La presidenta del Observatorio de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional, diputada Adriana Pichardo, presentó este 18 de septiembre el informe sobre los presos políticos militares en Venezuela.
Por Jhoalys Siverio / correodelcaroni.com
El observatorio contabiliza a la fecha 162 presos políticos militares, de los cuales 67 son de la Guardia Nacional (41,36%), 66 del Ejército (40.74%), 18 de la Aviación Militar (11.11%), 7 de la Armada (4.32%) y otros 4 (2.47%) sin identificar.
Solo en 2019 se registraron 65 detenciones arbitrarias de militares. “Por rango militar de los hoy secuestrados políticos militares el 40,74% representa a sargentos, el 27,78% a tenientes, 9,6% a coroneles, el 8,64% a capitanes, 6,79% generales, el 4,94% son mayores, 1,23% tenientes coroneles y un soldado que representa el 0,62%”, especificó Pichardo.
Distrito Capital, Monagas y Aragua ocupan los primeros tres lugares de estados donde se registraron el mayor número de aprehensiones, con 91, 17 y 15 casos, respectivamente. En Bolívar contabilizan cinco arrestos a militares por razones políticas que equivalen a 3.09% del total.
“Estas no solo son cifras, son las familias, son víctimas con derechos humanos. Detrás de estas 162 personas hay torturas, hay violación al debido proceso. Nosotros vamos a continuar elevando la voz y denunciando estos hechos”, manifestó la legisladora.
En cuanto a los sitios de reclusión, el 51.85% se encuentran en la cárcel de Ramo Verde, 25.31% en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Boleíta-Caracas, y 9.88% en La Pica. El resto se ubica en Fuerte Tiuna, Helicoide, hospital militar, cárcel 26 de Julio, cárcel de Santa Ana, Dgcim Táchira, arresto domiciliario, y tres casos sin especificar.
Pichardo destacó que el Observatorio de DD HH de la AN fue creado el 17 de julio 2020 con el fin de “documentar y visibilizar las violaciones de los DD HH a los que ha sido sometidos la población venezolana y crear una memoria histórica sobre estos hechos que puedan servir de insumo a las instancias nacionales e internacionales”.
Acotó que para la próxima semana prevén presentar un informe sobre los encarcelamientos por razones políticas a civiles.
El informe de la misión
Por su parte, la diputada Delsa Solórzano se refirió al informe de la misión internacional independiente de determinación de los hechos de las Naciones Unidas, y destacó que a diferencia del documento de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet -que se limita a la descripción de los hechos sin determinar responsables-, este especifica la responsabilidad de las violaciones de DD HH y crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
“Se refiere en primer término a lo que tiene que ver con la persecución y violación de DD HH de los parlamentarios y sus familiares. Son más de 100 los diputados perseguidos o sometidos a acoso. El informe establece desde sus primeras páginas un nexo entre corrupción y violación de DD HH, destacando que los principales motivos para llevar a cabo los crímenes son para recibir beneficios económicos, es decir, corrupción”, destacó.
Recordó que en el informe expresa el ilegal allanamiento de la inmunidad parlamentaria de los diputados a través del Tribunal Supremo de Justicia, y no de la Asamblea Nacional como constitucionalmente corresponde.
Se refirió también a los señalamientos en contra del Sebin y Dgcim, como dos de los órganos principales de represión en el país. Señaló el caso de Roberto Marrero como un ejemplo de fabricación de pruebas en contra de un ciudadano. “El exdirector del Sebin dijo que había recibió órdenes directas de Nicolás Maduro para sembrar armas en su casa, al mismo tiempo que declaró que era Maduro quien decidía quién era detenido, liberado y torturado”, indicó Solórzano.
“Además la comisión tiene el caso de una joven que ya no se encuentra en el país y que fue obligada a ingerir más de 10 litros de cloro. Ella es familiar de un preso político y casi la matan”, agregó.
El informe de la misión contienen más de 400 páginas con las que sustenta los crímenes de lesa humanidad en Venezuela y sus responsables, e insta a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional a actuar oportunamente para hacer justicia a las víctimas.