detenida el 27 de marzo tras el allanamiento de su vivienda en Araure, estado Portuguesa por parte de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Esto ocurrió tras haberle enviado un mensaje de texto vía Whatsapp a Debora Menicucci, esposa de Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Corales fue presentada en tribunales por delitos de odio.
El 1ero de abril, Elio Mendoza, trabajador de la Planta de Pellas en la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), en el estado Bolívar, fue detenido por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Familiares denunciaron que Mendoza se encontraba en su día libre y recibió una llamada del gerente de planta para solicitarle apoyo con una guardia nocturna por una avería. En realidad el motivo de la llamada era falso y lo detuvieron por el reenvío de un mensaje en cadena a través de WhatsApp. El mensaje involucra al presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno. Le imputaron los delitos de incitación al odio y difamación al presidente del TSJ.
El 3 de abril, Tania Rodríguez, ex trabajadora de Sidor, fue privada de libertad por funcionarios de la Comisión Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) en su residencia en el estado Bolívar. La razón fue el reenvío de un mensaje por WhatsApp, Rodríguez consultó sobre la veracidad de la información que involucraba a Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro. Tania fue presentada en tribunales por el delito de “instigación al odio”, recibió medida privativa de libertad en arresto domiciliario.
El ginecólogo Luis Araya, médico adjunto del Hospital Pastor Oropeza Riera de Carora del estado Lara, fue detenido el 15 de abril, sin orden judicial, por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), en su consultorio privado, por publicar una crítica a un representante del gobierno de Nicolás Maduro en un estado de Whatsapp. Posteriormente, Araya fue liberado bajo medida cautelar de presentación cada 30 días, luego de ser presentado en tribunales de Carora, estado Lara. Se le imputó el delito de instigación al odio.
Darío Salcedo, sindicalista y trabajador de INSOPESCA, fue detenido el 5 de mayo tras realizar denuncias, a través de Twitter y Whatsapp contra las autoridades de dicha institución por incumplimiento de beneficios laborales. El 17 de abril, Salcedo publicó un mensaje en su cuenta Twitter citando un tuit publicado por otro usuario, en el que hizo mención crítica a Dante Rivas, actual ministro para la Pesca. Salcedo también envió un audio a través del servicio de mensajería Whastapp a Carmen Hinojosa, Directora de Recursos Humanos de INSOPESCA, rechazando el incremento del costo del paquete de alimentos ofrecido en la institución pública. De acuerdo a la organización Provea, funcionarios del CICPC allanaron sin orden judicial la vivienda de Salcedo en compañía del Fiscal Brayan Ayala, quien mostró una orden de aprehensión emitida por el Tribunal 35 de Control del Área Metropolitana de Caracas. El 24 de mayo, el Tribunal 35° de Control ratificó la privativa de libertad contra Darío Salcedo, justificó su decisión en el artículo 20 de la «ley contra el odio». Se ordenó la reclusión del trabajador en el «Centro de Procesados Judiciales 26 de Julio» en el estado Guárico, en el centro de país.
El 26 de mayo fue detenida Andreina Urdaneta, médico residente de Ginecología y Obstetricia del Hospital Adolfo D’Empaire del estado Zulia por la publicación de una imagen en contra de Nicolás Maduro en un estado de Whatsapp, a través de la cual denunció la falta de insumos médicos. El 27 de mayo fue presentada ante el Circuito Judicial Penal de Cabimas, donde se le dictó privación de libertad, por el presunto delito de incitación al odio.
La aplicación del derecho penal para condenar la crítica hacia funcionarios/as públicos constituye un abuso de poder al procurar proteger a las autoridades del cuestionamiento legítimo a través del manipulación de la institucionalidad. Esto pretende reducir la crítica en línea y fuera de ella, y monopolizar el discurso público con la versión oficial, mediante la inhibición de los diferentes actores que callan por temor a ser encarcelados o procesados penalmente.
Estos nuevos patrones de persecución por la expresión en línea, dirigidos a esquemas más privados respecto al acceso a datos personales que esto puede implicar, constituyen mecanismos de represalia orientados a la promoción de la autocensura, pero también revela el alcance de estas plataformas para la distribución de todo tipo de contenidos, incluida la información falsa. Esto da cuenta de la importancia de promover buenas prácticas tanto para la difusión y tratamiento de contenidos, como para fortalecer la protección y la seguridad en digital, a fin de reducir riesgos frente a terceros y al poder arbitrario.
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