Al menos una vez por semana Edwin López recibe una llamada: hay un cadáver nuevo para ir a buscar. Hay semanas en las que hay hasta tres llamadas, otras en que una sola avisa de ocho cuerpos. Con las manos atadas, con las caras destrozadas por disparos de fusil, con manchas de sangre en la ropa ahí donde la bala impactó, cubiertos solamente de la ropa que llevaban, a menudo una de las pocas cosas con las que salen de su país. A veces pasan horas tirados sobre la tierra arenosa, que el sol casi nunca calienta a menos de 27 grados, antes de que alguien se cruce con ellos. Pasan más horas antes de que alguien los levante: la policía, los vecinos o Edwin López.
Por
Los matan en el cruce de un país a otro. Así encuentran la muerte: recién salidos y sin haber llegado.
La escena tiene lugar una y otra vez en la frontera de Cúcuta, la más dinámica de las que conectan a Colombia con Venezuela, y que cubre 117 de los más de 2.000 kms de tierra que ambos países comparten. Los cuerpos aparecen en las trochas, los caminos no oficiales de la frontera donde la responsabilidad de quién se encarga de ellos se vuelve difusa.
A menudo es Edwin López quien termina asumiendo esa responsabilidad. Él es una de las personas que primero se entera cuando aparece un cadáver. Es un cucuteño de 34 años, dueño de su propia funeraria, la funeraria San Martín. Lleva 20 años recogiendo cuerpos en Cúcuta y en la frontera. Hoy es una de las personas en la capital de Norte de Santander que recoge los cadáveres en las trochas, la mayoría de venezolanos. Va a recogerlos porque lo llaman, no porque le paguen: su labor casi nunca es remunerada.
“Uno va, primero, por hacer el acto humanitario. Segundo, detrás de localizar a la familia y poder venderles el servicio funerario. La mayoría de veces se pierde la ida, pero uno cumple con el deber humano de recoger esos cuerpos”, dice López, un hombre grueso de cara amable, voz apagada y corto de palabras. Con cada ida está la esperanza de que el cuerpo resulte en un servicio funerario por el que pueda cobrar unos 500.000 pesos (unos 134 dólares) —las funerarias grandes, dice, cobran cerca de un millón de pesos—. Pero eso casi nunca pasa. Aún así, López sigue yendo.
“Son personas que pasan por lugares irregulares, ingresan a trochas, cometen algún error y los grupos al margen de la ley los sicarean, los matan. Eso está pasando desde que cerraron la frontera, pero se ha agudizado del 2018 para acá por la guerra entre bandas”, dice. No es la primera vez que pasa, López también habla de “la época de la matanza del 2000”, entonces ya era funerario y recogía los cuerpos que fueron apareciendo con la llegada de los paramilitares.
La frontera en Cúcuta es donde se hacen más patentes los ritmos y vicisitudes de la migración entre Colombia y Venezuela. Desde la década de los 50 eran los colombianos quienes cruzaban huyendo del conflicto en su país y buscando mejores oportunidades. A partir de los 80 empezaron a cruzar los venezolanos.
“Para nosotros ha habido tres olas de migrantes”, dice Wilfredo Cañizares, miembro de la Fundación Progresar, una organización que hace 29 años trabaja en la protección de derechos humanos en Norte de Santander y en la frontera. “Una primera ola de venezolanos adinerados que ahora viven en sectores acaudalados de Bogotá. Una segunda ola de venezolanos de clase media, gente que vendió la casa, el carro y se vino. Y una tercera que se estabilizó a principios de este año de venezolanos y colombo-venezolanos que no tienen nada: ni estudios ni casa ni empleo, que estaban dedicados a actividades informales o al contrabando, que allá llaman el bachaqueo”.
Los cuerpos de esa tercera ola de migrantes venezolanos que cruzan sin nada son los que recoge Edwin López. Los que llegan con cada corriente migratoria que en los últimos cuatro años ha aumentado con la creciente precarización de la vida en Venezuela: la hiperinflación, el poco acceso a la salud, la falta de oportunidades laborales, la escasez de comida y alimentos.
