Mientras las comunidades académicas, policiales y de investigación continúan conmocionadas tras la declaración de culpabilidad de un distinguido profesor de la Universidad de Miami por lavado de dinero, el ciudadano de Colombia que lo introdujo en el esquema criminal continúa libre. Un ejemplo de cómo el sistema de justicia estadounidense suele favorecer a las figuras más escurridizas.
Por Parker Asmann, Steven Dudley y César Molinares / es.insightcrime.org
Jorge Luís Hernández Villazón, alias “Boliche”, fue un narcotraficante que se abrió camino en el hampa hasta llegar a formar parte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el violento grupo de derechas que comenzó siendo un ejército paramilitar aliado del gobierno colombiano en la lucha contra las guerrillas de izquierda y más tarde se convirtió en una de las mayores organizaciones de narcotráfico en el mundo.
Hernández fue perseguido por sus compañeros de las AUC y luego por agentes estadounidenses; finalmente se convirtió en informante de Estados Unidos, y recientemente en el intermediario de una operación de lavado de dinero que involucra a Bruce Bagley, especialista en crimen organizado que ha escrito numerosos libros sobre el tema.
Durante una audiencia del 1 de junio, Bagley se declaró culpable de dos cargos de lavado de dinero. El profesor le dijo al juez que otro ciudadano colombiano, el empresario Álex Saab —que no fue identificado por su nombre en la acusación—, era quien transfería ingresos ilícitos de un esquema de corrupción venezolano a cuentas bancarias que el mismo Bagley controlaba. Saab fue arrestado el 12 de junio en la isla Sal de Cabo Verde, en el oeste de África.
Si bien el arresto de Saab ocupó los titulares debido al importante papel del empresario en la ayuda al corrupto régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, es Hernández quien ejercía como conexión entre Saab y Bagley. Sin embargo, Hernández permanece prófugo.
En la acusación a Bagley, Hernández es identificado como “Individuo 1”. En los tribunales, el académico admitió haber recibido una transferencia de dinero en enero de 2019 “proveniente de una cuenta bancaria en el extranjero” a nombre de Saab, quien es identificado como “individuo colombiano (‘Individuo 2’)”. Luego el profesor transfirió la mayor parte de ese dinero a Hernández con el fin de “camuflar una transferencia directa” entre Saab y Hernández. Bagley hizo lo mismo con otra transferencia en febrero de 2019, según la transcripción de la audiencia.
“Yo debí haber entendido que el dinero implicaba ganancias de actividad ilegal porque Jorge Luís Hernández me dijo que el dinero de Saab era de corrupción”, dijo Bagley ante la corte. Según fiscales estadounidenses, los dos depósitos suman en total US$474.000.
Bagley transfirió el 90 por ciento de este dinero a cuentas controladas por Hernández, con el fin de ocultar su procedencia ilícita, pero se quedó con una comisión del 10 por ciento, según sostiene la acusación en su contra. No está claro qué pasó con el dinero transferido a Hernández, o si hubo otras personas involucradas.
“El profesor Bagley admitió […] haber blanqueado dinero de extranjeros corruptos —ganancias provenientes del soborno y la corrupción, robadas a los ciudadanos de Venezuela—”, dijo el entonces fiscal Geoffrey Berman a principios de junio.
Bagley, quien fue arrestado en noviembre de 2019, será sentenciado el 1 de octubre de 2020, y podría enfrentar una pena de hasta 40 años de prisión. Es posible que su condena sea menor, debido a su cooperación. Su abogado defensor, Peter Quijano, no respondió a la solicitud de comentar hecha por InSight Crime.
Análisis de InSight Crime
El caso de Bagley causó conmoción en los círculos académicos, periodísticos y de los funcionarios gubernamentales que lo consultaban por su experiencia, como lo hacía InSight Crime. Como dijo el fiscal Berman, Bagley pasó “literalmente de escribir un libro sobre el narcotráfico y el crimen organizado, a cometer crímenes”.
Pero si bien el papel de Bagley en este esquema es cada vez más claro, el de Hernández apenas se está dilucidando.
