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Este martes, los abogados Luis Magallanes y Marbella Gutiérrez acudieron a la sede del Ministerio Público en Caracas para denunciar junto a familiares la arremetida del alcalde usurpador del municipio Veroes, César García, del estado Yaracuy, contra dos menores de edad. Los jóvenes resultaron heridos de bala y sometidos en la maleta de un carro vinculado a funcionarios del régimen.
Desde la Fiscalía General de la República, Magallanes explicó que las víctimas decidieron acudir a este organismo ante “el silencio y la complicidad” existente en Yaracuy, donde no aún no hay responsables por estas agresiones cometidas el 26 de septiembre.
“En Yaracuy, el Fiscal Superior, Óscar Vaquero, se negó a recibir la denuncia y ordenó que no se tramitara ningún procedimiento contra el usurpador de Veroes. Hoy lo que hicimos fue introducir la denuncia ante la Dirección de Delitos Comunes de la Fiscalía General, y se nos indicó que debemos esperar la respuesta del Subdirector de delitos comunes sobre la admisión o desestimación de la denuncia”, explicó el abogado.
Magallanes consideró esta agresión como un acto “írrito” que forma parte de la política de terror adelantada por el Estado criminal y alertó sobre la impunidad generalizada que se cierne sobre casos como este. En este sentido, envió una alerta a la comunidad internacional sobre la radicalización de estos eventos e insistió en la necesidad de presionar con los mecanismos internacionales existentes para frenar el avance de la tiranía.
El 26 de septiembre pasado, el usurpador de la Alcaldía de Veroes, César García; junto a concejales y choferes de esa institución se vistieron de milicianos y salieron a recorrer el municipio, arremetiendo contra distintos ciudadanos que estaban en la calle. En la noche, en la zona de El Guayabo, los jóvenes de la denuncia se trasladaban en motocicleta cuando fueron interceptados por esos funcionarios y tras una corta persecución, impactados con un arma de fuego, con dos y tres disparos, cada uno.
“Fueron recogidos, encapuchados y llevados en la maleta del carro del alcalde usurpador y trasladados por distintas partes de la localidad. Los jóvenes dicen que los funcionarios hablaban de asesinarlos y al final los llevaron al CDI de El Guayabo para asistencia médica. La persona supuestamente señalada como responsable de los disparos fue liberada y el Ministerio Público del estado no recibió la denuncia”, agregó el abogado. /Nota de Prensa