Hoy son cuatro millones de venezolanos los que han salido de su país, la mayoría de ellos, el 45 %, están en Colombia. En septiembre de 2019 Migración Colombia calculaba que unos 4.500 venezolanos entraban diariamente a Colombia. De esos, entre 1.500 y 2.000 se quedaban. Actualmente la ACNUR considera que los venezolanos son una de las poblaciones desplazadas más grandes del mundo.
Las trochas, que en esa historia de migraciones y relaciones fronterizas han sido siempre parte del paisaje, cobraron protagonismo en 2015, cuando la que venía siendo una convulsa relación entre los dos países terminó en el cierre definitivo de la frontera. Entonces, con la crisis diplomática instalada en los pasos oficiales, cada vez más venezolanos empezaron a cruzar por las trochas. El gobierno colombiano implementó medidas de emergencia como el Permiso Especial de Permanencia (PEP), a Colombia llegaron fondos y organizaciones internacionales, pero el flujo por las trochas no paró. Y entonces el flujo se volvió mortal.
Una docena de grupos armados controlan gran parte de las trochas entre Venezuela y Cúcuta, un control que les ha permitido establecer rutas de narcotráfico, beneficiarse del mercado irregular de cosas que van y vienen, cobrar “vacunas” a los migrantes que pasan, hacer secuestros “exprés” y reclutar a venezolanos que aceptan dinero a cambio de ser parte de la organización. Unos son asesinados cuando no pagan, los otros en combate. Muchas veces son asesinados en Venezuela y sus cuerpos arrastrados a territorio colombiano para que alguien los recoja. Varios pasan horas en el suelo antes de que la policía llegue, cuando llega.
Luego los recoge Edwin López.
Cada vez que sale a su encuentro, Edwin López empaca tres cosas: bolsas de rescate, cinta y cuerdas. Las bolsas son para envolver los cuerpos, la cinta para rotularlos —marcar la bolsa con cualquier dato que tengan— y las cuerdas para amarrarlos y alcanzarlos cuando los cuerpos aparecen en el río o en un precipicio. En cada levantamiento lo ayuda otra persona que le cobra entre 20.000 y 100.000 pesos (entre 5 y 27 dólares) dependiendo del lugar. Con él se va en una carroza fúnebre, toman fotos y hacen una localización por GPS que anotan en la cinta que marca el cuerpo. Luego lo montan a la carroza, lo llevan a Cúcuta y se lo entregan a Medicina Legal. En la mayoría de casos López no vuelve a saber de los cuerpos.
El caso que más recuerda es el de una mujer que apareció asesinada después de haber estado un mes secuestrada. Tiene una foto de cuando la encontró: tendida boca abajo, el pantalón negro, la camisa roja enrollada, el torso semidesnudo, unas botas de caucho, el pelo negro largo sobre la tierra. “A ella la encontraron en marzo”, dice. “La familia tenía la esperanza de recibirla viva, no como la recogimos”.
También recuerda a dos hombres jóvenes, los cuerpos que más le costó levantar. Estaban a 10 minutos del camino en una pendiente de unos 40 metros de inclinación. Tuvo que usar una polea eléctrica para levantarlos.
El número de cadáveres que recoge al mes varía según los ritmos de la violencia entre los grupos armados. En abril, dice, recogió 11. Otros meses la violencia recrudece y caen más. “En febrero hubo una masacre, se recogieron unos 20 muertos. Uno o dos por día. Una vez mataron a ocho al mismo tiempo, no se sabe por qué. Uno lo único que hace es llegar, recogerlo y llevarlo al lugar de inspección del cadáver”, cuenta. “A mí me llama directamente la Fiscalía colombiana o la Policía para que recoja el cuerpo porque ellos no pueden ir hasta ese lugar”.
A veces se argumenta que la razón por la que la Policía no hace el levantamiento es porque el cuerpo se encuentra en territorio venezolano, donde las autoridades colombianas no tienen jurisdicción. Entonces llaman a la funeraria, una entidad inmune a la frontera. Pero a menudo la razón parece ser la contundencia del control territorial de los grupos armados.
