El Partido Popular ha iniciado una ofensiva parlamentaria para evitar que Baltasar Garzón controle la Fiscalía a través Dolores Delgado, con la que mantiene una estrecha relación de amistad desde hace años, y sus afines.
Para ello, y gracias a informaciones desveladas en Libertad Digital en los últimos días, los populares han registrado una batería de preguntas en las que cuestionan al gobierno por la actuación de Delgado tras publicarse las imágenes de su escapada a Roma con Garzón en la semana que el Gobierno impulsa la Ley de Memoria Democrática.
Además, desde el PP preguntan por la actuación del teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, que ha recibido muchas críticas internas en los últimos días tras pedir en un informe que las 20 querellas presentadas contra el Gobierno de Pedro Sánchez por la gestión de la pandemia de la covid-19 fueran archivadas.
Navajas, además, arremetía este lunes duramente contra la ex fiscal general del Estado y una de los 4 fiscales del 1-O, Consuelo Madrigal, lo que provocaba las críticas de sus compañeros, tal y como desvelaba Libertad Digital.
Sobre estos asuntos y por iniciativa del número dos del PP, Teodoro García Egea, el PP preguntará en las próximas semanas también en la sesión de control parlamentario al Gobierno en el Congreso.
Preguntas de los populares
Por ahora, ya se ha preparado la batería de preguntas por escrito al Gobierno en la Cámara Baja. En una de ellas, desde el PP interpelan si “dado que un medio de comunicación ha constatado con imágenes gráficas la amistad manifiesta existente entre la Fiscal General y un conocido abogado y exmagistrado de este país, ¿tiene conocimiento el gobierno de España de que la fiscal general del Estado se haya abstenido en los procesos relacionados con el citado exmagistrado?”, preguntan desde el PP en referencia a Garzón.
Recuerdan también los populares en otra de estas preguntas que “las asociaciones de fiscales han solicitado reiteradamente la abstención de la fiscal general del Estado en el caso de las demandas y querellas que contra el gobierno se han presentado por su gestión al frente de la pandemia y que dieron lugar a una instrucción conocida como el Informe Navajas, y dado que dicha abstención no se ha producido al haber sido redactada la instrucción con la ayuda de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado cuyo máximo responsable es una persona nombrada por la fiscal general del Estado atendiendo a criterios de confianza, ¿considera el gobierno de España que la no abstención de la fiscal general del Estado pudiera constituir una quiebra de la independencia del poder judicial y en consecuencia podría incurrir en una de las causas de cese previstas en el artículo 31.1.c del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal?”.
En otra de las preguntas, los populares recuerdan las declaraciones de este lunes del número dos de la Fiscalía General del Estado, Luis Navajas, que ha manifestado en Onda Cero que decidió no apoyarse, para la elaboración de el denominado Informe Navajas, en la Junta de Fiscales de Sala del Supremo por estar algunos de sus miembros “contaminados ideológicamente” y que “con esta tropa no podía ir a la guerra” y “sí hacerlo en la Secretaría Técnica de la Fiscalía dirigida por un fiscal de la más estricta confianza de la Fiscal General del Estado”. En virtud de todo lo cual se pregunta “si el Gobierno de España conoce a qué guerra se refiere el fiscal Luis Navajas y si el Gobierno de España no considera que hay un claro conflicto de intereses al prescindir de la Junta de Fiscales de Sala en la elaboración del informe que fija el criterio que debe seguir la fiscalía en los casos de las denuncias y querellas presentadas contra el gobierno por su gestión al frente de la pandemia”.
Los populares también cuestionan al Ejecutivo si “considera que al no recurrir a la Junta de Fiscales de Sala por ‘la contaminación ideológica’ de alguno de sus miembros está incumpliendo la obligación de neutralidad e imparcialidad en el ejercicio de su función” y si “la fiscal general del Estado podría, al no haberse abstenido plenamente por cuanto fueron personas de su confianza pertenecientes a la Secretaría Técnica, haber incurrido en un fraude de Ley y por tanto en una de las causas previstas para su cese en el artículo 31.1.c de la Ley por la que se aprueba el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal”.