Desde el homicidio hasta el sepelio del fiscal Danilo Anderson transcurrieron cerca de 42 horas, en ese lapso posicionaron en la opinión pública la etiqueta del caso, por ende, los sindicados del asesinato eran “¡terroristas!”, que, suponiéndose “mercenarios entrenados en los Estados Unidos” y tomando como referencia el rigor aplicado por las autoridades de esa nación a los extremistas, serían “combatidos hasta la muerte para evitar que perturbaran la paz lograda con el referéndum y elecciones regionales de ese año”.
Blandiendo la “acción terrorista”, endosada a la “ultra derecha”, crearon un clima de temor con la excusa de mantener la paz, fijando la prevalencia del Poder Ejecutivo sobre los demás poderes públicos, proceder vinculado al debilitamiento de la democracia en Venezuela que comenzó con el control discursivo y la implementación de estrategias emocionales conmovedoras, al estilo del dolor de Isaías Rodríguez o el lamento de la única hermana de padre y madre de Danilo, Lourdes, que se valió del lagrimeo y de enunciados aseverativos, “fueron los Guevara”, para ascender de jerarquía en la jungla judicial.
Para justificar, desde el punto de vista jurídico, las actuaciones gubernamentales, judiciales y parlamentarias iniciadas, tres días después de la muerte del “fiscal incómodo”, el 22 de noviembre, se creó “una jurisdicción especial antiterrorista”, integrada a un “plan conjunto para atacar el terrorismo”, puesto en marcha por representantes de todos los poderes públicos incitados por la “orden de eliminar físicamente a los incriminados”, todo ello sin existir fundamento legal en la legislación venezolana que justificara dichas acciones.
El estruendo causado con la tipificación jurídica perentoria e ilegal: “¡terrorismo!”, que vino con la onda expansiva de las bombas que segaron la vida del “fiscal 4º ambiental” el Día de la Chinita, abría esa posibilidad, y si había que acabar con los sospechosos, física y moralmente, que fuera rápido, con acciones criminales simultáneas, profundizando el uso del sistema de administración de justicia como ámbito de purga, favoreciendo esa posición conductual del Poder Judicial que acarrea altos grados de presión en Venezuela, irrespetando el ordenamiento jurídico y vulnerando siempre la dignidad humana.
¿Quién dio la orden de matar a los Guevara? El Poder Ejecutivo, encabezado por Hugo Rafael Chávez Frías, a los efectos, el emisor de ese mandato asumido al píe de la letra por todos los poderes públicos, en especial por el Ministerio Público y sus órganos auxiliares, dependientes de por sí del Ejecutivo Nacional, no era de extrañar que acataran la orden, el escollo, al menos desde el punto de vista doctrinario, se presentaba respecto al Poder Judicial y el Legislativo, el deterioro institucional en cinco años era ostensible, garantizaron la arremetida ultrajando sus facultades.
El 20 de noviembre de 2004, comienza la arremetida, ese día, secuestran al ex inspector Juan Guevara, mucho antes de llegar Danilo a su última morada. Comenzaba así el proceso anulatorio de la transparencia e incitador de la arbitrariedad que han vivido los Guevara desde ese día, profundizado el 23 de noviembre con la desaparición de Juan Carlos Sánchez, el ajusticiamiento de Antonio López Castillo, la violación del hogar de sus padres y la aparente siembra de evidencias en el mismo, y el secuestro de Rolando y Otoniel Guevara.
La ilegal calificación del homicidio de Anderson de “acción terrorista”, asumida como tal dentro y fuera del país, ayudaba en el propósito de eliminar físicamente a “los chivos expiatorios”, reditando así la intención del presidente Carlos Andrés Pérez al ordenar el 4F, primero, bombardear el Museo Histórico Militar, y, segundo, la “operación quirúrgica” sugerida por Heinz Azpúrua, operación esta última puesta en marcha por Otoniel Guevara, causa primera de hostilidad en el Comandante Chávez y de su venganza contra los Guevara.
Próximos a cumplirse 4 años del homicidio, el ex fiscal investigador del asesinato, Hernando Contreras, confirma lo antes dicho, aseguró que un día después de la muerte de Anderson, confirmada la identidad del occiso, se celebró una reunión entre “altos funcionarios del Gobierno” en la que se acordó asesinar a los supuestos autores materiales del crimen. Contreras también aseguró que el ex Fiscal General, Isaías Rodríguez, dio “luz verde” para que se perpetraran los homicidios y explicó cómo se tomaron las decisiones en esa reunión.
Tres años y medio más tarde, el 9 de mayo de 2012, en declaraciones al canal Sistema de Opinión Interactiva TV (SOiTV), el ex Magistrado del TSJ, Luis Velázquez Alvaray, confirma lo dicho por el ex fiscal Contreras, puntualizó: “Al día siguiente de la muerte del Fiscal del Ministerio Público Danilo Anderson, se reunieron altos representantes del gobierno y dijeron que tenían luz verde para acabar con la vida de los hermanos Guevara.”
Según la Dra. Jackeline Sandoval, al ordenar sus muertes “fueron objeto de condena previa” y esas órdenes “no fueron ejecutadas por los subalternos, por respeto a su trayectoria y liderazgo dentro de sus cuerpos policiales”, lo que llama Fernando Reinares “relevancia simbólica”, al mismo tiempo, “porque, aunque nadie lo crea, para matar se necesitan más huevos que para morir”, dice Mario Vargas Llosa.
“¡Muertos, no procesados!” Esa fue la orden. El cuadro cambió, cual agente mórbido actuaron las policías judicial y política, dejaron certezas de su ferocidad, paradójicamente, no asesinaron a Rolando, Otoniel y Juan Guevara en razón de su “relevancia simbólica”, como testimonio de ese proceder quedaron los cadáveres, con más perforaciones de balas que evidencias, de Juan Carlos Sánchez y Antonio López Castillo, de tres pesquisas muertos en extrañas circunstancias al igual que el hijo de Pedro Lander, quien junto a Johan Peña, la esposa y el hijo de éste, se salvaron de morir, “en enfrentamientos”.
Percepción generalizada: “quienes ordenaron sus muertes, fueron los mismos que asesinaron a Danilo”, “el alto gobierno”, señalándose a “altos mandos policiales” como los ejecutores. La simulación de enfrentamientos y detenciones, en cuanto “excesos policiales”, fueron incrustados el 27 de noviembre en la estructura del Poder Judicial pervirtiendo los actos procesales desde sus inicios, en una causa pena penal en la que esa “fuerza excesiva” fue legitimada durante los dos últimos días de noviembre de 2008.