Este 08 de febrero dirigentes sindicales y gremiales de SUNEP-INPARQUES, FAPUV y FADESS entregaron en la sede PNUD documentos dirigidos a la relatora de los DDHH de la ONU, Alena Douhan esperando que la misma valore de manera objetiva e imparcial los planteamientos que le hicieron en los escritos consignados, es de resaltar que hasta la fecha la relatora no se ha reunido con los dirigentes sindicales autónomos del país , razón por la cual decidieron acudir a la sede PNUD así lo expresó Marlene Sifontes Secretaria de Organización de SUNEP-INPARQUES quien además resaltó que la violación de derechos humanos y la profunda crisis padece el pueblo venezolano, es porqué se han adoptado en forma sistemática, continuada, sostenida y prolongada políticas de Estado que destruyeron la capacidad productiva entre las cuales destacó la expropiaron 7 millones de hectáreas de tierras productivas, el desmantelamiento de PDVSA principal industria del país, que afectó y afecta a la población venezolana dado que en Venezuela la economía dependía del petróleo y al desmantelarla y despedir al personal profesional condenaban al país a una terrible situación miseria, que incidió en el suministro de bienes, en la dotación de hospitales, centro educativos y todo esto no es a consecuencia de las sanciones de otros países.
Sifontes enfatizó que la eliminación del Ministerio del Ambiente, el desmantelamiento del Instituto Nacional de Parques (INPARQUES) y la Militarización del Cuerpo Civil de Guardaparques no son producto de las sanciones de otros países sino son las consecuencias de políticas de Estado en detrimento del pueblo.
La dirigente sindical expreso que mientras los que están el el poder se quejan de las sanciones destruyen con el Proyecto extrativista del Arco Minero el PN Canaima, Patrimonio Mundial de la Humanidad y construyen mansiones de lujo dentro los Parques Nacionales, Los Roques, El Ávila en abierta violación la ley, como empleados públicos tenemos qué alzar voz, porque mientras esto pasa los que cuidan los parques ganan salarios miserables, no tienen uniformes, equipos y no pueden ni siquiera llegar a sus puestos de trabajo dado el miserable salario que perciben. Sifontes finalizó afirmando que los trabajadores de INPARQUES pueden hablar con propiedad de las sanciones, pero no la de las sanciones de otros países a los corruptos, sino de las sanciones que Maduro les impone a los trabajadores a través de los jefes de INPARQUES quienes han suspendidos los sueldos a 83 Guardaparques en la Dirección Regional Yaracuy, a 84 en el PN Guatopo así como también a Guardaparques en el PN Laguna de Tacarigua, PN Morrocoy entre otros, porque no llegan a su sitio de trabajo ya que su salario no alcanza ni para el pasaje
Así mismo, Jose Matute Secretario General de SUNEP-INPARQUES afirmó que como consecuencia de la crisis económica en Venezuela, el salario mínimo de los trabajadores se ha convertido en el más bajo del continente americano, ubicándose en 0.68 centavos de dólar al mes , los trabajadores venezolanos estamos en pobreza extrema si acaso podemos comer dos veces al día, particularmente yo he perdido 30 kilos dado que no puedo acceder con mi salario a los alimentos de la canasta básica.
El Coordinador del Frente Autónomo en Defensa del Empleo el Salario y el Sindicato (FADESS) y Secretario Ejecutivo de la CTV Dick Guanique expresó, la relatora de la ONU ha debido venir a verificar la situación que viven los trabajadores y el pueblo en general; para ello su programación ha debido incluir entrevistas con todo los sectores de la vida nacional. Ya se han presentado varios informes tanto por la comisión especial como por la propia Michelle Bachelet; las crisis que vivimos parte desde la misma llegada del chavismo al poder. Tenemos más de 7años de resección económica y más de 4 años de hiperinflación; limitar su visita a verificar los efectos de las sanciones es muy limitado su visita; se trata de intensificar las sanciones individuales contra los responsables de la corrupción y la destrucción de la República. Las sanciones generales han agudizado la crisis de la gente pero no son la razón de la miseria que hoy vivimos.
Keta Stephany, Secretaria de Actas de FAPUV, por su parte, subrayó el hecho de que Venezuela, luego del decreto de Estado de Alarma por el brote de la epidemia COVID-19, han aumentado las detenciones arbitrarias a trabajadores por parte funcionarios del Estado sobre todo del sector salud y de comunicadores sociales.
Stephany denunció que el gobierno viola el derecho a la negociación colectiva, impone el salario mínimo y las tablas salariales, desconoce a las organizaciones sindicales y gremiales independientes, como FAPUV, y que gracias a esa política han podido llevar los salarios y pensiones a su mínima expresión de un dólar mensual. No existen procedimientos de consulta tripartita, y no hay órganos de diálogo social para la fijación de salario mínimo y para la aplicación de las normas internacionales del trabajo.
La representante de los profesores universitarios acusó al gobierno de incumplir sus obligaciones de garantizar la educación pública, ya que los programas de educación básica y educación superior no se están cumpliendo porque el gobierno cortó el financiamiento de la educación. Señaló que si bien el gobierno ha anunciado en distintas oportunidades el reinicio de clases en educación básica y en educación superior, bajo planes de formación a distancia, la realidad es que no remunera el trabajo de los educadores, y no garantiza los servicios de internet y los equipos necesarios para estudiantes y profesores. “No hay garantía de acceso a la educación pública en Venezuela en ninguno de sus niveles”- afirmó.
Según Stephany, ninguna de estas violaciones a los derechos humanos es causada por las sanciones, y la razón por la cual los trabajadores deben acudir a instancias internacionales a reclamar sus derechos es que en Venezuela la justicia no funciona pues no hay instituciones independientes que garanticen las protección de los derechos de los trabajadores y el castigo a los culpables de corrupción y de violación de los derechos humando.
Stephany finalizó señalando que esperan que la relatora de la ONU Alena Douhan haga una investigación objetiva y que las sanciones que afectan negativamente al pueblo deben ser levantadas, como es el caso del diesel, pero que deben mantenerse las sanciones que benefician al pueblo, como es el caso de la congelación de las cuentas de los corruptos, de modo que esos recursos sean devueltos y destinados a resolver la emergencia social en Venezuela.
Nota de prensa