Diciembre de 2020 cerró con un total de 54 violaciones a la libertad de expresión, siendo la intimidación, la censura y las restricciones administrativas los patrones más frecuentes que se tradujeron en 29 casos donde los principales victimarios siguen siendo los cuerpos de seguridad y funcionarios del Estado.
El último mes del año estuvo marcado por un evento electoral donde el impedimento a la cobertura, el hostigamiento, la intimidación y la censura, de manos de funcionarios de seguridad fue común en todo el país.
Efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, milicianos, y militares del Plan República negaron el acceso a periodistas, les gritaron, persiguieron, impidieron que capturaran fotografías e incluso borraron gráficas de la jornada sin importar que trabajadores de los medios de comunicación portaran la credencial otorgada por el Consejo Nacional Electoral.
Solo durante esta jornada registramos 25 violaciones a la libertad de expresión en los estados Carabobo, Miranda, Sucre, Vargas, Táchira, Guárico, Lara, Anzoátegui y Caracas.
Impiden la cobertura de la prensa independiente
Entre los 25 eventos registrados durante las votaciones del 6 de diciembre, resaltamos el hostigamiento verbal sufrido por la periodista Leomara Cárdenas, corresponsal de Crónica Uno, por parte de una miliciana quien la amenazó, le prohibió tomar fotografías y le exigió que le entregara el teléfono celular.
“Me encontraba a 50 metros del centro electoral, ni siquiera había llegado a la puerta del colegio. En dos oportunidades me ofendió, me pidió que le entregara el teléfono y le dije que no porque es mi herramienta de trabajo y ella no es ninguna autoridad. Amenazó con buscar al comandante del Plan República el cual nunca llegó” – Leomara Cárdenas
En otro hecho, un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) le gritó y prohibió tomar fotos a la reportera de Crónica Uno, Omarela Depablos, mientras cubría una pauta en el centro de votación Ambrosio Plaza, en Los Teques, estado Miranda.
En el estado Táchira, las periodistas Rosalinda Hernández del diario El Estímulo; Bleima Márquez, del portal La Nación Web; y Judith Valderrama, del Diario los Andes, fueron intimidadas verbalmente por efectivos del Plan República, cuando cubrían un centro educativo en el Barrio Alianza.
“Nos acercamos al sitio y empezamos a hacer unas imágenes del centro de votación, y un militar nos dijo en un tono grosero que no podíamos hacer fotos. Le dijimos que éramos periodistas y él nos reiteró que no podíamos fotografiar (…) Al final nos dijo que si no nos retiramos nos iba a sacar por las ‘malas’”. Rosalinda Hernández
Radicalización de violencia
Jamel Louka, reportero gráfico del diario La Antena, fue herido de bala el 2 de diciembre en Altagracia de Orituco, estado Guárico. Louka narró que fue interceptado por cuatro sujetos al llegar a su casa, le dispararon para que se bajara de su vehículo y lo intentaron secuestrar, pero al resistirse, le dispararon en el hombro.
El reportero hace denuncias frecuentes relacionadas con la gestión en su municipio y explicó que quienes los agresores le insistían en que dejara de denunciar, «me decían era que baje el volumen, que me quede quietico, que no hable más de la cuenta” expresó en entrevista con Espacio Público.
El primero de diciembre Miriam Lucena, Directora del Hospital Pediátrico Agustín Zubillaga, mandó a sacar del centro asistencial a la reportera del portal digital Venezolanos por la Información (VPITV), Andreína Ramos, cuando entrevistaba a una persona sobre la implementación del nuevo Plan de Inmunización en Barquisimeto, estado Lara. Lucena ignoró que la periodista hacía su trabajo en un lugar público, el personal que desalojó a Ramos aseguró que allí mandaba Lucena, y que tenía que salir del hospital.
Otras formas de impedir la cobertura, limitar el acceso a la información, y perseguir el trabajo de defensores de DDHH
Javier Tarazona, director de la ONG FundaRedes, fue citado nuevamente a declarar ante la Fiscalía número 22, después de denunciar a través de un informe las rutas del narcotráfico usadas en la frontera venezolana. El 3 de diciembre declaró por más de cuatro horas en lo que calificó como un proceso de intimidación que busca silenciarles.
En entrevista para Espacio Público destacó que consignaron una denuncia formal sobre las pistas clandestinas y la presencia de grupos paramilitares como el ELN y las FARC en territorio venezolano quienes estarían presionando a la población para que participara en el evento electoral del 6 de diciembre.
Equipos periodísticos de los medios: El Pitazo, Crónica Uno, Todos Ahora, El Universal, Cima 360 y Noticias de Aquí denunciaron que fueron excluidos del cronograma de distribución de combustible de la zona norte de Anzoátegui, lo que les impide realizar recorridos debido a la escasez.
La semana siguiente del evento electoral impulsado por Maduro, la sociedad civil y la Asamblea Nacional llevaron adelante una Consulta Popular. El observatorio de Internet VE Sin Filtro denunció que la estatal Cantv bloqueó los servidores de la aplicación Voatz, principal herramienta para la participación en la Consulta.
El pasado 26 de diciembre VE Sin Filtro también registró una caída de Internet de la proveedora estatal CANTV. A partir de las 10:50 de la mañana la conectividad había caído casi a cero. Dos horas después ya había una recuperación del 40% en la conectividad.
Las violaciones a la libertad de expresión son una amenaza a la cobertura libre y abierta de los medios de comunicación, cuyo papel es neurálgico en época de elecciones, el contexto empeora cuando las principales víctimas son los periodistas en cobertura pues de su trabajo depende en gran medida que la población completa pueda vencer la desinformación.