La Unión Europea (UE) no recibió una “notificación formal” sobre la expulsión de su embajadora en Caracas, a la que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dio el lunes 72 horas para abandonar el país, indicó este jueves un vocero europeo.
El portavoz de la diplomacia europea, Peter Stano, indicó en rueda de prensa que la jefa de la misión de la UE en Caracas, Isabel Brilhante Pedrosa, continúa en el país porque “todavía no [recibió] una notificación formal” de la expulsión.
Maduro dio el lunes 72 horas a la diplomática portuguesa para que abandonara el país, en respuesta a nuevas sanciones europeas contra 11 venezolanos por acciones contra la oposición liderada por Juan Guaidó.
El martes, una fuente del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), explicó a la AFP que el canciller venezolano Jorge Arreaza habría simplemente llamado por teléfono a la embajadora en Caracas desde 2017 para comentarle la decisión.
“Esperamos encontrar una solución a través de los canales diplomáticos”, agregó Stano, dos días después que la UE llamara a Caracas a reconsiderar su decisión, advirtiendo a Maduro del “aislamiento internacional” que se produciría.
El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, indicó también el martes que ese mismo día convocarían a la embajadora de Venezuela ante la UE, Claudia Salerno, si bien por el momento se desconoce si la convocatoria y la reunión tuvo lugar.
Sobre una eventual respuesta del bloque a la expulsión de Isabel Brilhante Pedrosa, el vocero comunitario aseguró que “reaccionarán con las medidas apropiadas”, pero cuando llegue una “notificación formal”.
La competencia de una eventual expulsión del país depende no obstante de Bélgica, país huésped de Salerno, ya que la UE no puede expulsar físicamente de un territorio a un embajador, explicó días atrás la diplomacia europea.
Las nuevas sanciones de la UE elevan a 36 el número de venezolanos a los que prohíbe viajar al bloque y congela sus activos por socavar la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos en este país sumido en plena crisis política.
Venezuela se convirtió en 2017 en el primer país latinoamericano sancionado por la UE, que impuso también un embargo de AFP