Hasta octubre pasado, Edwin López financiaba su trabajo con el apoyo de fundaciones que le pagaban por los servicios funerarios de los venezolanos fallecidos en Colombia. Pero los fondos dejaron de llegar. “Teníamos un rubro de la Fundación San José, una fundación de acá que ya no existe. Cuando nos daban recursos manejábamos unos nueve fallecidos al día, les dábamos un cofre digno, preparábamos el cuerpo y solucionábamos el destino final, el hueco. Dejar que el familiar llorara a su muerto. Pero luego unas funerarias empezaron a cobrar más, un millón o dos millones de pesos. Yo cobraba 500.000 o 400.000 pesos (unos 130 dólares) para que alcanzara para más cuerpos. Pero todo se vuelve un negocio y por eso dejaron de dar fondos”.
Dice que por el retiro de esos fondos ahora las familias venezolanas la pasan peor para enterrar a sus muertos. Porque hasta para morirse dignamente hay que tener plata.
Wilfredo Cañizares, de la Fundación Progresar, califica esa situación como otro acto de violación a los derechos de los migrantes. Muchos familiares, dice, duermen frente a Medicina Legal esperando el cuerpo de su ser querido. Por leyes sanitarias la familia no puede manejar el cuerpo, tiene que interceder una funeraria o una entidad estatal. Y si no hay dinero para la funeraria, no hay cuerpo ni sepelio.
“Los familiares vienen desesperados y tienen que esperar hasta tres días, no tienen dónde quedarse, no tienen para el bus ni para una bolsa de agua”, dice Cañizares. Para él son problemas institucionales históricos en Colombia que se acentúan frente a la crisis migratoria. Edwin López dice que cuando las familias no tienen recursos, Medicina Legal se encarga del entierro, un proceso técnico llamado “inhumación” que no es más que sepultar el cuerpo en una bolsa en el cementerio municipal, el mismo procedimiento de los cuerpos que nadie reclama. Hasta la publicación de esta nota fue imposible obtener una respuesta de Medicina Legal.
Zair Mundaray, consultor jurídico de la Embajada en Colombia del gobierno interino venezolano —los representantes de la oposición al gobierno de Nicolás Maduro—, asegura que las ciudades y municipios colombianos cuentan con un rubro, usualmente de las Secretarías de Gobierno, para cubrir los entierros de ciudadanos venezolanos. “La alcaldía de Bogotá tiene un programa que subsidia hasta el 90% y nos ha apoyado en casos de ciudadanos venezolanos. Funciona igual para colombianos, para cualquier persona siempre que se determine que la familia no tiene recursos”, explica, y agrega que varias ciudades en el país cuentan con programas similares.
En Cúcuta, el Departamento de Bienestar Social tiene uno de esos programas de subsidio. Con él cubren los gastos funerarios de familias colombianas afiliadas al Sisbén —el sistema de seguridad social para personas de bajos recursos— de estrato uno y dos. El programa también cubre a cuerpos no identificados. “¿Cómo sabe uno si un N.N. es colombiano o migrante venezolano? Es probable que hayamos apoyado entierros de migrantes entre esos cuerpos no identificados”, dice Fabián Rincón, funcionario del Departamento.
Pero asegura que si el migrante venezolano es identificado ya no aplica el subsidio, pues la atención a migrantes no está contemplada dentro de las cláusulas del contrato entre el Departamento y la funeraria Los Olivos, la entidad contratada para prestar el servicio. Asegura que de cualquier forma el tema siempre se soluciona: las familias migrantes siempre pueden enterrar a sus muertos. “De haberse presentado (un muerto sin enterrar) seguramente ya nosotros tendríamos que haber hecho algo para prestar la atención. Pero creo que lo tienen cubierto por Secretaría de Gobierno o puede estar cubierto por organizaciones internacionales”, asegura. Hasta la publicación de esta nota no fue posible comunicarse con la Secretaría de Gobierno de Cúcuta.
Edwin López no es el único colombiano que se ha encargado casi a título personal de los muertos venezolanos. Sonia Bermúdez, una guajira de 64 años, también lo ha hecho en Riohacha. En sus seis hectáreas de tierra ha construido su propio cementerio para sepultar a los que nadie reclama y a los venezolanos cuyas familias no pueden pagar una funeraria. Hoy recibe dinero de la alcaldía y pone de sus propios recursos para cubrir los gastos. También recibió dinero de la ACNUR, el organismo de la ONU encargado de proteger a refugiados y desplazados, pero fue un apoyo excepcional que, según fuentes de la ACNUR, se interrumpió por tratarse de una responsabilidad que corresponde a las autoridades colombianas.
