Ese gobierno, que ha fomentado durante décadas la corrupción y el asalto a la riqueza nacional –y que, de paso, está muy cerca de perder Guyana, por desidia e irresponsabilidad- ahora acusa de corrupción a Juan Guaidó, a los diputados electos en diciembre de 2015 y a un grupo importante de personas que han acompañado al joven dirigente político a lo largo de esa compleja etapa que se abre cuando Nicolás Maduro decide, en los hechos, desconocer los resultados de los comicios legislativos de 2015, convocar la Constituyente y llamar a las ilegítimas elecciones presidenciales de de 2018, desconocidas por la mayoría de los países democráticos. Como se recordará, la toma de posesión para el nuevo período presidencial que comenzaba el 10 de enero de 2019, fue cuestionada por la oposición venezolana, con el respaldo de la Unión Europea, un amplio sector de la OEA, el Grupo de Lima, Estados Unidos y gran parte de las naciones democráticas. A partir de ese momento, se consideró que, en términos jurídicos, la Presidencia había quedado vacante y que el Presidente de la Asamblea Nacional debía cubrir ese vacío.
Ahora, muchos de quienes criticaron el llamado a las elecciones de 2018, se negaron a reconocer a Maduro como jefe de Estado, exigieron que el entonces Presidente de la AN cubriera el vacío constitucional y se opusieron a aceptar la validez de las votaciones del pasado 6 de diciembre, se hacen los desentendidos. Se han convertido en acérrimos adversarios de Guaidó y de los diputados agrupados a su alrededor. Sin embargo, previamente denunciaron como farsa la convocatoria de diciembre pasado, no propusieron ninguna iniciativa válida frente a lo que convendría hacer cuando esa cita se produjera y se instalara la nueva AN oficialista, el 5 de enero. Esta falta de consecuencia y coherencia ha ido acompañada con llamados piadosos a unas negociaciones abstractas, para la cuales no existen las condiciones previas indispensables: acuerdos unitarios en el plano político, organizativo y programático.
Los dirigentes de Avanzada Popular se dirigieron al Parlamento Europeo para pedirles a los eurodiputados que admitieran que el período de la AN electa en 2015 había expirado. ¿Cuál es propósito de semejante demanda? No es otro que enrarecer aún más las relaciones dentro de la oposición.
El objetivo fundamental de preservar el foro electo en 2015 consiste en impedir que Maduro siga disponiendo a su antojo de los recursos nacionales y se endeude de forma alegre como lo hizo en el pasado. La contraparte legislativa opositora persigue proteger los activos de la nación en el exterior y mantener una trinchera para la lucha política. Esto lo entendió perfectamente Josep Borrel, la Unión Europea y los gobiernos que han defendido la tesis de la continuidad administrativa. También parece haberlo comprendido la naciente administración de Biden. Mientras exista la dualidad de poderes, aunque uno –el opositor- se encuentre internamente muy debilitado, los gobiernos opuestos a Maduro contarán con mayores argumentos para propiciar el diálogo, una salida pacífica, constitucional y electoral, meta que se busca alcanzar desde hace mucho tiempo. En el caso particular de Estados Unidos, el gobierno tiene una excusa formidable en sus manos para evitar que se liquide Citgo y otros bienes de la República que se encuentran en esa nación
El gobierno sabe que mientras exista ese incordio que es la AN de 2015, votada por más de catorce millones de venezolanos, le será imposible alcanzar el reconocimiento de la AN electa en diciembre pasado y darles legitimidad a los acuerdos aprobados en ese aquelarre, controlado férreamente por el oficialismo, con más de 90% de los diputados. El régimen es tan insaciable, que no tuvo ni siquiera la gentileza de darles sesenta diputados -21%’ a los miembros de la mesita y de otros grupos que participaron como comparsa.
La estrategia de Maduro ha sido clara: descalificar, calumniar y amenazar a Guaidó, sus compañeros y seguidores. Decir que se han enriquecido de forma obscena con los recursos de los venezolanos. Inventar mansiones y fortunas incompatibles con personas que no recibieron sueldos a partir de 2016, porque el régimen se negó a pagarles. El ariete de esta demolición es Jorge Rodríguez, cuyo paso por el CNE dejó muchas sospechas razonables. Lamentable que en esta jauría, orquestada por el régimen y todo su aparato comunicacional, participen medios informativos y dirigentes que dicen ser opositores.
@trinomarquezc