Cada vez estoy más convencido que los venezolanos no hemos valorado adecuadamente la magnitud del daño que el chavismo durante veinte años le ha causado a Venezuela. La destrucción material es evidente: una economía cuyo tamaño en 2020 fue 70% inferior al que tenía de 2012, azotada por una hiperinflación que ya cumplió tres años y que ha devorado el ingreso de los trabajadores, con su sector petrolero en ruinas y en general con las empresas del Estado convertidas en chatarra. Hay otra dimensión de esa destrucción representada por una emigración masiva de talentos que literalmente ha vaciado al país de un recurso humano fundamental y una adicional, que reside en la liquidación de los incentivos para el trabajo y el emprendimiento.
Pero lo que sucede con la educación es para reflexionar. Es ese tipo de situaciones que no tiene espacio en los medios ni es objeto de debate porque tal vez no se presenta como un tema acuciante y visible. En lo que respecta a las universidades, el chavismo se propuso acabar con las universidades nacionales, públicas y privadas, y lo ha hecho de varias maneras. En primer lugar, privándola del presupuesto adecuado para su funcionamiento. La educación es costosa y si no cuenta con recursos suficientes la decadencia es obvia, tal como ha sucedido. Ante la insuficiencia presupuestaria, cada vez que la universidad hacia esfuerzos por arbitrar fuentes de financiamiento alternativo, rápidamente Chávez a través del ministro respectivo se encargaba de obstaculizar ese propósito. Con todo y ello algunas universidades preservan niveles aceptables de calidad.
Una segunda acción consistió en desfigurar el sistema de ingreso a las universidades, al relajar los requisitos para el acceso. Las fallas del bachillerato se trasladaron entonces a la educación superior y eso se hizo evidente en carreras de corte cuantitativo donde, salvo excepciones, a un muchacho de un colegio público se le hace muy difícil proseguir una carrera universitaria. Lo tercero que hizo Chávez fue usar a Tibisay Lucena para impedir que se efectuaran elecciones de autoridades universitarias, tal como lo establece la ley. La locura llegó al extremo que en un proyecto de ley se pretendía que los votos de estudiantes, así fuese con un día de inscrito, obreros, empleados y profesores tuviesen la misma ponderación para escoger a las autoridades. Y además que también votasen los vecinos del contorno donde ésta ubicada la universidad. Ello, como es de suponer, provocó agotamiento y cansancio y las autoridades electas fueron prolongando repetidamente su término para el cual fueron electas, unas renunciaron, otras murieron y todavía otras se mantienen. Finalmente, Chávez creó un conjunto de universidades que en realidad no son tales debido a que no calzan el perfil para ello: no tienen planta profesoral calificada y menos realizan investigación y por tanto carecen de calidad. Y algo muy grave, las autoridades de esos centros, no electas sino designadas, pueden ser cualquier cosa pero nunca rectores de una universidad. Lo que faltaba, el ministro de Educación Universitaria, el señor César Trómpiz, en medio de una hiperinflación, dijo que va a congelar el costo de las matriculas de las universidades privadas.