Solo basta un tuit, quizá un comunicado escueto. Tal o cual alto dirigente del chavismo en Venezuela notifica brevemente su diagnóstico positivo por COVID-19 y, luego, reina el silencio.
Por Gustavo Ocando Alex | Voz de América
Semanas después, reaparecen recuperados y listos para reincorporarse a sus responsabilidades públicas. Sin más detalles.
La confirmación de contagios por COVID-19 de prominentes figuras del chavismo en Venezuela, entre gobernadores, ministros y jerarcas de instituciones, ha estado caracterizada por la opacidad y el secretismo, valoran expertos en libertad de información y transparencia en la gestión pública.
“La salud de cualquier funcionario público es un asunto de interés público”, evalúa Andrés Cañizález, periodista y uno de los diez precandidatos seleccionados al cargo de la Relatoría Especial sobre Libertad de Prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en entrevista con la VOA.
Tomó cuatro meses luego del primer decreto de cuarentena radical en el país por parte de Nicolás Maduro, en marzo, en revelarse el primer caso positivo por el nuevo coronavirus entre las filas de la dirigencia chavista venezolana.
Diosdado Cabello fue el primero en confirmar su resultado. Lo hizo en Twitter, el 9 de julio. Casi un mes después, el 6 de agosto, reportó por la misma vía que estaba recuperado.
Sesenta días luego de su diagnóstico, dijo en una entrevista al canal estatal Venezolana de Televisión que no le había gustado “sentir de cerca la muerte”.
El mismo día del diagnóstico de Cabello, se supo de los positivos por COVID-19 de un gobernador sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el de Zulia, Omar Prieto, y de un alcalde del Partido Socialista Unido de Venezuela, Jonny Acosta, del municipio Cruz Salmerón Acosta, estado Sucre.
Tareck El Aissami, encargado de la comisión de reestructuración de la estatal PDVSA, hizo lo propio apenas 24 horas después de la confirmación del positivo de Cabello.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha acusado penalmente tanto a Cabello como a El Aissami por presuntos cargos de lavado de dinero y narcotráfico. Por ambos, ofrece una recompensa de 10 millones de dólares.
Cañizález argumenta que figuras como Cabello, El Aissami o los demás políticos de ascendencia en el chavismo que han confirmado sus contagios pierden espacios de sus derechos a la intimidad y la vida privada al ocupar cargos públicos, como gobernaciones, ministerios o alcaldías.
“En general, está bastante entendido en las democracias que quienes ejercen cargos de elección popular están obligados a rendirle cuentas a la sociedad. Eso también incluye a asuntos relacionados con su salud”, dice.
Según Cañizález, ha prevalecido la estrategia política antes que la honestidad informativa en el trato público que dieron a sus expedientes de salud.
“Difundir que estos altos líderes del chavismo tuvieron o tenían coronavirus puede hacerlos más humanos, puede presentarlos más como gente del pueblo”, aprecia.
Dependencia ciudadana
Jorge Rodríguez, mano derecha de Maduro, también confirmó a mediados de agosto que estaba contagiado de COVID-19.
Aunque suele comparecer ante las cámaras para dar reportes diarios sobre el número de pacientes positivos, recuperados y fallecidos por la pandemia, Rodríguez recurrió también a Twitter para notificar de su enfermedad.
Otro líder chavista que reportó su contagio fue Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, solicitado por la justicia estadounidense.
El magistrado reveló su condición en un comunicado oficial de su despacho, de tres párrafos, donde dijo estar “en buenas condiciones generales” y garantizó que se mantendría “atento” al funcionamiento del Poder Judicial de Venezuela.
El secretario de Estado Mike Pompeo anunció en julio pasado que Estados Unidos ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares por información que derivara en la captura o enjuiciamiento de Moreno.
“Es importante saber exactamente el estado de salud de los funcionarios. Hay casos que se han ocultado y hay casos donde han salido a dar información”, valora Mercedes de Freitas, presidenta de Transparencia Venezuela.
Coincide con Cañizález al señalar que la salud de funcionarios con responsabilidades de gestión forma parte de la esfera de lo público.
“Los funcionarios pierden parte de su privacidad porque de su salud dependen en gran parte el cumplimiento de objetivos nacionales y el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos”, opina en conversación con la Voz de América.
Los reportes sobre la enfermedad de cada funcionario afectado por la COVID-19, complementa Freitas, deberían ir acompañados con la asignación de sus responsabilidades a otra persona y su respectiva notificación pública y clara.
“La incertidumbre es la norma”
Seis gobernadores engrosan la lista de funcionarios chavistas de alto rango que han reportado en Twitter sus contagios de COVID-19: Prieto, de Zulia; Edwin Rojas, de Sucre; Julio León Heredia, Yaracuy; Héctor Rodríguez, de Miranda; Jorge Luis García Carneiro, de Vargas; y Yelitze Santaella, de Monagas.
Miembros de la Constituyente madurista, jefes militares del occidente, centro y la zona andina de Venezuela, así como un grupo de alcaldes del PSUV, también se cuentan entre los líderes chavistas infectados por el nuevo coronavirus.
Darío Vivas, un exdiputado designado a dedo por Maduro como “protector” del Distrito Capital, de 70 años, murió de COVID-19 en agosto pasado. El general de división del Ejército y comandante de dependencias militares en Miranda, Tito José Urdaneta Zenit, también falleció por el nuevo coronavirus esta semana.
Tanto Freitas como Cañizález consideran que el escueto manejo informativo de la salud de líderes chavistas está marcado por los estándares que rigieron la publicación de detalles sobre la salud del fallecido Hugo Chávez.
Freitas recuerda que hubo detalles de la enfermedad de Chávez, tratado en Cuba en 2012, que se ocultaron a la población hasta su deceso, en marzo de 2013.
“El tener información pasa por la necesidad que tenemos de bajar el nivel de incertidumbre” sobre la pandemia, con más de 61.000 casos en el país, opina.
El artículo 58 de la Constitución venezolana establece que toda persona tiene derecho a “la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura”.
“Si en algún momento hace falta conocer cómo está la salud de los responsables de lo público, es en este momento, donde la incertidumbre es la norma”, insiste Freitas.
A Cañizález, por su parte, le llama la atención cómo se elevó la frecuencia de contagios entre los dirigentes chavistas desde julio, considerando “el nivel de opacidad” que ha imperado en Venezuela en las últimas dos décadas.
“A pesar de esa aparente transparencia, estos casos siguieron siendo muy opacos. No sabemos dónde fueron tratados estos altos funcionarios, si los tuvieron en algún lugar, desconocemos realmente de qué sufrieron”, afirma.
En otras democracias occidentales, resalta, suele reportarse incluso quién es el médico tratante y el estatus diario de la salud de cada funcionario afectado.
Los expedientes de salud de funcionarios como Cabello, Rodríguez o El Aissami servirán de precedentes para justificar una futura norma de acceso a la información pública en Venezuela, anticipa Cañizález como solución.