En Venezuela existen más de 400 personas privadas de libertad por motivos políticos. Algunos tienen boleta de excarcelación, otros permanecen sujetos a procesos penales injustos, mientras que muchos que tienen medidas cautelares, permanecen tras las rejas, por órdenes del régimen que reconoció la existencia de los presos políticos en el país con el “indulto” a 110 personas.
El régimen usurpador los señaló y persiguió, por los supuestos delitos de traición a la patria, obstrucción de la justicia, asociación para delinquir, desobediencia a las leyes, usurpación de funciones, instigación al odio, rebelión civil, tráfico de armas y explosivos, entre muchos otros. Además de ello, los perseguidos no tuvieron derecho a una defensa.
Luego de las liberaciones a 110 presos políticos anunciadas por el régimen y que representa un júbilo, tanto para los privados de libertad como para sus respectivas familias, Humberto Prado, Comisionado para DDHH recalcó que, en primera instancia, ninguno de estos ciudadanos debió ser privado de su libertad, y menos arbitrariamente y sin ningún tipo de orden judicial, mucho menos en flagrancia.
“Nunca fueron juzgados, ni sentenciados. Todos fueron perseguidos sin haber cometido delito alguno y no hay nada que perdonarles”, aseveró.
Roberto Marrero, Gilber Caro, Renzo Prieto, Vasco Da Costa, Rubén González, Nicmer Evans y Demóstenes Quijada, entre otros, son algunos de los nombres, cuyas liberaciones fueron ejecutadas y anunciadas, el lunes 31 de agosto. Mientras que, otros 336 presos políticos permanecen en los distintos calabozos de los cuerpos de seguridad del Estado, paralizados con el gobierno de facto. Sin visitas de sus abogados, en malas condiciones sanitarias, sin acceso a tribunales y esperando ser liberados y absueltos de crímenes que no cometieron.
Roberto Marrero, jefe del despacho del presidente interino, Juan Guaidó, fue detenido el 21 de marzo de 2019. Funcionarios del Sebin rompieron la puerta de su casa y se lo llevaron arbitrariamente. Estuvo preso por más de 500 días y fue acusado de formar parte de una supuesta célula terrorista y de “planificar un conjunto de ataques selectivos”, con la ayuda de “mercenarios colombianos y centroamericanos” contratados. Una semana después, el Tribunal 1º de Control, con competencia en terrorismo, dictó privativa de libertad y le imputó por cuatro delitos: ocultamiento de armas y municiones, legitimación de capitales, conspiración y asociación para delinquir.
El diputado Juan Requesens cumple arresto domiciliario, desde el 28 de agosto de 2020, tras 752 días detenido arbitrariamente por funcionarios del Sebin, en su residencia, por supuestamente estar involucrado en el presunto “atentado” contra Nicolás Maduro, el 04 de agosto de 2018, en la avenida Bolívar. Seis días después, se publicaron videos con la supuesta confesión del diputado, difundida por el régimen de Maduro.
El 14 de agosto de ese año, se realizó la primera audiencia y le imputaron cargos de instigación pública continuada, terrorismo, financiamiento al terrorismo, asociación para delinquir, homicidio calificado por motivo fútil en grado de frustración, homicidio calificado con alevosía en grado de frustración y posesión ilícita de armas y municiones. El Grupo de Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas, declaró esta detención como arbitraria, por considerar que no hay pruebas de las acusaciones y la aprehensión se realizó sin ninguna orden judicial.
Gilber Caro, diputado suplente a la Asamblea Nacional, fue detenido el 20 de diciembre de 2019, junto a su asistente Víctor Ugas, por funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales, en la urbanización La Florida. Fue acusado de presunta tenencia de explosivos y estuvo casi un mes desaparecido forzosamente, junto a Ugas. En enero de este año, el fiscal impuesto por el régimen, Tarek William Saab, informó que Caro estaba detenido en la sede de las FAES. Su asistente fue liberado siete días después, pero Caro continuó detenido.
Su hermana reiteró la denuncia de violaciones graves a sus DDHH. “Está durmiendo debajo de una escalera. Un espacio muy pequeño, sin colchoneta, en unas tablas, sin luz y sin poder asearse. Un derecho que tienen todas las personas” señaló, y relató que ella misma también sufrió tratos inhumanos y degradantes, durante las visitas hechas al diputado.
El diputado Renzo Prieto, fue detenido por las FAES el pasado 8 de marzo, durante una marcha hasta la sede del parlamento, convocada por el Presidente Interino, Juan Guaidó, y que fue disgregada por los organismos de seguridad de Nicolás Maduro. Fue acusados de financiamiento al terrorismo y promoción del odio. Luego de 120 días, su hermano denunció el mal estado de salud en la que se encontraba el parlamentario.
Por su parte, Vasco Da Costa, un politólogo y miembro de una familia que desde siempre ha sido adversaria del régimen y que ha padecido los embates de su política, desde 2004, fue detenido por primera vez el 26 de julio de 2014, por funcionarios Sebin, por presuntamente estar involucrado en actos “terroristas”. Cumplió una condena injusta de 3 años y medio, hasta que en 2017 lo liberaron por motivos de salud.
