Transparencia Electoral realizó un pronunciamiento sobre la convocatoria a elecciones legislativas en Venezuela para el 6 de diciembre convocadas por el régimen de Nicolás Maduro.
Antes de la pandemia, la Asamblea Nacional de Venezuela, único poder legítimo (recordemos que las elecciones de 2018 fueron desconocidas por más de 50 países), había establecido el Comité de Postulaciones, instancia a la que le correspondía el nombramiento de las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral.
Por ende, para el organismo es importante tener clara 10 condiciones que ellos proponen para avanzar en la búsqueda de un panorama democrático en el país y así evitar conflictos.
Aquí todo el texto:
El regimen de Maduro, en el contexto de la pandemia de COVID-19, ha desestimado las vías correspondientes para este fin, y ha acudido a un Tribunal Supremo de Justicia servil, que mediante el argumento de “omisión legislativa” ha nombrado un nuevo directorio del ente electoral, usurpando las funciones del Poder Legislativo.
No contento con esto, también se han intervenido judicialmente a los partidos políticos Acción Democrática y Primero Justicia, nombrando en sus directivas a personas leales a la estrategia del gobierno de Maduro y dando la estocada final a un sistema de partidos que ya agonizaba luego de que se ilegalizara la plataforma electoral de la Mesa de la Unidad (MUD), la coalición más votada de la historia del país (2015).
Por último, el día 30 de junio el Consejo Nacional Electoral nombrado por el Tribunal Supremo de Justicia ha aumentado el número de cargos a elegir, de 167 a 277 (violación a la Constitución ya que modifica los cálculos de base poblacional claramente establecidos en el Art. 186), y ha aumentado el porcentaje de cargos que se eligen por lista. Se ha incorporación una lista nacional (desconociendo al sistema federal de gobierno que establece la Constitución), además de los cargos a elegirse nominalmente y por listas regionales. Con estas modificaciones, se espera que los partidos intervenidos, además de los que sirven de satélite del PSUV, tengan opciones de acceder a cargos en el Parlamento, algo que hubiera sido muy difícil de lograr con el sistema mayoritario que el PSUV aprobó en 2009 para gozar de sobrerepresentación.
Para realizar estos cambios, el Poder Electoral ha usurpado las competencias de la Asamblea Nacional, ya que cualquier cambio al sistema electoral debe ser aprobado por la mayoría calificada del ente legislativo.
Según el Informe de la Comisión Global sobre Elecciones, Democracia y Seguridad (2012), para que una elección sea considerada democrática, es necesario:
Construir un Estado de derecho que afiance los derechos humanos y la justicia electoral.
Crear organismos electorales (OE) profesionales y competentes, que puedan actuar con total independencia en la gestión de procesos electorales transparentes y se ganen la confianza de la población.
Crear instituciones y normas para la competencia multipartidaria, así como un sistema de división del poder que fortalezca la democracia y ofrezca seguridad recíproca a los contrincantes políticos.
Eliminar las barreras jurídicas, administrativas, políticas, económicas y sociales que dificultan la participación política universal e igualitaria
Regular el financiamiento político incontrolado, oculto e indebido.
En las condiciones actuales, Venezuela está muy lejos de esto. Ya no hablamos de falta de profesionalidad e imparcialidad de las autoridades electorales, sino que las mismas han sido nombradas por procedimientos que desconocen a la Asamblea Nacional, órgano encargado de tal labor. A esto se suma el gerrymandering y malapportionment, la manipulación de las proyecciones poblacionales, la ilegalización de partidos, la inhabilitación de los candidatos de la oposición, el uso indiscriminado de los recursos del Estado para favorecer sus candidaturas; y cuando todas estas medidas no funcionaron y a pesar de ellas la oposición consiguió dos terceras partes de la Asamblea Nacional en 2015; desconocieron la voluntad popular.
Es por ello que desde Transparencia Electoral hemos propuesto 10 condiciones que son necesarias, pero no suficientes, para garantizar condiciones de transparencia e integridad en las elecciones:
Elegir nuevas autoridades electorales acorde con lo dispuesto en la Constitución y Leyes Electorales.
Facilitar la inscripción y actualización en el Registro Electoral dentro y fuera de Venezuela.
Garantizar y facilitar el ejercicio del voto a los venezolanos en el exterior.
Habilitar a los partidos políticos que fueron ilegalizados por el CNE y el TSJ y garantizar su participación en igualdad de condiciones
Restablecer los derechos políticos a todos los ciudadanos ilegalmente inhabilitados.
Garantizar que el voto sea ejercido libremente, sin coacción e intimidación.
Restablecer el número de centros y mesas electorales que se habilitaron para la Elección de la Asamblea Nacional de 2015
Seleccionar oportunamente a los Miembros de Mesas y Juntas Electorales, asegurando que sean independientes, acorde con lo previsto en las leyes electorales.
Asegurar la realización de todas las auditorías al sistema de votación automatizado aplicadas en la elección de la Asamblea Nacional de 2015, con el fin de garantizar la correcta contabilización y el secreto del voto.
Garantizar las condiciones para la Observación Electoral nacional e internacional calificada en todas las fases del ciclo electoral.
Estas medidas, como aseguramos más arriba, no son suficiente, pero sí son imprescindibles para poder avanzar hacia un proceso electoral con garantías.
NP.