Uno de los líderes sindicales más influyentes de Venezuela ha prometido seguir luchando por los derechos de los trabajadores después de su liberación esta semana, después de dos años en una prisión militar por lo que él llama cargos falsos.
Los soldados detuvieron a Rubén González, una de las 110 personas incluidas en el reciente decreto de Nicolás Maduro, en 2018 después de que encabezó una protesta para exigir que el vocero chavista defendiera la otrora potente industria siderúrgica de Venezuela.
Concedida su libertad esta semana, el hombre de 61 años, vestido con una camisa azul y blanca de su sindicato de trabajadores del acero, fue recibido por su hija, Yarudid, en las puertas de la prisión de La Pica, en el estado Monagas, en el nororiente del país.
En entrevista telefónica desde su domicilio en Puerto Ordaz, en el estado de Guayana, el sur venezolano, González dijo que no se consideraba indultado, sino “un secuestro en el que me tenían porque yo no cometí nunca el delito”.
Luego de regresar con su esposa, sus cuatro hijos y 13 nietos, González se comprometió a continuar al frente del sindicato Sintraferrominera para seguir “defendiendo la justa causa de los trabajadores”.
Las liberaciones masivas se decretaron cuando Maduro busca alentar a participar en el show electoral programado para principios de diciembre, a pesar de las preocupaciones de que la votación no sea libre y justa.
Si bien los altos funcionarios del régimen han afirmado que las excarcelaciones acallarían las voces de sus rivales, González insistió en que su libertad no significaba que se abstendría de criticar lo que denuncia como el abandono de trabajadores por parte del Estado.
Después de haber tenido poco contacto con el mundo exterior en la cárcel, González dijo que se sorprendió al descubrir que sus trabajadores ahora ganan incluso menos que cuando estuvo en la cárcel, sin poder pagar un pollo o una caja de huevos con el salario de un mes.
“Me han dado la responsabilidad de representarlos para llevar el mensaje y la lucha”, dijo. “Ese es mi proyecto de vida”.
González una vez respaldó a Hugo Chávez, pero pasó a convertirse en un crítico estridente del chavismo, al que culpa por permitir que funcionarios corruptos saqueen los recursos de Venezuela y traicionen su promesa de dar poder a los trabajadores.
A fines del año pasado, Reuters visitó a González en la prisión La Pica, en Maturín, capital de Monagas. Era el único civil encarcelado allí, una señal, dijo, de cómo el régimen quería hacer de él un ejemplo.
“Yo represento la verdad”, dijo entonces, sentado en una mesa de plástico fuera de su celda. “Dios va a juzgar a los que me pusieron aquí”.
Nacido en 1959 en una familia pobre en la ciudad costera de Barcelona, ??González era un adolescente rebelde, lo que provocó que su padre lo echara. Después de ir a la deriva, terminó en Guayana, el sitio de gran parte de la riqueza natural de Venezuela.
Encontró trabajo en Sidor, la principal siderúrgica de Venezuela, trabajando en los muelles de Puerto Ordaz, y luego se mudó a Ferrominera, la productora estatal de mineral de hierro. Quería ayudar a sus compañeros de trabajo y comenzó a organizar actividades sindicales.
En 1998, Chávez ganó las elecciones presidenciales por una abrumadora mayoría con promesas de ayudar a los pobres y González lo apoyó. Más tarde fue elegido consejero local del partido socialista de Chávez, pero el exteniente coronel del ejército pronto se enfadó con los sindicatos.
González se convirtió en director de Sintraferrominera en 2008 y convocó protestas para exigir que Chávez aceptara nuevas condiciones de pago. Fue encarcelado durante dos años acusado de conspirar para “sabotear” Ferrominera.
“Chávez se pasó en contra de mi”, dijo González.
“TODO LO QUE HAGO”
Maduro asumió el poder en 2013 después de la muerte de Chávez. Los precios mundiales del petróleo se hundieron, empujando la economía a la recesión: la inversión en Ferrominera se agotó y las minas comenzaron a cerrar. La hiperinflación erosionó los salarios, dejando a los trabajadores ganando el equivalente a unos pocos dólares al mes.
González volvió a criticar al régimen.
El 13 de agosto de 2018, trató de ingresar a una mina para presentar demandas a los ejecutivos, pero los guardias lo prohibieron, relató González. Los soldados le ordenaron que fuera a un puesto de mando para ser interrogado, según un informe de la Guardia Nacional, pero condujo a casa.
Cuando los agentes intentaron entrar a su casa, la Guardia Nacional dijo que los amigos y parientes de González los golpearon e insultaron. González, su familia y abogados lo niegan, aunque reconocen que se negó a ir con ellos.
Logró escapar y se escondió en el campo. Pasaron dos meses y pensó que la atención de las autoridades sobre él se había disipado. El 27 de noviembre viajó a Caracas para liderar una marcha por mejores contratos. Al regresar a Guayana, su autobús fue detenido en un puesto de control de la Guardia Nacional y los soldados lo arrestaron.
Un día después, un tribunal de Maturín ordenó su encarcelamiento.
“No soy de la oposición ni del gobierno”, dijo al juez, según el fallo. “Solo defiendo los derechos de los trabajadores”.
Reuters