Sin embargo, a menos de un año de la excarcelación del también líder del Movimiento Nacionalista, lo volvieron a privar de su libertad el 16 de abril de 2018, en medio de denuncias de allanamiento ilegal, detención arbitraria, torturas y robo por parte de los organismos de seguridad del Estado. Lo más reciente que se conoció de su caso fue que su hermana, Ana Da Costa denunció que tenía una protuberancia en el ojo, por lo que fue recluido en el Hospital Militar de Caracas.
Asimismo, el dirigente sindical Rubén González, se le imputaron los delitos de ultraje al centinela y a la Fuerza Armada Nacional. Sus familiares denunciaron el deterioro de su salud y hace apenas 20 días la corte marcial que tenía su causa había desestimado una apelación.
El 29 de noviembre de 2018 regresaba de una marcha en Caracas, en defensa de los contratos colectivos y el cese de la persecución, cuando en una alcabala de la localidad de Anaco, estado Anzoátegui, fue detenido y presentado ante un tribunal militar, que le dictó privativa de libertad y reclusión en la cárcel La Pica, de Monagas.
Su hija Yarudid González denunció que la condición de salud del sindicalista se agravaba y no había atención médica en prisión.
Nicmer Evans, politólogo y dirigente político, lo acusaron de instigación al odio, bajo la Ley promovida por la ilegítima asamblea constituyente. El 18 de julio un tribunal ratificó su privativa de libertad.
El 13 de julio, Evans denunció que a su residencia llegaron funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, que hostigaron a su esposa y familia. Explicó que en ese momento se llevaron a su abogado y hermano, Ángel Herrera, en calidad de testigo, tras mostrar una orden de aprehensión en contra de Evans. Además, allanaron su vivienda.
Una orden de aprehensión en su contra fue firmada por el Tribunal 21 de Control del Área Metropolitana de Caracas y se le acusa de los supuestos de delitos de “promoción o incitación al odio”. Su esposa había denunciado que no que no se había permitido la juramentación de los abogados defensores, ni tenían acceso a los expedientes.
Antonia Turbay, fue arbitrariamente detenida el 26 de junio de 2019 y se le vinculó a la fuga del expreso político, Iván Simonovis, por el simple hecho de ser su vecina. Además, tenía boleta de excarcelación desde el 26 de julio de 2019.
En el mismo Centro Penitenciario, estaba detenido Enrique Perdomo, abogado de Iván Simonovis, quien fue acusado de obstrucción a la justicia y está privado de libertad. Esto ocurrió después de que funcionarios del Sebin lo detuvieran arbitrariamente, el viernes 14 de junio, mientras se encontraba en la vivienda de la familia.
Demóstenes Quijada, es asesor político e ingeniero industrial, lo detuvieron en abril de 2020 tras acusarlo de terrorismo, asociación para delinquir, tráfico de armas y explosivos, y ocultamiento de drogas. Estaba recluido en la sede de la Dgcim, en Boleíta y pese a que también tiene nacionalidad española, poco pudo hacer la presión diplomática para lograr su liberación.
El José Alberto Marulanda, médico colombo venezolano, fue detenido por su presunta vinculación sentimental con la sargento del ejército, Emmy Mirella Da Costa, quien a su vez era buscada por instigación al odio y traición a la patria. Estuvo recluido en la cárcel militar de Ramo Verde.
El Trabajador y dirigente sindical del hospital Clínico Universitario de Caracas Wilman Rada, se lo llevaron detenido por denunciar la corrupción dentro del centro hospitalario. Isabel Zambrano, fue acusada de presunta corrupción y de haber negado medicamentos a pacientes del hospital del Seguro Social “Dr Patricinio Peñuela Ruiz”. Wilmer Toro, dirigente comunitario, fue aprehendido luego de protestar por falta de servicio eléctrico y agua potable. Sus allegados denunciaron que el cuerpo de seguridad que efectuó la detención fueron las Faes.
A LA ESPERA DE SU LIBERTAD
En los centros penitenciarios del país aún permanecen al menos 373 personas detenidas arbitrariamente, eso significa que, solo 22.77% de los 483 detenidos políticos registrados por la Comisión Presidencial para DDHH, fueron liberados bajo la figura del “indulto” y 77. 18% permanece en los calabozos pagando una condena que no ha sido impuesta y de la que no son culpables.
Cabe destacar que, esta lista de liberados no se incluyó a presos militares ni expolicías detenidos ilegalmente.
Los principales centros de reclusión en los que hay detenidos por motivos políticos son Ramo Verde, en el estado Miranda; con 133 presos, la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), en Boleíta; con 101 presos y El Helicoide, en Distrito Capital; con 41 presos.
La Comisión para DDHH señala que, 358 de los detenidos arbitrariamente son hombre, 15 son mujeres, 228 son presos políticos de carácter militar y 144 son presos sociales.
Con información de nota de prensa.