Además de enterrarlos, Sonia Bermúdez también ha ayudado a pasar cuerpos por la frontera a las familias que buscan llevarse su muerto a Venezuela. “Para eso lo único que se necesita es que haya otra funeraria del otro lado que reciba el cuerpo. Pero eso cuesta, son pocos los que lo hacen, entonces yo los ayudo a sepultarlos aquí”.
Lejos de los ojos de las autoridades, también son varios los que se llevan los cuerpos de sus familiares a cuestas, de vuelta a Venezuela.
“Eso no es nuevo”, dice Zair Mundaray, de la Embajada venezolana. “Yo fui fiscal 20 años en Venezuela y nos llegaban casos de muerte violenta que habían ocurrido en Colombia. Eso era cuando Venezuela tenía mejores condiciones económicas, entonces la gente contrataba una funeraria o si no agarraban su cuerpo y se lo llevaban”.
También pasa en Cúcuta. Familias que se llevan sus muertos al hombro. Venezolanos que pasan por las trochas con cajones de madera o bolsas que envuelven los cuerpos.
Wilfredo Cañizares dice que esas prácticas históricas se han agudizado y hasta cierto punto hecho más visibles con la migración venezolana, pero siempre han estado. “Hay casos en que las funerarias les quitan el cajón en la frontera si no llegan con la plata. Les toca sacar el muerto y llevárselo envuelto”, asegura. “No creo que llevarse el muerto sea ilegal porque si lo tienen es porque Medicina Legal se los entregó. La cuestión es lo inhumano y la violación de los derechos de una familia de recibir en condiciones dignas a un ser querido asesinado. Colombia tiene compromisos internacionales y deberes con la población migrante. El problema de fondo es que el Gobierno colombiano ha vendido una falsa versión de la migración, que el culpable de todas nuestras desgracias es Venezuela. Ese argumento es falso y nos hace un daño enorme porque le permite al gobierno seguir en la narrativa de que aquí no hay nada que hacer porque la culpa es de otro país. Les importa un carajo”.
En medio de esa institucionalidad que no llega, de las responsabilidades que no se asumen y del dinero que nunca es suficiente, Sonia Bermúdez y Edwin López siguen atendiendo a los cuerpos como pueden. Lo hacen por la cercanía que sienten con los muertos y porque si no lo hacen ellos, entonces quién.
“Yo tengo una conexión directa con los muertos”, dice Sonia Bermúdez, tanatóloga forense y pensionada de Medicina Legal. “A los 13 años hice mi primera necropsia. Mi papá fue el primer celador del primer cementerio de Riohacha. Trabajé 39 años en Medicina Legal. Son muchas cosas que me ligan a mis muertos”.
La historia de Edwin López es similar. “Yo empecé en esto a los 12 años, cuando un familiar murió y me hice amigo del dueño de la funeraria. Empecé a ayudarlo limpiando corotos. Si uno le tiene amor al trabajo esto no es pesado. Y mi trabajo es mi todo. Si uno ama lo que hace no tiene por qué sentirse agobiado porque cada uno tiene su vocación. Mi vocación es lidiar con los muertos”.
Pero hay preocupaciones: Edwin López se preocupa por el trabajo con el que no se queda y el que no le pagan. Sonia también se preocupa por lo que pasará después. Dice que cuando la crisis en Venezuela termine, habrá venezolanos que retornen y quieran llevarse a sus muertos con ellos. “Mi cementerio es organizadito y todos tienen en su plaquita abajo escrito “Venezuela”. Pero, ¿y los otros? Yo creo que eso va a ser un problema”.
Zair Mundaray piensa distinto, dice que cuando los vivos se devuelven, los muertos se quedan: “Lo que te puedo decir de la experiencia venezolana es que eso no ocurrió cuando los colombianos retornaron. Yo nunca vi masivas solicitudes de repatriación de cuerpos. Los cuerpos quedaron enterrados en Venezuela y creo que serán muy pocos los venezolanos que busquen repatriar los cuerpos”.
Los muertos se quedan en la tierra que los sepultó.