Según se sabe, Hernández pasó sus años de formación en Valledupar, una animosa ciudad cerca de la frontera entre Colombia y Venezuela, famosa por su festival anual de la música que lleva el nombre de la ciudad, el vallenato. En la costa colombiana, Hernández trabajó con numerosos clanes de narcotráfico y contrabando. Concretamente, entre 1996 y 2000, trabajó junto con Víctor Manuel y Miguel Ángel Mejía Múnera —conocidos como los “Mellizos Mejía”— a través de un testaferro, llamado Iván Álvarez, alias “Pinocho”, como narra Verdad Abierta.
Los Mellizos Mejía se vincularon a las AUC. A finales de la década de los noventa, Hernández era supuestamente un importante operador financiero de los Mellizos, así como de Salvatore Mancuso y Carlos Castaño, quienes en ese entonces eran cabecillas de las AUC. Sin embargo, las AUC ordenaron el asesinato de Hernández después de que este supuestamente robó un cargamento de cocaína de Mancuso. Temiendo por su vida, Hernández huyó a la vecina Venezuela ayudado por un grupo criminal local.
Una vez allí, Hernández comenzó a negociar con las autoridades estadounidenses. En 2001, supuestamente comenzó a colaborar con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (Drug Enforcement Administration, DEA) y con fiscales estadounidenses. Entre los casos en los que cooperó con los fiscales se encuentra uno contra Mancuso y Castaño. En 2002, los dos líderes de las AUC fueron formalmente acusados por Estados Unidos.
Hernández no pagó pena de prisión, y al parecer fue deportado por un corto periodo debido a una disputa con quienes manejaban su caso. Aun así, regresó a Estados Unidos, y finalmente logró evadir la deportación gracias a la Convención contra la Tortura, una norma internacional que obliga a las cortes de inmigración estadounidenses a considerar si es probable que el solicitante sea torturado o asesinado por su propio gobierno en caso de que sea deportado.
Fue durante esos procedimientos cuando Bagley entró en escena: dio un testimonio oral durante la audiencia de Hernández, en el que confirmó que el colombiano podría ser torturado o asesinado en su país de origen. Como experto, no era extraño que Bagley participara en este tipo de casos y describiera ciertas circunstancias que podrían poner en riesgo a la persona que solicitaba asilo.
Hernández ganó su caso y se mantuvo en contacto con Bagley en los años siguientes. El académico continuó dando clases, publicando, ofreciendo conferencias y colaborando en casos jurídicos. Hernández, por su parte, ofrecía sus servicios a abogados en casos de narcotráfico, e incluso se presentaba como un “paralegal”.
Hernández no era un paralegal. No tenía experiencia jurídica ni licencia. Pero eso no le importaba, pues sabía que su valor añadido consistía en conectar a abogados con posibles clientes. También estableció relaciones con agentes antinarcóticos, y en algunos casos conectaba a abogados, clientes y agentes.
Hernández también ayudaba a organizar ofrecimientos, como se conoce a los documentos que describen lo que los traficantes pueden ofrecer a los funcionarios en sus casos. Los ofrecimientos allanan el terreno para los acuerdos de culpabilidad, las condenas y casos adicionales. El carrusel jurídico continuaba girando.
Hernández cobraba por estos servicios. Sus tarifas variaban, pero en general no superaban el 25 por ciento de la remuneración por los casos, como afirman varios abogados de Miami, el centro de operaciones de Hernández. Si los abogados están desesperados por encontrar casos, los honorarios de intermediarios como Hernández pueden ser incluso más altos.
Dado que pagar a quienes no sean abogados puede ser causa de inhabilidad en el ejercicio de la profesión, los abogados hacían pasar a intermediarios como Hernández por “contratistas independientes”, con el fin de pagarles un salario por horas o un sueldo. Los más inescrupulosos llegan incluso a sacar el porcentaje que le corresponde al intermediario, para pagarle en efectivo, como confirman varios abogados.
Estas comisiones no son insignificantes, especialmente cuando los narcotraficantes suelen pagar millones de dólares con el fin de negociar la manera de evadir una sentencia. Este negocio ha atraído a decenas de abogados colombianos, quienes buscan ingresar en el negocio y cobrar su parte.
El negocio puede volverse sucio. Intermediarios y abogados les compran sus potenciales clientes a abogados defensores estadounidenses, e incluso venden información de terceros a los criminales y sus representantes, de manera que puedan hacerlos pasar como si fueran propios y recibir beneficios judiciales.
