El Parlamento iraní aprobó este martes las líneas generales de un proyecto de ley que urge a dar más pasos para impulsar el programa nuclear del país –que viola el acuerdo de 2015–, entre ellos enriquecer uranio al 20 %, pese a la oposición del Gobierno.
El llamado Plan de Acción Estratégico para el Levantamiento de las Sanciones y Protección de los Derechos de la Nación iraní incluye nueve artículos y ha sido aprobado pocos días después del asesinato del científico nuclear iraní Mohsen Fajrizadeh.
Uno de los artículos más importante estipula producir y almacenar cada año 120 kilogramos de uranio enriquecido al 20 por ciento, muy por encima del 3,67 por ciento de pureza que permite el pacto nuclear.
La Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI) deberá además cada mes producir 500 kilogramos de uranio enriquecido de bajo nivel, según el proyecto, que todavía debe superar otros pasos como ser aceptado por el Consejo de Guardianes para convertirse en ley.
REACTORES Y CENTRIFUGADORAS
Asimismo, este plan prevé la puesta en marcha de una fabrica de producción de uranio metálico en Isfahán, la restauración del reactor de agua pesada de Arak, y el diseño de otro reactor de agua pesada de 40 MW.
La moción también implica realizar actividades de enriquecimiento de uranio con al menos 1.000 centrifugadoras avanzadas IR-2M en la instalación de Natanz dentro de los tres meses posteriores a la ratificación de la ley.
El pacto nuclear, conocido como JCPOA en sus siglas en inglés y firmado por Irán y seis grandes potencias en 2015, solo permite el uso de centrifugadoras de primera generación.
El JCPOA se encuentra muy debilitado desde la retirada unilateral de EE.UU. y su reimposición de sanciones a Irán, que en represalia comenzó en 2019 a reducir el cumplimiento de sus compromisos.
Para presionar más al resto de firmantes para que contrarresten las sanciones estadounidenses, el artículo 6 del plan del Parlamento incluye la opción de detener la implementación voluntaria por parte de Irán del Protocolo Adicional del Tratado de No Proliferación (TNP), que otorga mayor acceso a los inspectores del OIEA.
El proyecto especifica que si los otros signatarios no cumplen con sus obligaciones, normalizando las relaciones bancarias y eliminando las barreras a la exportación de petróleo iraní, dos meses después de la adopción de la ley el Gobierno ha de incumplir el citado protocolo.
Estas medidas, en especial cualquier limitación a las inspecciones internacionales, pueden suponer el fin del histórico JCPOA, que limita el programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de las sanciones.
OPOSICIÓN DEL GOBIERNO
La ofensiva del Parlamento, dominado por los conservadores, no es vista con buenos ojos por el Gobierno, cuyo portavoz, Alí Rabií, subrayó hoy que las decisiones respecto al JCPOA dependen del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y no del Parlamento.
También el portavoz del Ministerio de Exteriores, Said Jatibzadeh, aseguró que el plan “no ha tomado en cuenta” las opiniones del Ejecutivo ni de su departamento.
“El Gobierno ha declarado que actualmente este plan no es necesario ni útil”, dijo en rueda de prensa Jatibzadeh, quien instó a los diputados a reconsiderar su opinión.
Tras la aprobación preliminar del proyecto, los diputados gritaron lemas como “Dios es grande”, “muerte a EE.UU.” y “muerte a Israel”.
Los ánimos están especialmente caldeados desde el asesinato el pasado viernes del científico Mohsen Fajrizadeh, del que Teherán ha acusado a Israel y al grupo opositor en el exilio Muyahidin al Jalq.
Fajrizadeh era jefe de la Organización de Investigación e Innovación del Ministerio de Defensa y, según Occidente e Israel, dirigió el antiguo programa secreto iraní para desarrollar armas atómicas, del que Teherán siempre ha negado su existencia.
EFE.