Recientemente, Vente Miranda celebró presencialmente su dirección ejecutiva estadal ampliada y consideró en profundidad la situación de la violencia e inseguridad personal que impera en la entidad federal, desmintiendo al gobierno usurpador encabezado por Héctor Rodríguez.
“El descuido, si acaso no la incitación o el aliento de la violencia por parte del Estado y otros entes paralelos, tal como de miembros desadaptados de la sociedad, deben ser objeto del más contundente rechazo y combate dentro y fuera del país”, expresa el documento oficial partidista, apuntando a la operación de las llamadas fuerzas especiales que aterrorizan a la población mirandina so pretexto de perseguir a la delincuencia común
Para la dirigencia estadal y municipal de Vente Miranda, los indicadores señala una elevada actuación del hampa común, organizada y espontánea, tan alarmante como los cuerpos policiales, militares y paramilitares que dicen combatirlos, incurriendo en prácticas semejantes.
Además de los dirigentes ventemirandinos, suscriben el texto los coordinadores nacionales de Organización y de Control Electoral, invitados al encuentro en el que también se hizo miembro honorario de Vente Miranda al diputado monaguense en el exilio, Juan Pablo García, actualmente forzado al exilio.
COMUNICADO DE VENTE MIRANDA: MIENTE EL USURPADOR HECTOR RODRIGEZ
Vente Miranda manifiesta tanto su preocupación como su más alto repudio ante los índices de violencia que presenta la totalidad de nuestro estado. El Observatorio Venezolano de la Violencia nuevamente indica, en su informe más reciente, como Miranda no solo encabeza sino que luce desprendida en una relación 70-50 ante la entidad nacional más cercana respecto a una medición que debería despertar todas las alarmas ciudadanas en cuanto a un tema tan sensible para la nación.
El descuido, si acaso no la incitación o el aliento de la violencia por parte del Estado y otros entes paralelos, tal como de miembros desadaptados de la sociedad, deben ser objeto del más contundente rechazo y combate dentro y fuera del país. Conocemos de la operación de fuerzas especiales en actividades de exterminio condenadas hasta por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), institución que ha solicitado la disolución de algunas de esas fuerzas, tanto como el cese inmediato de las actividades contrarias a los derechos humanos, específicamente al fundamental derecho a la vida. Todos los cuerpos policiales y algunos militares se hallan incursos en la muerte de ciudadanos en oportunidades indefensos que no han merecido morir de estos modos crueles que aparecen reportados. En Venezuela existe una legalidad y una constitucionalidad, así como acuerdos internacionales en la materia que no son respetados especialmente en el estado Miranda. Esto aunado al hecho de un porcentaje significativo de la población indebidamente armado, hasta con armas de guerra, haciendo la salvedad de que el control de todos los armamentos en el país es responsabilidad absoluta con grado constitucional de la Fuerza Armada.
En tal sentido, solicitamos la atención inmediata, por parte de organismos nacionales e internacionales, de esta aguda problemática en el sentido de parar definitivamente el derramamiento de sangre en Venezuela, los asesinatos y la violencia en general, especialmente desbordados en Miranda, en estricta atención del derecho a la vida y a la protección de la seguridad de toda la ciudadanía. A la par debe obligatoriamente implementarse cuanto antes un plan de desarme de la población, de control estricto de cuerpos policiales y militares. Así como la más severa condena judicial de quienes hayan actuado al margen de la ley en esta materia. Exigimos la depuración plena, inmediata, de organismos policiales y militares. así como un incremento significativo, eficaz, de la protección ciudadana en función de preservar la vida a la que todos tenemos derecho, por sobre todas las cosas, y cuidar al extremo indispensable la seguridad de los habitantes.
Aprovechamos la ocasión para solicitar el incremento de acciones internacionales en procura de atender y frenar el exterminio como práctica de cuerpos policiales y militares, así como obligar al régimen en el poder al apego irrestricto a la legalidad y al cumplimiento de todos los acuerdos internacionales en esta delicadísima, sensibilísima, materia.
Nota de Prensa