“Es un encantador de serpientes”, dice una persona que trabajó recientemente con Hernández en Miami y que habló bajo condición de anonimato, pues afirma que Hernández es “peligroso”.
“Es un mercenario”, asegura.
Durante los últimos 20 años, Hernández continuó ayudando a la policía y a los fiscales estadounidenses, y trabajando con abogados defensores. A todos ellos les ofrecía los mismos servicios: intermediario con información de terceros para la venta. Los abogados tienen clientes; la policía tiene testigos cooperantes, casos e incautaciones; los narcotraficantes tienen acceso a “abogados flexibles” que fácilmente pueden convertir la información en un acuerdo de culpabilidad beneficioso una vez que su cliente “cede”, como se dice en el lenguaje jurídico.
“Todo eso genera corrupción”, dice Bonnie Klapper, exfiscal estadounidense del Distrito Este de Nueva York, que ahora ejerce de manera privada. “Y uno se pregunta: ¿por qué el Gobierno no hace nada para detener esto? Puede ser porque a los agentes les gustan los resultados. A muchos no les importa realmente de dónde proviene la información, siempre y cuando les ayude a hacer una incautación o un arresto”.
En algún momento a mediados de la década de 2010, Hernández se conectó con Álex Saab a través de sus redes en la costa colombiana. Saab, que también es de la costa Caribe, había trabajado durante mucho tiempo en Colombia como empresario y contrabandista. También se le acusa de tener un papel importante en la obtención de flujos financieros ilícitos para Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, mediante la venta de oro y otros mecanismos, lo que lo ha convertido en un objetivo de los organismos de seguridad estadounidenses.
Hernández volvió a presentarse ante Saab como un intermediario que podría organizar su entrega a las autoridades estadounidenses y posiblemente conseguirle una pena más indulgente. Ambos comenzaron a trabajar con varios abogados estadounidenses con el fin de conseguir un acuerdo. Hernández comenzó a recibir grandes pagos por este servicio, lo cual se supone llamó la atención de las autoridades estadounidenses, que no tardaron en actuar.
Hernández se convirtió en un testigo cooperante en este caso, una vez más para salvarse a sí mismo. Esta vez, quienes manejaban el caso eran del Buró Federal de Investigaciones (Federal Bureau of Investigation, FBI), no de la DEA. Tenían varios objetivos: Saab, abogados defensores y, por supuesto, Bagley.
Lo más seguro es que en 2016 Hernández conectó a Saab y Bagley, como se desprende de un informe de Associated Press. Estos dos últimos comenzaron a relacionarse. AP señala que Saab empleó los servicios de consultoría de Bagley para que lo asesorara en varias inversiones y para obtener una visa de estudiante para su hijo.
Pero lo que realmente estaba en juego era la entrega de Saab a las autoridades estadounidenses. Con ese objetivo, al año siguiente Saab comenzó a hacer depósitos de cientos de miles de dólares en las cuentas de Bagley, que luego fueron transferidos a las cuentas de “Individuo 1”, es decir, de Hernández.
No está claro para qué pensaba Bagley que eran los pagos, pero algunas fuentes le dijeron a InSight Crime que al parecer él creía que eran para los servicios legales que Hernández les estaba ofreciendo o consiguiendo. Esto coincide con el papel que Hernández había desempeñado durante mucho tiempo en otros casos.
La justificación que Hernández pudo haber dado a Bagley para mover el dinero a través de sus cuentas es más difícil de discernir. Pero la versión de numerosos abogados defensores consultados para este informe —que coincide con la que presentó una noticia de Univisión— es que Saab no quería que el dinero fuera directamente a un intermediario o un abogado conocido, por temor a que el gobierno venezolano se enterara de que posiblemente estaba negociando su entrega a las autoridades estadounidenses.
Esta versión también permitiría explicar por qué Bagley, a pesar de que una de sus cuentas empresariales fue cerrada en octubre de 2018 por actividad sospechosa, abrió otra cuenta para seguir recibiendo dineros de Saab.
Alrededor de un año más tarde, en noviembre de 2019, Bagley fue arrestado en Miami. Siete meses después, Saab fue arrestado en Cabo Verde. Se desconoce el paradero de Hernández. Ha sido imposible dar con él, pero los fiscales le dijeron a Associated Press que está “trabajando bajo la dirección de las autoridades”.