El primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, señaló este miércoles que es poco probable que los 16.000 ciudadanos venezolanos, a quienes se les otorgó estatus legal para permanecer en ese país en 2019, sean deportados o repatriados.
Rowley hizo esa aclaración en un segundo comunicado emitido en medio de la polémica por la repatriación de 16 menores venezolanos, acompañados por algunas madres, desde el país caribeño y que volvieron al territorio insular tras cerca de 48 horas de incertidumbre en las que no se conoció su paradero
En su última declaración, Rowley acusó al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) de explotar esta crisis para inflar y sostener sus propios presupuestos operativos.
Dijo que el registro abierto para venezolanos de 2019 dio una cifra de 16.000 personas, pero el personal del ACNUR trató de inflarla.
Matizó además que se dio apoyo y registro legal a los venezolanos que actualmente están en Trinidad y Tobago, muchos de los cuales, dijo, entraron ilegalmente en el país.
NO HAY DERECHO A RECLAMAR A TODOS SUS FAMILIARES
Rowley matizó que eso no significa que ahora tengan derecho a reclamar a todas sus familias, tras indicar que esos procesos se rigen por las leyes existentes, incluido un sistema de visados.
Subrayó además que le preocupa la situación de los venezolanos que viven en Trinidad y Tobago, ya quedan en una situación complicada ganándose la vida a duras penas con niños que no pueden recibir una educación adecuada.
“Es evidente que la deportación a gran escala o la repatriación forzosa no es una opción viable. Es en este contexto que la protección de todas las personas dentro de nuestras fronteras debe tener sus circunstancias presentes y futuras protegidas por nuestro conjunto de leyes promulgadas específicamente para este propósito”, dijo Rowley.
También rechazó las críticas del legislador Roodal Moonilal, quien dijo que la “acción del gobierno, es moral, legal y constitucionalmente indefendible”, además de exigir una reunión urgente del comité de seguridad nacional para investigar las circunstancias de la deportación de los niños venezolanos.
Rowley acusó además a Moonilal de oportunista, tras recordar que ningún un país que ha hecho más que Trinidad y Tobago en la región en respuesta a la difícil situación de los inmigrantes venezolanos.
UN JUEZ ORDENÓ LA LIBERACIÓN DE LOS MENORES
Un juez del Tribunal Superior ordenó la liberación inmediata del grupo de menores de un centro de detención de inmigrantes en el helipuerto de la Guardia Costera en Chaguaramas, en el norte de la isla de Trinidad.
La jueza Joan Charles ordenó la liberación del grupo tras alegar que las leyes y políticas de inmigración de Trinidad y Tobago no prevén la detención y deportación de niños.
Como los menores debían ser puestos en libertad bajo la custodia de familiares, Charles también tuvo que ordenar la puesta en libertad de sus madres, que también estaban detenidas en espera de la deportación, según detallan medios locales.
Los menores venezolanos fueron deportados durante el fin de semana pasado, aunque ayer regresaron a Trinidad y Tobago después de días en el mar en paradero desconocido.
Los menores, el más joven un bebé de 4 meses, llegaron a primera hora de la tarde del martes a la playa de Los Iros, cerca de la localidad de Erin.
Los medios de Trinidad y Tobago recogen hoy testimonios de la dramática llegada de los niños, de vuelta, al país.
En junio pasado, más de 16.000 inmigrantes venezolanos se registraron para trabajar y vivir en Trinidad y Tobago.
Las autoridades de Trinidad y Tobago se vieron entonces desbordadas por la llegada de venezolanos que atestaban los centros de registro establecidos en las principales localidades del país.
Algunos venezolanos se quejaron del largo progreso, demoras, tener que regresar en varias ocasiones y de otras complicaciones para quienes buscaban registrarse.
EFE