La comunidad de Cataluña ordenó el martes la reducción a la mitad de los alquileres de establecimientos comerciales tales como bares y restaurantes que han tenido que interrumpir su actividad debido a la pandemia, para aquellos casos en que no se ha llegado a un acuerdo previo entre inquilinos y propietarios.
El decreto ley, aprobado por el Gobierno catalán, busca ayudar a los negocios, incluyendo salas de bingo, casinos y salones de belleza, a los que desde el pasado viernes ordenó echar el cierre por un periodo de al menos 15 días ante el aumento de casos de coronavirus.
Cataluña es, después de Madrid, la segunda región más afectada por la COVID-19 de toda España.
El decreto establece que si en un mes los dueños de un negocio cuya actividad ha tenido que ser suspendida no llegado a un acuerdo con los propietarios del establecimiento para reducir su alquiler mensual, éste se reducirá automáticamente en un 50% desde el día en que el inquilino notificó su deseo de negociar, dijo a los medios de comunicación la portavoz del gobierno catalán, Meritxell Budó.
El descuento se aplicaría sólo mientras el negocio esté obligado a permanecer cerrado debido a la crisis sanitaria.
“El objetivo es evitar el cierre de empresas, la pérdida de puestos de trabajo y los conflictos legales”, dijo Budó, añadiendo que el gobierno catalán no descarta ayudar eventualmente a los propietarios afectados por los recortes del alquiler.
Los negocios que permanezcan abiertos pero que se hayan visto obligados a reducir su aforo verán reducidos sus alquileres en el mismo porcentaje en que tuvieron que reducir su capacidad, de modo que en el caso de los gimnasios será del 50% y del 70% para los comercios.
El ejecutivo catalán también aprobó el martes 40 millones de euros (47,22 millones de dólares) en ayudas a los negocios obligados a echar el cierre, así como una línea de financiación de 20 millones de euros. Reuters