La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, reclamó este viernes una “investigación imparcial”, después de que el Parlamento del país haya sugerido que sea juzgada por delitos como genocidio.
Jeanine Áñez reaccionó a través de Twitter al informe de una comisión parlamentaria aprobado el jueves por la noche por la Asamblea Legislativa de Bolivia, con mayoría del Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido del expresidente boliviano Evo Morales.
“El MAS me inicia juicios”, publicó Áñez en la red social, en un mensaje en el que defiende que es “inocente” de las acusaciones del Parlamento y pide “una investigación imparcial”.
“Voy a defenderme y lo haré desde Bolivia (…) aquí estoy y doy la cara”, añade la mandataria transitoria del país, en el que el próximo 8 de noviembre está previsto que tome posesión como nuevo presidente Luis Arce, ganador por el MAS de las pasadas elecciones del 18 de octubre.
El informe de una comisión de investigación recomienda un juicio de responsabilidades, un mecanismo previsto en la Constitución boliviana para procesar a altas autoridades del Estado como su presidente, por muertes de al menos 26 personas durante la crisis política y social que atravesó Bolivia el año pasado.
La comisión mixta entre las cámaras de Senadores y de Diputados considera que hubo “masacres” en ciudades bolivianas como El Alto y Sacaba, en las que murieron en cada caso diez civiles por disparos durante operativos militares y policiales en noviembre de 2019.
Además de Áñez, la comisión recomienda que se procese a once miembros de su gabinete por 26 muertes, un centenar de heridos y numerosos detenidos en lo que califica de “represiones policiales y militares” tras las elecciones generales de 2019.
Aquellas elecciones dieron como ganador al entonces presidente Evo Morales, pero luego fueron anuladas entre denuncias de fraude a su favor, que él siempre ha negado y que siguen bajo investigación judicial.
Morales anunció el 10 de noviembre del año pasado su renuncia, denunciando que era forzado por un golpe de Estado para negarle una nueva victoria electoral para un cuarto mandato consecutivo.
Jeanine Áñez, entonces una senadora de la oposición, activó dos días después un mecanismo sucesorio ante vacíos de poder para asumir la Presidencia de forma interina.
El país atravesó entre octubre y noviembre de 2019 una grave crisis política y social, con episodios de violencia que provocaron al menos 37 muertos y más de 800 heridos según la Defensoría del Pueblo de Bolivia.
EL NUEVO PARLAMENTO TENDRÁ QUE DECIDIR
El informe insta a que la Fiscalía procese a Áñez por delitos como genocidio, asesinato en grado de tentativa, desaparición forzada de personas y asociación delictuosa, junto a once ministros y exministros de su gabinete, altos mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana.
Además de pedir la destitución de una fiscal y de criticar la lentitud de la Justicia en la investigación de estos casos, que ha sido también denunciada por familiares de las víctimas.
El nuevo Parlamento salido de las recientes elecciones que tome posesión el próximo 8 de noviembre será el que decida si inicia el juicio de responsabilidades, para lo que se necesita el apoyo de dos tercios de la Asamblea Legislativa.
El MAS tenía estos tercios hasta ahora, pero el periodo parlamentario cerró la pasada noche con la aprobación del informe y en el próximo Legislativo tiene mayoría simple.
Las muertes en El Alto y Sacaba han sido calificadas de masacres por organismos internacionales y entidades pro derechos humanos de dentro y fuera del país, mientras el Gobierno interino de Bolivia ha argumentado que no fueron por disparos de fuerzas del orden sino entre los propios manifestantes.
EFE.