La Comisión Presidencial para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas registró un total de 378 presos políticos hasta el 31 de octubre de 2020. De esta cifra, 60.58% son funcionarios activos o retirados de algunos de los cinco componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que fueron privados de libertad arbitrariamente por presuntamente realizar, instigar o planear “actos subversivos en contra del gobierno de Hugo Chávez o del ilegitimo régimen de Nicolás Maduro”, dependiendo del caso.
En el informe "Relatos de Tortura: La Realidad Silenciosa de los Militares Privados de Libertad", presentado por la Comisión Presidencial para DDHH este 10 de diciembre, la coordinación de Derechos Civiles y Políticos examinó 22 casos de personas pertenecientes a la FANB, quienes fueron señalados por su presunta responsabilidad en la ejecución de actos contra el régimen.
Las causas registradas fueron: Golpe azul, Francotiradores, Operación Libertad, Paramacay,
Armagedón, Drones, Cotiza, Constitución, Operación Vuelvan Caras, entre otras.
De los 22 casos reconocidos, 21 corresponden a víctimas de sexo masculino y 1 de sexo femenino, de alta, media y baja jerarquía.
De igual forma, la Comisión señala como responsables directos del sufrimiento físico y mental
perpetrado contra militares privados de libertad a varios agentes de cuerpos de seguridad del
Estado (principalmente adscritos al SEBIN y DGCIM), así como algunos jueces, fiscales, defensores públicos y médicos forenses que han intervenido de una forma u otra para intentar encubrir las violaciones cometidas y explicó que la mayoría de los hechos de tortura u otros tratos crueles, inhumanos y degradantes se llevaron a cabo en centros formales de reclusión, especialmente en el marco de interrogatorios realizados previos a la audiencia de presentación, mientras que otros ocurrieron durante el tiempo que las víctimas permanecieron en celdas de castigo y/o adaptación.
La Comisión también tuvo información de torturas ejecutadas en centros clandestinos.
Entre los actos de tortura física y mental infringidas a las víctimas destacan la desnudez forzada y amenazas de desmembramiento o quemaduras, golpizas en distintas partes del cuerpo con
objetos contundentes (entre ellos tablas, bates, palos de pico y fusiles), asfixia por ahorcamiento, inmersión del rostro en tobos de agua, en bolsas plásticas (frecuentemente impregnadas de gas lacrimógeno), electrocución en distintas partes del cuerpo, esposas excesivamente apretadas, suspensión con cadenas, aislamiento, privación de agua y alimentos por tiempo prolongado, sometimiento a bajas temperaturas y prohibición de aseo durante días.
Asimismo, la Comisión señala que debido a las practicas sufridas los militares privados de libertad ameritan atención médica según sus patologías, ya que en algunos de los casos los daños causados son irreversibles e incluyen parálisis permanente de distintas partes del cuerpo, infertilidad derivada de un aborto forzado, mutilación física y pérdida absoluta de uno o más de los sentidos.
“Lamentablemente, en un caso documentado la víctima falleció como consecuencia de las
brutales torturas ejecutadas en su contra”, detalló la Comisión.
La Comisión asegura que, al menos 3 víctimas de los casos incluidos en el presente informe
declararon ser castigados tras reunirse con oficiales de la ACNUDH o por suministrar información, incluyendo su testimonio a la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos. “Existe la posibilidad de que el número total de afectados por colaborar con la ONU sea mayor, sin embargo, debido a la suspensión de visitas decretada desde el mes de marzo de 2020 con ocasión del COVID-19 y mantenida a la fecha, gran parte de los familiares no han podido comunicarse con sus seres queridos; lo que impide recabar información actualizada al respecto”, dijo la Comisión.
Esta situación resulta alarmante, pues “pese a las frecuentes denuncias públicas realizadas por las víctimas, sus familiares, organizaciones nacionales e internacionales de DDHH y organismos
internacionales de protección, a la fecha el régimen siga negando la ejecución de torturas y otros tratos crueles en centros de reclusión formales y clandestinos. Situación especialmente
preocupante considerando el efecto disuasorio que ello produce en la apertura de investigaciones penales a nivel nacional en contra de los presuntos responsables, al punto que, de los 22 casos documentados en el presente informe, solo 1 se encuentra siendo investigado”.
En la actualidad, a pesar de que el gobierno ilegitimo declaró una “cuarenta flexibilizada” los
familiares de los privados de libertad no han podido acceder a estos ni constatar su estado de
salud.
El documento formula 40 recomendaciones destinadas a investigar de forma inmediata e
imparcial el cumplimiento de las normas establecidas en el Protocolo de Estambul, sobre
sancionar a todos los responsables involucrados (especialmente a quienes ostentan un alto nivel jerárquico), reparar integralmente a las víctimas y ofrecer garantías de no repetición. En cuanto a la previsión de estos hechos, consideran pertinente formar a los cuerpos de seguridad del Estado en materia de derechos humanos.
La Comisión Presidencial para DDHH solicitó respetuosamente a la comunidad internacional,
organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales de protección, que evalúe la posible aplicación de la jurisdicción universal contra los individuos presuntamente responsables de las torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes identificados en el informe; que aboguen por la inmediata liberación de todos los presos políticos, civiles y militares en Venezuela y que acompañen a los familiares de los militares privados de libertad y les proporcionen espacios que les permitan denunciar a nivel internacional los vejámenes de los que son víctimas sus seres queridos.
Finalmente, el Comisionado Prado expresó su compromiso y solidaridad con los militares
“prometemos seguir alzando la voz para denunciar y exigir que se respeten sus derechos humanos todas las veces que sean necesarias”.
Nota de Prensa