Tras adoptar sanciones contra varios ciudadanos y entidades rusas por el caso del opositor ruso Alexéi Navalny, EE.UU. ha anunciado este martes que impone una prohibición sobre la concesión de préstamos a Moscú que afecta a todos sus departamentos, incluido el Banco de Exportación e Importación.
Por RT
Según el Departamento de Estado, las sanciones serán adoptadas tras el período de notificación al Congreso de 15 días y permanecerán en vigor durante un mínimo de 12 meses, pudiendo ser levantadas después de este periodo si el Gobierno ruso cumple con una serie de condiciones.
Las medidas incluyen el fin de la asistencia a Rusia, “excepto para asistencia humanitaria urgente y alimentos u otros productos o productos agrícolas”; la denegación de exportaciones de artículos y de servicios de defensa, así como de “bienes y tecnología sensibles para la seguridad nacional”. Asimismo, Washington pone fin a toda financiación militar a Rusia y deniega “cualquier crédito, garantía de crédito u otra asistencia financiera por parte de cualquier departamento, agencia o instrumentalidad del Gobierno de EE.UU., incluido el Banco de Exportación e Importación”.
Al mismo tiempo, el Gobierno estadounidense considera “esencial para los intereses de seguridad nacional” de EE.UU. eliminar ciertas restricciones, como las relativas a las exportaciones de apoyo a la cooperación espacial gubernamental.
Sanciones de EE.UU. y de la UE
Washington anunció este martes que, en respuesta al envenenamiento y encarcelamiento de Navalny, ha impuesto sanciones a siete altos cargos rusos, así como a varias entidades supuestamente involucradas en la producción de agentes biológicos.
Las sanciones, que están siendo coordinadas con socios de la UE, se adoptan después de que la Inteligencia estadounidense concluyera con “alta seguridad” que los agentes del Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) utilizaron el agente nervioso Novichok para envenenar a Navalny el pasado mes de agosto, según representantes de la Administración de Biden.
Por su parte, la Unión Europea también ha introducido sanciones personales contra cuatro ciudadanos rusos relacionados con el encarcelamiento del opositor, en el marco de un reglamento relativo a medidas restrictivas contra “violaciones y abusos graves de los derechos humanos”.
“Un pretexto para la difamación”
Konstantín Kosachov, presidente del Comité de Asuntos Internacionales del Consejo de la Federación de Rusia, ha calificado la decisión de la UE y de EE.UU. de “manipulación clásica”, asegurando que Occidente usa la situación de Navalny como “un pretexto para la difamación de las autoridades rusas”.
Se trata de una actitud “inaceptable” en las relaciones internacionales, que, sin duda, recibirá una respuesta de la parte rusa”, afirmó el senador.
En la misma línea, el jefe del Comité de Relaciones Internaciones de la Duma Estatal de Rusia, Leonid Slutski, tachó la decisión de Bruselas de imponer las sanciones de “absolutamente ilegal, además de inútil”, y advirtió que va a asestar “otro golpe a la cooperación” de Rusia con la Unión Europea. Slutski hizo hincapié en que Moscú, “sin duda, responderá adecuadamente a todos los ataques de sanciones”.
El 2 de febrero, un tribunal de Moscú sustituyó la prisión condicional de Navalny por una condena efectiva de 3,5 años de cárcel por el caso de fraude Yves Rocher luego de que el opositor no se presentara varias veces a una inspección penitenciaria. El tribunal tomó en consideración los 10 meses que el opositor pasó bajo arresto domiciliario, por lo que la pena de cárcel se redujo a dos años y 8 meses de cárcel. El 20 de febrero, la condena fue reducida en 1,5 meses tras revisar la apelación de Navalny. De este manera, el opositor tendrá que cumplir un poco más de 2,5 años en una prisión de régimen general.
En febrero, el Ministerio de Exteriores de Rusia consideró “categóricamente inaceptables” las “demandas ilegales y absurdas” de los países occidentales de liberar a Navalny y recordó que el opositor fue condenado “por delitos económicos por un tribunal ruso en el territorio de Rusia de conformidad con la legislación” del país. “En la práctica internacional esto se llama interferencia en los asuntos internos de un Estado soberano”, subrayó la Cancillería.