El Parlamento Europeo (PE) dio este lunes el pistoletazo de salida a la revisión del acuerdo posbrexit entre la Unión Europea y el Reino Unido, con la intención de poder dar en febrero o marzo su visto bueno definitivo, mientras Bruselas espera mayores complicaciones en la aduana en las próximas semanas o meses.
“Hasta ahora no hemos tenido aparentemente problemas enormes en las fronteras, pero los desafíos están todavía ahí”, advirtió el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, en un debate sobre política aduanera con la comisión de Mercado Interior de la Eurocámara coincidiendo con el inicio del examen del acuerdo.
Un examen que será concienzudo, ya que el Parlamento “se tomará su tiempo para revisarlo todo bien”, dijo uno de los eurodiputados encargados de elaborar el informe de la Eurocámara, Christophe Hansen, quien apuntó que el PE pretende votar a finales de febrero o a mediados de marzo, dependiendo de si la aplicación provisional (actualmente fijada hasta el 28 de febrero) puede extenderse unos días o no.
El acuerdo cumple “completamente” con el mandato que dio la Eurocámara, según el director en funciones de la Dirección General de Comercio de la Comisión Europea, Leon Delvaux, pero se quedó corto, dijo, en áreas como la participación del Reino Unido en el programa Erasmus Plus o el intercambio de servicios, especialmente financieros.
Por contra, aplaudió que en el comercio de bienes se eliminen los aranceles y las cuotas, evitando así una situación complicada para sectores como el agrícola.
El reto era “asegurar un acceso de alta calidad al mercado británico para las compañías europeas (…) sin poner en riesgo la integridad y la autonomía del mercado único”, explicó el representante de la Comisión.
Este alto funcionario compareció ante la comisión de Comercio Internacional, una de las dos -junto a Exteriores- que tienen la competencia del escrutinio, mientras que otros representantes del Ejecutivo comunitario lo hicieron a lo largo del día en las comisiones de Pesca, Transporte o Asuntos Económicos.
PESCA: UN IMPACTO “PROGRESIVO”
En la comisión de Pesca, eurodiputados de distintos grupos políticos pidieron a Bruselas aclaraciones sobre muchos de los puntos del tratado pesquero, al tiempo que insistieron en que las disposiciones sobre pesca no parecen garantizar la seguridad y estabilidad que necesita el sector.
La responsable de la Dirección General de Pesca de la Comisión Europea, Charlina Vitcheva, trató de tranquilizar a los parlamentarios asegurando que lo pactado dará cinco años y medio de estabilidad garantizada a la flota europea, que podrá seguir faenando en aguas británicas, aunque al final de ese periodo se habrán reducido sus capturas.
“Sabemos que impactará al sector pesquero, pero será progresivo”, dijo la representante de la Comisión, que indicó además que la reserva de ajuste prevista para responder al impacto del Brexit tiene previsto destinar 600 millones de euros a los pescadores afectados.
Eurodiputados españoles como Gabriel Mato (PP), Clara Aguilera (PSOE) e Izaskun Bilbao (PNV) alertaron de las inquietudes que les plantea el pacto y pidieron que las instituciones europeas defiendan al sector pesquero.
TRANSPORTE AÉREO: SIN ACCESO “TOTAL” AL MERCADO INTERIOR
El acuerdo prevé que las aerolíneas británicas podrán usar la UE como destino u origen de vuelos al Reino Unido (Londres-Viena), pero no programar conexiones intracomunitarias (Viena-Madrid).
En cuanto a la propiedad y control de las compañías, estas pueden volar dentro de la UE “si son compañías británicas controladas por nacionales comunitarios”, aunque hay “una excepción” para las compañías del Reino Unido que a final del año pasado también tenían un control de nacionales británicos y comunitarios, precisó desde la Dirección General de Transportes de la Comisión Europea Carlos Bermejo.
“Estamos permitiéndoles que vuelen en virtud de este acuerdo, pero no van a poder hacer lo que hacían antes, que es tener acceso total al mercado interior”, señaló el técnico de la Comisión.
En materia de seguridad, los representantes de la Comisión explicaron que la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (EASA) va a revisar todas las homologaciones del Reino Unido mientras que este país aceptará la mayor parte de las europeas vigentes, lo que puede apoyar oportunidades competitivas a las empresas europeas.
ASUNTOS ECONÓMICOS: BRUSELAS ESTUDIARÁ “CASO POR CASO”
Por su parte, los eurodiputados de la comisión de Economía se centraron su debate en las disposiciones sobre servicios financieros y lucha contra el blanqueo de capitales, temas que no forman parte del acuerdo, sino que quedaron recogidos en una declaración anexa.
Tras el Brexit, las firmas británicas no pueden prestar servicios financieros en la UE a menos que la Comisión adopte una decisión de “equivalencia”, es decir, que considere que la regulación británica ofrece garantías equivalentes a la comunitaria. Estas solo permiten operar en un sector concreto y por un tiempo limitado.
El director general de Servicios Financieros de la Comisión, Almoro Rubin de Cervin, explicó a los eurodiputados que Bruselas estudiará “caso por caso” en qué áreas puede conceder la equivalencia, por lo que esto “podría llevar algún tiempo”.
Por otra parte, insistió en que la UE cuenta con “suficientes herramientas” para asegurar que el Reino Unido no rebaja sus normas contra el blanqueo de capitales y la evasión fiscal, en particular, porque ello será decisivo para que Bruselas conceda la equivalencia.
EFE