El 19 de agosto se cumplen cinco años que el régimen impuso el cierre de la frontera con Colombia, causándole graves daños a la dinámica de integración histórica que caracteriza a amos países.
Para justificar el cierre de la frontera se usó un incidente del cual nunca se ha informado resultas, es decir, fue una excusa para desarrollar un perverso plan hegemónico al servicio del delito, fue una medida inconstitucional como muchas otras, que genera grandes atropellos contra ciudadanos venezolanos y colombianos y le da soporte a la ilegalidad destruyendo la economía sana.
El intercambio fronterizo de la economía produjo entre 5.500 millones de dólares y 7.000 millones de dólares, afectando tributariamente ambos países. Todo ese esfuerzo impulsado por ciudadanos de bien, de ambos países se liquidó para facilitar la economía oscura al servicio de la delincuencia organizada, la narcoguerrilla y el paramilitarismo incluidos los colectivos.
El nuevo orden fronterizo es un mecanismo para aplastar la institucionalidad civil, crearon ocho zonas militares desatando la persecución contra las personas y sus bienes, desplazamientos forzosos, deportación de 1.500 colombianos, casas marcadas por revisión al estilo fascista, establecimientos comerciales confiscadas y demolidas en un marco impunidad.
Este cierre consolidó las mafias, incrementó el tráfico de drogas y amplió sus rutas, la legitimación de capitales, incrementó la cantidad de laboratorios para procesar droga y la plantación de coca en Venezuela, teniendo como marco referencial 18 hectáreas en el municipio Semprun del estado Zulia.
La frontera fue entregada al ELN y las FARC para establecer el control político, social y económico. La rivalidad entre guerrilleros y paramilitares por el control de territorios en algunas zonas es una realidad y se confrontan, en otras negocian los espacios y la disputa es una fábula.
En materia de seguridad, desde el cierre y la creación de zonas militares, los delitos se han multiplicado: homicidios, robos, extorsión entre otros, sin cifras oficiales confiables, hacen de sus poblaciones tierra de nadie obviando el respeto por los derechos humanos.
La cúpula hegemónica de la frontera maneja el tráfico ilegal de la minería y en los próximos días se avecinan nuevos elementos de perturbación con el tema de la gasolina. La destrucción de las refinerías venezolanas, la incautación de los buques iraníes por parte de la justicia norteamericana y el aislamiento del régimen de Maduro por parte de la comunidad internacional me permite concluir que próximamente en el país no habrá gasolina. El régimen solo dispone de un fondo para sus prioridades: la burocracia usurpadora, policías y militares con los días contados.
El contrabando de gasolina de Venezuela hacia Colombia en la actualidad se ha invertido; en los estados Zulia, Táchira, Apure, Bolívar y Amazonas está ingresando gasolina colombiana, en los próximos días se va a incrementar y con ello las consecuencias que se derivan de esta dinámica.
El trato que reciben los venezolanos retornados al país, es incalificable desde Maduro llamándolos bioterroristas hasta los tratos crueles hacia esos ciudadanos.
La frontera es una foto agravada de la tragedia nacional sufrida por todos, a esto le puedo agregar que el informe de la comisionada Bachelet sobre la violación de los derechos humanos no refleja este caos.
Los problemas de la frontera en este régimen no tienen solución, ni siquiera abriéndola, la tiranía aplasta los derechos de los ciudadanos. Ya basta de indiferencia, solo a través de un estado democrático con cooperación internacional es posible relanzar una frontera para el progreso.
@joseluispirelar.
Dip. a la A. N por San Francisco-Zulia.