En una operación financiera lesiva al patrimonio de la República, el régimen de Nicolás Maduro proyecta liquidar los activos de la Corporación Venezolana Agraria del Azúcar (C.V.A) -que está quebrada-, entregándolos a precio de gallina flaca a testaferros de altos funcionarios chavistas y empresas relacionadas para que asuman los restos de lo que fue una poderosa industria azucarera en Venezuela, así lo denunció el diputado a la Asamblea Nacional (AN) por el estado Lara, Guillermo Palacios.
“Tenemos información que entre los centrales a entregar se encuentra el Central Azucarero Cazta (Central Azucarero del Táchira), el cual pasaría a manos de unas personas allegadas a Iris Valera; el Central Santa Elena del Guárico le sería adjudicado a empresas relacionadas con la Gobernación del Estado; y el Central Pio Tamayo de El Tocuyo sería entregado a un consorcio liderado presuntamente por una empresa denominada Vialca, siendo la misma del área de la construcción del Estado Guárico, lo cual desde ya no garantiza su recuperación de ser así como lo proyecta el régimen”, detalló.
Consideró que estos resultados gerenciales fracasados y corruptos se venían advirtiendo, incluso por informes oficiales y de la ONG Transparencia Venezuela, en donde se señalaban las irregularidades que denunciaban los propios trabajadores y productores de la caña, quienes se sentían seriamente perjudicados por estos graves hechos de corrupción que fueron liquidando tanto a la Corporación Venezolana Agraria del Azúcar como a los centrales afiliados, los cuales actualmente no están produciendo sino pérdidas, porque la caña ha entrado a ser un rubro, como casi toda la agricultura, en proceso de extinción en Venezuela.
“Es así como hoy vemos que el pueblo es quien está corriendo con las consecuencias de una política importadora que asfixia las economías de la gente que no tiene poder adquisitivo para adquirir los productos de la cesta básica, entre estos el azúcar, por los altos precios que la hiperinflación está imponiendo por las fracasadas políticas económicas del régimen. Pero además esto conspira contra los derechos de los trabajadores que en plena pandemia van a ser despedidos con la consecuente pérdida de beneficios laborales”, agregó.
“Por esto creemos que se impone realizar una investigación para precisar los alcances de esta operación y los procedimientos utilizados para la adjudicación y venta de estos importantes activos de la República que sin lugar a dudas, de ser como lo han planteado, es otro hecho de corrupción sumamente grave y el cual plantearemos próximamente en la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional”, finalizó.
Nota de prensa