El Comisionado Humberto Prado junto al Comisionado Miguel Pizarro, respecto de las declaraciones efectuadas por el Fiscal de facto Tareck William Saab y el canciller de la usurpación, Jorge Arreaza, realizadas en fecha 19 de septiembre de 2020, tienen a bien responder ante la opinión pública las infundadas aseveraciones efectuadas por ambas autoridades del régimen de facto.
En este sentido, señalan que han evidenciado un desconocimiento importante sobre las normas mínimas del sistema universal de DDHH. Adicionalmente, han demostrado desestimar el desagravio de los afectados por las violaciones, siendo el informe de la FFM una forma de reparación a favor de las víctimas, al visibilizar sus casos y escuchar las voces que no consiguieron justicia en el fuero interno.
Tareck William Saab, afirmó que muchas de las omisiones en las que incurrió el Estado y que son señaladas en el informe de la FFM, son responsabilidad de la administración de la fiscalía general anterior encabezada por la Sra. Luisa Ortega Díaz, “que no estuvo pendiente de los DDHH”. Por lo cual la Comisión Presidencial para los DDHH, cuestionó si Arreaza ¿reconoce que si hubo delitos de lesa humanidad?
“Lo que olvida el Sr. Saab es que en derecho internacional de los DDHH opera el principio de continuidad del Estado, de acuerdo con el cual, independientemente de los cambios de administración de las dependencias del Poder Público, el Estado sigue respondiendo internacionalmente. Pero incluso si esa variable no fuere considerada, para el momento de los hechos cuando la Sr. Ortega Díaz era fiscal, el Sr. Saab se desempeñaba como “Defensor del Pueblo”, y el Sr. Arreaza como Vicepresidente del régimen, por lo que estaba al mando de organismo como la Dgcim y el Sebin, dos de los principales cuerpos de seguridad acusados en el informe de la FFM de violaciones a los DDHH y los hace responsables por omisión”, señalaron en el comunicado.
Por otra parte, el régimen intentó plantear una diferencia entre la labor de la FFM y de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos, sin embargo, ambos órganos tienen mucho más en común de lo que difieren entre sí, pues, fueron aprobados por resoluciones mayoritarias por el Consejo de Derechos Humanos y los resultados arrojados por ambas instancias han determinado que en Venezuela existen deficiencias innegables en el sistema nacional de justicia, falta de imparcialidad de la judicatura, comisión de violaciones graves contra los derechos humanos, excesos del personal de la fuerza pública que incluso ha incurrido en prácticas de violaciones sexuales, entre otras tantas conclusiones.
Asimismo, la Comisión declaró que, en el pasado el Consejo de Derechos Humanos ha aprobado Fight Finding Mission, para los casos de Myanmar en 2019, Libia en 2015-2016, conflicto palestino e israelí en 2012-2013 y conflicto de la Franja de Gaza en 2006-2008.
Detallaron que, Mecanismos similares como las Comisiones de Consulta se han aplicado en los casos de Burundi, Eritrea y Corea del Norte, siendo que en muchos de los casos citados algunos países se negaron a permitir el ingreso de las Misiones a sus territorios, cosa que no impidió la implementación de una metodología rigurosa.
Con lo anterior, Venezuela entra en el récord de países internacionalmente escrutados por crímenes de Lesa Humanidad como Myanmar, Siria y Libia, que dicho sea de paso, en varios de ellos los responsables por esas atroces acciones respondieron ante la justicia, incluidos aquellos que fungieron como fiscales o diplomáticos que toleraron u ordenaron esas acciones.
Los Comisionados felicitaron la labor de investigación y documentación realizada por la Misión Internacional de Determinación de los Hechos, respecto a las graves violaciones ocurridas en Venezuela.
Finalmente, se solidarizan y demuestran su admiración a la valentía de las víctimas al denunciar las violaciones cometidas en su contra, así como el trabajo de cooperación realizado por las organizaciones venezolanas de DDHH y por la FFM.
Nota de prensa