En los últimos meses se han conocido en los medios de comunicación graves casos de agresiones sexuales y asesinatos contra las mujeres, de estos resaltan los ocurridos en el estado Portuguesa en los cuales parece operar un criminal de altísima peligrosidad, no obstante, vistos estos hechos como conjunto, todo parece indicar que la pandemia, la crisis de los servicios públicos, el deterioro de la calidad de vida y la pobreza multiplican la vulnerabilidad de la mujer en una sociedad institucional y estructuralmente machista como la venezolana. Este diagnóstico es posible escucharlo de voces muy autorizadas como Provea, Avesa, el PNUD y otras ONGs especializadas. Lamentablemente, el tema es usualmente relegado en la agenda pública, de hecho, pese a que existe legislación para enfrentar el machismo como un problema de salud y orden público se sigue pretendiendo culpar a las víctimas hablando de cómo vestían o a qué hora estaban en la calle, o aún peor, algunos intentan minimizar el fenómeno con el argumento bajo el cuál es indebido hablar de feminicidios porque el crimen debe ser tratado por igual con independencia del sexo de la víctima, eso obviamente invisibiliza a las mujeres que son en su mayoría las usuales víctimas de violaciones o del resto de las modalidades de la violencia de género.
Este tema debería ser abordado por las autoridades públicas con la urgencia debida pero eso no ocurre porque más del 80% de los cargos públicos de elección popular en Venezuela son ejercidos por hombres. No se puede esperar que los hombres mostremos, me incluyo, especial sensibilidad para diseñar políticas públicas con enfoque de género cuando nosotros no sentimos ningún temor a una agresión de carácter sexual al caminar por la calle, ni escuchamos comentarios ofensivos con carga explícitamente sexual expresada por desconocidos en la vía pública (los asquerosamente normalizados “piropos”), ni tenemos que escuchar con estoica paciencia mensajes de autoridades religiosas que, explicita o veladamente, hacen un anatema de los debates sobre salud reproductiva (hasta hace relativamente poco la iglesia católica ejercía fuerte oposición al uso del condón y, en la actualidad, olvidando que somos un Estado Laico, ejerce, junto con los ahora empoderados protestantes, fuerte oposición al debate sobre la despenalización del aborto).
Ser mujer en Venezuela implica estar bajo condiciones de grosera subordinación al hombre y es claro, más que claro, que nosotros los hombres no nos damos cuenta con facilidad porque estamos cómodos con nuestra indignante y forzada superioridad. Las pocas mujeres que ejercen roles de relevancia política han tenido que masculinizarse, es decir, mostrarse agresivas, amarrarse un moño y “hablar golpeado” para sobrevivir en un medio donde la sensibilidad, la afabilidad y la cortesía en las mujeres es malinterpretada. Hay excepciones que, por ser excepciones, confirman la regla.
Una dirigente socialdemócrata, feminista hasta los tuétanos y, por tanto y lógicamente adeca, Evangelina García Prince, solía decir que la verdadera igualdad de la mujer comienza con mujeres ejerciendo el poder político. Cada día que pasa, en medio de nuestra injusta y desigual sociedad, estoy más convencido de ese argumento. De tener una cuota obligatoria de mujeres en los cargos de representación pública, de al menos un 50% en correspondencia con el hecho de que las mujeres son al menos la mitad de la población, tendríamos más posibilidades de que los problemas que afectan a la mujer sean debatidos en público. Hoy, sin suficientes mujeres en esos cargos, las mujeres son objetos y no sujetos de pleno derecho. Si lo noto yo, con la miopía propia de ser hombre, ¿cómo será de grave el problema visto desde la perspectiva de la mujer?.
Julio Castellanos / jcclozada@gmail.com / @rockypolitica