Líderes vecinales agrupados en el Frente en Defensa del Norte de Caracas acompañados por propietarios víctimas de invasiones acudieron al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Venezuela para exigirle a Michelle Bachelet que como Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos se pronuncie en rechazo a la violación masiva y sistemática de la propiedad privada en el país por parte del Gobierno de facto de Nicolás Maduro. Asimismo recalcaron con pruebas en mano la participación de alto personeros del régimen, incluyendo incluso diputados a la ilegitima Asamblea Nacional, involucrados en las tomas ilegales.
Carlos Julio Rojas, coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas, señaló que, tanto para Hugo Chávez como en la actualidad Nicolás Maduro, la violación a la propiedad privada ha sido una política de Estado en sus Gobiernos. “El aumento en la ola de invasiones ocurrida desde la instalación de la Asamblea Nacional madurista es sólo un capítulo más de los muchos ataques a la propiedad privada por la dictadura perpetrados por el mal llamado socialismo del siglo XXI, casos como las masivas e ilegales expropiaciones como la del Sambil La Candelaria, la ley de arredramientos que autorizaba la toma ilegal de casas o el censo de vivienda donde colectivos, comuneros y militantes del PSUV marcaban residencias y comercios desocupados”, dijo.
Rojas entregó pruebas con testimonios de víctimas de cómo la propia Alcaldía de Libertador encabezada por Erika Farías, respalda colectivos, dándoles autorización de invadir y en muchos casos declarando ilegalmente la utilidad pública de las edificaciones sin pagarles ni medio a los dueños. “Ejemplos hay muchos pero de ellos destacan el edificio Padrón en la parroquia San Pedro donde invasores identificados con el PSUV, tomaron a la fuerza dicho inmueble y luego la propia Síndico Procuradora Municipal, Cristina Fazzini, le dijo a los legítimos propietarios que debían salir del inmueble. Caso similar ocurrió en la Mansión Forever, en la Alta Florida, allí dichos grupos invadieron el inmueble y argumentando usarla como centro de atención del Covid-19”.
El luchador social recalcó que altos personeros del Gobierno de facto de Maduro tanto a nivel nacional como municipal son cómplices por acción y omisión, tal es el caso del ilegítimo parlamentario del norte de Caracas, Rigel Sergent, quien fue captado en video derribando la puerta de un apartamento para invadirlo en el edificio Cori de la parroquia San José, todo bajo la mirada cómplice de la GNB Y PNB. “También observamos al hijo de la diputada Carmen Zerpa como líder de colectivos Cupaz en la parroquia Altagracia liderando la toma ilegal del edificio Don Joaquín o el Hotel Canaima. Ellos ven la violación a la propiedad privada como un negocio con motivaciones políticas y económicas”, indicó.
Concluyó mencionando que al ser la propiedad privada un derecho humano consagrado Declaración Universal y Convención Americana de los DDHH le exigimos a Michelle Bachelet que como Alta Comisionada de la ONU realice una exhaustiva investigación sobre la violación sistemática de la propiedad privada en Venezuela por parte del Gobierno de facto de Nicolás Maduro. “Asimismo entrevisten a las víctimas de la confiscación de sus inmuebles y se incluya en los informes sobre la situación de los Derechos DDHH este grave tema y se interceda ante el régimen para que los dueños puedan recuperar el control de sus edificaciones”.
Propietarios afectados claman justicia
Horencio Mariñas, propietario de una empresa de textiles, fue a exponer el caso del edificio Padrón, donde se encontraba su comercio y otros más afectados, los cuales fueron invadidos por colectivos armados apoyados por la síndico Fazzini. “un colectivo armado amenazó de muerte a la conserje del edificio para que les abriera la puerta y tomar posesión de las instalaciones de la fábrica”, relató Mariñas.
“Llamamos a las FAES (Fuerza de Acciones Especiales) pero se retiraron de inmediato porque dijeron que habían recibido órdenes desde arriba para no intervenir. Acudimos a la fiscalía y otras instancias que tampoco pudieron hacer nada por la misma razón”, narró el empresario octogenario. “Por esa acción se perdieron 160 puestos de empleo que beneficiaban a varias familias humildes y trabajadoras, se perdieron maquinarias y materia prima para producir, yo tenía una capacidad instalada para hacer 70 mil tapabocas y todo eso lo perdió”, lamentó.
Víctimas de invasiones exigieron frente al Pnud que Bachelet condene la irrupción de inmuebles by lapatilla on Scribd
Nota de prensa