Tras consultar a más de doscientas setenta y cuatro (274) personas entre víctimas y sus familiares de la represión, ex policías y especialistas, la citada misión determinó que en las cárceles políticas, específicamente en El Helicoide, La Tumba, sedes visibles del Sebin y en Boleita, asiento oficial de la Dgcim, se tortura y se infligen tratos crueles e inhumanos a los detenidos. El Capital Rafael Acosta Arévalo y Fernando Albán testimoniaron con sus vidas esos episodios. Pero también hay lugares clandestinos bajo administración de esos cuerpos policiales donde la tortura es la norma. El escalofriante número de víctimas indica que el asesinato y la tortura son una política de Estado y que no se trató de hechos aislados. El secuestro, el martirio a los presos y el crimen cometidos por los funcionarios policiales con el avenimiento de los jefes, hicieron descender a los ejecutores de tales hechos al sitial más bajo e inimaginable del alma humana.
Este informe no es una acusación contra la Fuerza Armada Nacional y las policías, sino más bien contra personas determinadas, específicas, que denigraron del honor militar y policial con la comisión de actos reñidos con la ley. Tal como afirmó el doctor Julio César Strassera, el juez que llevó a la cárcel a los jefes militares argentinos, que se consideraban todopoderosos, mientras mantuvieron el poder: “El sadismo no es una ideología política ni una estrategia bélica sino una perversión moral”. Para que la FAN se reivindique ante los venezolanos debe deslastrarse de esos sujetos, contumaces violadores de los derechos humanos, para así quienes la degradaron con su conducta sean excluidos de la institución. La justicia no es venganza como tipo penal específico. Es una forma de reparar el daño causado a otro, para que la pena infligida al condenado sirva para disuadir a potenciales infractores de la ley. Dijo Dante sobre el séptimo círculo del infierno “Estos son los tiranos que vivieron de la sangre y la rapiña y aquí se lloran sus despiadadas faltas”.