No es difícil deducir que es bajo esos sentimientos tribales que se esconde el germen del autoritarismo y del totalitarismo, con sus versiones populistas y del clientelismo político y caudillesco, muy comunes en América Latina como plaga maligna que contamina el sano ejercicio de la democracia y explica la fragilidad de las instituciones en la región. No olvidar que lo que nos hace diferentes de los animales no es la manada y el rebuzno colectivo, es el individuo y su libre reflexión. Por ello la democracia nos conmina a actuar libremente como ciudadanos conscientes en una sociedad civil en la que impere la soberanía del pueblo capaz de decidir, sin mediaciones ni manipulaciones politiqueras, entendiendo que no es lo mismo la democracia que la partidocracia o la democradura que define el DRAE como “ democracia no-libre, basada en un sistema de gobierno en el que a pesar de la existencia de elecciones, los ciudadanos están separados del poder real debido a la falta total, parcial o el recorte de las libertades civiles”.
Como hemos señalado en anteriores entregas, como consecuencias de la plaga del COVID-19, el confinamiento mundial y las manipulaciones de los llamados estados de alarma, se están exacerbando las tendencias totalitarias de muchos gobiernos y los movimientos globalistas y del progresismo liberticida, todo lo cual representa una gran amenaza a la libertad y a la democracia. Por ello, en el caso venezolano, ante el grave déficit de capital social expresado en la crisis de valores, la angustia, frustración y creciente incertidumbre y desconfianza que golpea al país, ha llegado el momento para que la sociedad civil se deslastre del complejo de la manada y cual rebelión en la tribu, en un valiente esfuerzo de protagonismo democrático, señalé e imponga el camino a seguir para salir de la profundo drama en que está inmersa Venezuela. Es por ello que el llamado a la Consulta Popular surge como la alternativa constitucional más apropiada para sacar al país -por una vía democrática- de esas graves circunstancias en que está atrapado.
Tal y como se ha venido mencionando, la convocatoria de esa Consulta la vienen proponiendo importantes agrupaciones y personalidades del país, incluyendo la más reciente del Consejo Superior de la Democracia Cristiana, la cual ya ha recibido destacados respaldos, incluyendo de notables voceros de la Iglesia Católica. Para asegurar el apoyo nacional a estas iniciativas es muy importante la decidida convergencia de instituciones como la Conferencia Episcopal, las academias nacionales, los colegios profesionales, otras organizaciones representativas de la sociedad civil y, en especial de las universidades -cuya autonomía está en grave riesgo-, las cuales frente al oscuro panorama nacional y los urgentes cambios que requiere el país ante las demandas de las nuevas realidades del siglo XXI, no pueden ser meros observadores pasivos porque son instituciones llamadas a desempeñar un papel protagónico, promoviendo una pedagogía de educación en valores para el rescate de la ética ciudadana, de la libertad y de la democracia y para contribuir en la construcción del nuevo proyecto de país, asumiendo la responsabilidad social y política en honor a su compromiso como las casas que vencen las sombras.
La Consulta Popular para realizar esa acción plebiscitaria debe formularse a fin de lograr el mandato ciudadano, como apoyo a la transición y al rescate de la institucionalidad democrática y para asegurar la gobernabilidad del proceso de reemplazo de la cultura populista y rentista y promover una sociedad productiva, emprendedora y solidaria.
Lo anterior implica entender el proceso de transición en dos faces, la primera de las cuales supone la conformación de una junta de gobierno de emergencia, integrada al margen de conciliábulos políticos y por tanto con notable representación ciudadana a fin de emprender, en un plazo razonable, las acciones prioritarias para reconstruir las instituciones democráticas y de gobierno, con objetivos de asegurar la eficiencia y transparencia en la gestión pública, impulsar las políticas básicas de ajuste que aseguren la estabilización y reactivación económica y promover las condiciones adecuadas para el proceso de elecciones generales que permita la renovación presidencial, de la Asamblea Nacional y de los gobiernos regionales y locales. La segunda fase debe sustentarse en un gran acuerdo o pacto nacional para que el nuevo gobierno, democráticamente electo, tenga un sólido respaldo que asegure la gobernabilidad de los cambios fundamentales que garanticen, con visión de mediano y largo plazo, la ejecución del nuevo modelo de desarrollo que el país requiere para un crecimiento sostenido con equidad social, al impulso de un gobierno no estatista, con elevados principios éticos y en un entorno de plena libertad, democracia y patriotismo, como antídotos frente a las amenazas del globalismo y del progresismo que encubren renovadas tendencias totalitarias.
La profunda crisis que sufre Venezuela debemos resolverla prioritariamente los venezolanos. Por ello la Consulta Popular debe operar como un llamado para recuperar la credibilidad ciudadana y la decencia política y para que opere la voluntad popular, deslastrada del complejo de manada y como rebelión en la tribu, con ciudadanos que, en forma autónoma y democrática, decidan libremente sobre el destino del país. Pero la repuesta positiva a esta iniciativa de Consulta Popular sólo será posible si la promoción de la misma y del Pacto Unitario que se está señalando se realiza oportunamente, en un contexto de coherencia y genuino liderazgo político y con notable representación de la sociedad civil como condiciones necesarias para superar el grave clima de desconfianza y frustración que impera en el país.
(1) Mario Vargas LLosa, LA LLAMADA DE LA TRIBU, Penguin Random House Grupo Editorial, Madrid, 2018.