El Frente Institucional Militar (FIM), la organización que agrupa a más militares en reserva activa del país, considera “flagrante violación a nuestra Constitución de la República” la Ley Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos. Esa norma, aprobada por la Asamblea Constituyente, el 8 de octubre de 2020, ha sido rechazada por militares, religiosos, dirigentes opositores y de la revolución, incluyendo algunos constituyentes.
Por Sebastiana Barráez / infobae.com
En el caso del FIM califican de aberrante “la mal llamada Ley Antibloqueo, en la que está explícita una capacidad real para vulnerar el patrimonio nacional en todos sus ámbitos, económico, geográfico, humano, e incluso el derecho a la propiedad que como ciudadanos se nos garantiza”.
El FIM está constituido por 263 oficiales en reserva activa de diversos componentes y grados militares, encabezado por el Vicealmirante Rafael Huizi Clavier; GB (Ej) Teodoro Díaz Zavala, Vicepresidente; Coronel (Ej) Rubén D. Bustillos Rávago, Secretario de Organización; el representante de la Armada, Capitán de Navío Pedro Betancourt; por la Aviación, Coronel (Av.) Ángel Rodríguez Campos; GB (GN) Simón Figuera Pérez, por la Guardia Nacional. Los expresidentes GD (Av) Manuel Andara Clavier, GB (Ej) Juan Antonio Herrera Betancourt y GB (GN) Miguel Aparicio Ramírez.
Expresaron su más airada protesta y solicitan su total desconocimiento por inconstitucional y debido a varios hechos, destacando en primer lugar que “sólo la legítima Asamblea Nacional está facultada para emitir leyes, no existe en nuestra Carta Magna la facultad de emitir leyes que lleven el nombre de ‘constitucionales’ ni se puede aprobar ninguna ley para abrogar o suspender los derechos instituidos a los ciudadanos en el articulado que conforma nuestra máxima Ley”.
Recuerdan que la Asamblea Nacional Constituyente “no fue aprobada por el pueblo como órgano del Estado y por consiguiente ningún documento emitido por ella tiene valor legal, en el caso negado de ser un órgano legítimo para redactar una nueva Constitución, sería esta la única atribución que podría conferírsele”.
En tal caso, dicen que “tanto el nuevo texto constitucional, como todo acto aprobado por ella, tendría que ser sometido al escrutinio y la aprobación de los venezolanos que, como pueblo, es el único mandatario universal del aparato gubernamental y la suprema autoridad del Estado”.
Según el Frente Institucional Militar, que preside el Vicealmirante Rafael Huizi Clavier, “defender la patria y sus instituciones tal como éstas están consagradas en nuestra Constitución, fue nuestro juramento que no está extinguido, por lo que nos oponemos a que las mismas sean lastradas y pisoteadas por usurpadores con las únicas armas de las que disponemos en nuestra actual situación de retiro, la palabra y la persuasión”.
Llamado a oponerse
Hace el FIM un llamado “a todas las fuerzas vivas del país a que se opongan a quienes, con esta ‘ley’, sólo están ávidos de poder y riqueza subyugando a la ciudadanía, conculcando nuestra estructura legal y apropiándose de todas las riquezas que nuestro trabajo ha creado y nuestro territorio atesora en su suelo y subsuelo. ¡Ya basta!”.
Ratifican que creen en el voto popular como el arma más efectiva para la ciudadanía en defensa de sus derechos, la democracia y la libertad. “Repetimos nuestro llamado de alerta para que el país no se deje confundir por un irracional llamado a unas fraudulentas elecciones, convocadas por un organismo ilegal, conformado solo por títeres designados por la usurpación”.
Consideran que el llamado a comisiones electorales, que hace Nicolás Maduro, no será posible, “sin atender a los requerimientos de Ley, sin la participación de los más destacados dirigentes de la mayoría ciudadana del país, imponiendo los partidos en su configuración vulnerada por ilegales disposiciones judiciales y bajo la premisa que, aún con esas arbitrarias disposiciones, quienes resulten electos deberán someterse a los designios de los usurpadores, ya que en caso contrario serán perseguidos, encarcelados y hasta asesinados como lo han hecho hasta ahora después del resultado de las elecciones celebradas en lo que va de siglo”.
Se mostraron contestes con la consulta popular convocada por Juan Guaidó. “Exhortamos a las fuerzas vivas a cooperar en el éxito de esta acción y al pueblo todo, a concurrir masivamente demostrando sus anhelos de libertad y democracia para nuestra maltratada Venezuela en esta aciaga hora de tiranía y despotismo”.
Finaliza diciendo el FIM que “tratamos de aportar y colaborar con las soluciones que se presentan al país, y tenemos pleno conocimiento de que muchos valiosos venezolanos, en grupos e individualmente, mantienen su permanente actividad creativa en la búsqueda de soluciones para lograr la libertad y la democracia”.
También el Frente Cristiano
Gerin Páez Martínez, en representación del Frente Cristiano para la Defensa de la Constitución y de la Democracia, expresó “nuestro total rechazo a la mal llamada Ley Antibloqueo (LAB) aprobada por la inconstitucional e ilegítima Asamblea Constituyente”.
Denuncia que la LAB “pretende ser una Ley superior a la Constitución vigente, que la justifica, de manera engañosa, como herramienta jurídica para ‘contrarrestar, mitigar y reducir, de manera efectiva, urgente y necesaria, los efectos nocivos generados por la imposición, de medidas coercitivas unilaterales’, es decir las sanciones impuestas por otros países a entidades y sujetos venezolanos”.
Dice que la realidad socio política de Venezuela no es precisamente por un bloqueo internacional, “sino por el régimen con la política sistemática de destrucción masiva de los habitantes del país y sus instituciones”.
Hace un llamado a la población a “no dejarse engañar y comenzar a concientizar y conocer los Derechos y los Deberes que nos asisten para que defendamos lo que nos queda de país y reconstruyamos una nueva nación”, dice recordando que el Artículo 2 de la Constitución resalta que “Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia”.
A su juicio la LAB “pretende desaplicar las normas constitucionales relativas a las atribuciones del Poder Público Nacional, para extinguir la República y pretender legitimar, por vía del engaño y el desconocimiento de la población; aniquilando el estado de Derecho, destruir la Institucionalidad del país y formalizar la tiranía”.
El objetivo sería que “los personeros del régimen, para su beneficio personal, se apropien de todos los recursos, bienes de la nación, empresas del estado, aun las mixtas, todo ello de forma secreta, al establecer en la cuestionada Ley un sistema de confidencialidad y reservas; es decir todo se hará en secreto”.
“No existe ni les impide seguir con el saqueo sostenido, continuado y criminal que hacen de los Recursos de nuestra Nación, y materializar así la política de lesa humanidad a la que tiene sometido esta población, sin alimentos, medicinas, energía eléctrica, gas, transporte, gasolina, agravado por no contar con recurso y condiciones de protección sanitaria frente a la pandemia”.
Páez Martínez considera que el verdadero objetivo de la Ley “es destruir y extinguir la población venezolana y adueñarse de nuestro territorio y sus recursos. Por ello convocamos a los venezolanos dentro y fuera del país y a toda la Comunidad Internacional a conocer más nuestro texto Constitucional y comparar lo expresado en la Ley Antibloqueo con la Constitución”.
“Es hora de salir de la tiniebla de la ignorancia; como dice la escritura: Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento”, finaliza diciendo Gerin Páez Martínez del Frente Cristiano para la Defensa de la Constitución.