El Congreso de Perú aprobó este lunes someter nuevamente a un juicio de destitución por supuesta “incapacidad moral” al presidente Martín Vizcarra, quien deberá comparecer ante el plenario el 9 de noviembre para defenderse.
“Ha sido admitida la moción de vacancia de la presidencia de la república”, dijo el primer vicepresidente del Congreso, Luis Valdez en una sesión virtual que duró tres horas.
El juicio fue aprobado por 60 votos a favor, 40 en contra y 18 abstenciones. Doce congresistas de los 130 estaban ausentes o con licencia.
Esta nueva moción de vacancia fue presentada el 20 de octubre por el partido Unión por el Perú (UPP), bajo la causal de permanente incapacidad moral.
El partido se basa en las declaraciones de varios empresarios ante la fiscalía de que pagaron coimas a Vizcarra a cambio de contratos de obras públicas cuando el presidente era gobernador de la región de Moquegua, al sur de Lima, en 2014.
“El presidente Martín Vizcarra tuvo un comportamiento inapropiado. No podemos permitir que siga mintiendo al país”, dijo la congresista Yessica Apaza de UPP.
– Vacancia en medio de pandemia –
En medio de pandemia del coronavirus, el presidente ya superó el 18 septiembre una moción de destitución en el Congreso, acusado entonces de instar a mentir a dos asesoras en una investigación sobre contratos al cantante Richard Cisneros, según unos audios filtrados. Esto llevó al Congreso a abrirle un juicio de destitución.
Seis de los nueve partidos con representación en el Congreso, entre ellos UPP y Acción Popular anunciaron la presentación de la moción para declarar la “vacancia” de la presidencia.
El Congreso no reunió los votos suficientes para sacarlo del poder.
“No hay una prueba de las imputaciones. Un proceso de vacancia desestabiliza al país. Estoy seguro de que el Congreso no va a caer en el juego de un grupo político que busca el caos”, dijo a la prensa Vizcarra de 57 años, quien carece de partido y bancada.
“Es un poco anecdótico porque se están acostumbrando a hacer una vacancia por mes, no el parlamento en su conjunto, sino un grupo político”, agregó.
El 11 de octubre, Vizcarra negó haber recibido pagos ilegales en 2014, cuando era gobernador, a cambio de aprobar contratos para constructoras envueltas en el escándalo de corrupción de la brasileña Odebrecht.
“Niego absoluta y categóricamente” haber recibido pagos ilegales, dijo Vizcarra, luego de que el diario local El Comercio revelara que un testigo declaró ante fiscales que empresas “hicieron un pago ilícito de un millón de soles (casi 300.000 dólares) al hoy presidente Martín Vizcarra”.
El diario limeño afirmó que un implicado que aspira a ser colaborador eficaz para reducir una eventual condena, declaró al fiscal Germán Juárez que “la empresa Obrainsa y su socia Astaldi, de capital italiano”, hicieron el supuesto pago ilegal en 2014.
Para que la moción fuera admitida a debate se necesitaban 52 votos a favor de los 130 del pleno del Congreso.
Una vez superada esa fase, el Congreso necesita dos tercios de los votos, es decir, 87 congresistas a favor de la moción para retirar al presidente de su cargo.
El mandatario tiene que presentarse o enviar a su abogado al Congreso el lunes 10H00 locales (15H00 GMT) para defenderse.
En septiembre de 2019 el mandatario disolvió constitucionalmente el Parlamento y convocó nuevos comicios legislativos para superar otra crisis.
La corrupción es uno de los grandes males de Perú, donde cuatro presidentes han sido salpicados por el escándalo de sobornos y aportes ilegales a campañas por parte de la constructora brasileña Odebrecht.
AFP