Ante la Defensoría del Pueblo FundaRedes denunció los tratos crueles, inhumanos y degradantes así como la violación masiva de derechos a los migrantes retornados que son albergados en los Puntos de Asistencia Social Integral (PASI) lugares que se han convertido en especies de campos de concentración, donde no se garantizan las condiciones mínimas de alojamiento, atención en materia de salud, ni tampoco se respetan los lapsos de aislamiento que deben cumplir las personas para permitirles llegar a sus destinos.
Javier Tarazona, director general de FundaRedes, presentó ante la Defensoría la denuncia, donde se le exige una investigación sobre si se está brindando o no a las personas que allí han sido aisladas en medida preventiva, las condiciones mínimas necesarias para garantizar su salud y una estadía que no vulnere sus derechos humanos.
En tal sentido, en nombre de FundaRedes, Javier Tarazona presentó una serie de testimonios documentados por esta organización a través de su red de activistas, de las precariedades que han pasado quienes están o han estado en estos albergues denominados PASI, con narraciones reales de lo ocurrido en centros en Táchira, Bolívar, Amazonas, Apure, y Zulia; recordó que tienen decenas de relatos de este tipo, lo cual ha derivado incluso en protestas en estos albergues.
Al respecto, el vocero citó varios de los testimonios obtenidos por FundaRedes quienes relataron que no se les brinda un ambiente apto para la permanencia prolongada, por el contrario, en varias ocasiones han protestado por recibir tratos crueles, inhumanos y degradantes ya que se les niegan todos los protocolos sanitarios de verificación del virus mediante las PCR; no tienen atención médica; carecen de servicios básicos como agua potable, alimentación, electricidad, ventilación, entre otros. Ante tales carencias la permanencia allí suele convertirse en una situación intolerable tal como lo denuncian ciudadanos una vez que retornan a sus hogares.
Igualmente denunció que los migrantes retornados han recibido amenazas y son amedrentados, por funcionarios de cuerpos de seguridad y por grupos armados irregulares, que si protestan o denuncian la precariedad de estos albergues, serán detenidos y no se les permitirá llegar a sus estados de destino.
Casos documentados por FundaRedes evidencian la precariedad de los PASI
Una de las situaciones graves en un PASI se presenta en el municipio Bolívar del estado Táchira, donde alrededor de 105 personas dicen tener más de 70 días en aislamiento, ello producto de que, en 5 oportunidades se les realizó la prueba PCR y de acuerdo al parte médico, han salido positivos. En vista de las circunstancias vividas, ahora de manera desesperada, solicitan una oportuna respuesta ante su solicitud de retornar a sus hogares.
Denunció que los retornados albergados en el PASI del liceo Vara de María en Guasdualito, municipio Páez del estado Apure, manifestaron que tienen pruebas (de COVID-19) en las que salieron negativos y aun así no los dejan irse a sus hogares. Aunado a ello las condiciones no están dadas para su albergue por cuanto, entre otras razones, hay un pozo séptico desbordándose allí, así como también, niños de apenas 2 años de edad que tienen hasta 6 días con diarrea, les han dado comida descompuesta, agua no apta para consumo, y pésima atención en salud.
Otro caso documentado se refiere a un PASI del estado Amazonas donde las personas pasaron más de 20 días sique los dejaran salir, y relataron que los mantenían en un espacio cerrado sin poder recibir sol, como si estuvieran privados de libertad, pero además la alimentación era de muy baja calidad, al igual que el agua que era almacenada en tanques en pésimas condiciones, sin contar que hay basura acumulada, insectos y roedores, falta de higiene, entre otras situaciones fatales en medio de la pandemia.
Por todo lo expuesto, y otras decenas de situaciones que se han presentado en estos albergues en varias zonas del país, Javier Tarazona recordó a la Defensoría del Pueblo que tiene a su cargo la promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos, por lo cual exigió en su condición de Defensor del Pueblo que, frente a estos hechos, garantice el respeto de los derechos para los migrantes retornados y para todos los ciudadanos venezolanos. (Prensa FundaRedes)