El presidente peruano, Martín Vizcarra, planea asistir el lunes al Congreso por segunda vez en menos de dos meses a responder por nuevas acusaciones de corrupción en un juicio político que buscaría su destitución, a cinco meses de unas elecciones generales y a ocho meses para que deje el cargo.
En la noche del domingo, Vizcarra rechazó una vez más las denuncias y criticó nuevos reportes de la prensa local que revelaron la cercanía con un colaborador de la justicia que ha acusado al mandatario de recibir sobornos cuando fue gobernador de una región del sur del país hace siete años.
Para destituir a Vizcarra, que asumió el poder en 2018 tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski por un caso de corrupción, el Congreso debe reunir 87 votos de los 130 del legislativo.
En el primer intento el 18 de septiembre para despedir a Vizcarra, de 57 años, la vacancia fue apoyada sólo por 32 votos.
“Durante las últimas semanas, he venido siendo atacado de forma sistemática, a través de la difusión de reportajes que tienen como objetivo principal dañar la confianza que el pueblo peruano ha depositado en mí”, afirmó Vizcarra en un comunicado.
“Esto constituye un nuevo intento de generar inestabilidad política en el país”, refirió el mandatario que deberá presentar sus descargos desde las 10.00 hora local (1500 GMT).
Es poco probable que expulsen al mandatario, pero el Congreso dominado por la oposición luce dividido mientras que muchos partidos alistan sus maquinarias para la campaña de las elecciones presidenciales y congresales del 11 de abril.
Unos 32 legisladores votarían por su expulsión, 52 aún no definen su posición y 46 rechazarían o se abstendrían de votar, según un cálculo realizado por el diario El Comercio.
El pedido para echar al presidente fue presentado por 27 legisladores en octubre tras la difusión de reportes de que Vizcarra supuestamente recibió, cuando fue gobernador de la región Moquegua, 640.000 dólares en sobornos de dos empresas que ganaron la licitación de obras públicas.
Por estos casos dos fiscales ya investigan al mandatario.
¿DEMOCRACIA EN JUEGO?
Vizcarra, que no tiene representación en el parlamento, ha dicho varias veces que la denuncia es falsa y acusa al Congreso -elegido este año tras la disolución del anterior tras un duro enfrentamiento con el mandatario- de estar “jugando” con la democracia en medio del brote de la pandemia.
Si Vizcarra es destituido declarando la vacancia de su cargo por “incapacidad moral” para gobernar, el jefe del Congreso, Manuel Merino, del partido de centro Acción Popular -que tiene la primera minoría en el Legislativo-, asumirá la presidencia.
Los empresarios, que han retomado la actividad productiva tras una dura cuarentena y un histórico estímulo económico del Gobierno, han invocado “prudencia” a los poderes del Estado.
“Es necesario hacer primar la estabilidad y la calma; un cambio drástico en la conducción de la nación no sería lo más conveniente en esta coyuntura”, dijo un comunicado del poderoso gremio de empresas privadas, CONFIEP, difundido el domingo.
Un 54% de peruanos apoya la gestión de Vizcarra, según un sondeo de la firma Ipsos Perú en octubre. Además, un 78% dice que el presidente no debe ser echado por el Congreso, aunque sí que debe responder ante la justicia al final de su mandato.
La turbulencia política en Perú ocurre cuando los casos de coronavirus suman 922.333 y los muertos 34.879. Asimismo, la cuarentena por la pandemia afectó duramente a la economía del país minero, que caerá este año un 12,7%, según proyecciones.
Perú, que ha liderado por muchos años el crecimiento en América Latina, ha transitado por constantes escándalos de corrupción que han llevado a tres expresidentes a prisión preventiva y otro al suicidio en las últimas dos décadas.
Reuters