Este miércoles han notificado al rapero español Pablo Hasél, que se encuentra en prisión desde el pasado 16 de febrero, otra querella. En esta ocasión ha sido interpuesta por el partido de ultraderecha Vox por quemar una bandera de España, por la que el rapero tendrá que declarar el próximo 5 de mayo, según ha informado en sus redes sociales la Plataforma Llibertat Pablo Hasél.
Los hechos denunciados se remontan al 12 de octubre de 2019, durante la celebración del Mur Festival en el municipio de Felanitx, en las Islas Baleares, en el que participó Hasél, así como otros treinta artistas. Durante su actuación el rapero hizo referencia a la libertad de expresión y a otro rapero, Valtónyc, también condenado por enaltecimiento del terrorismo a tres años y medio de cárcel y que se exilió a Bélgica para evitar ingresar en prisión.
? Hoy han notificado a Pablo Hasel en prisión una nueva causa por una querella de VOX por quemar una bandera monarco-fascista. El 5 de Mayo tendrá que declarar.
Hay que seguir organizando la solidaridad hasta conquistar nuestros derechos y libertades democráticas. pic.twitter.com/HM1MaKzh3N
— Plataforma Antirepressiva de Ponent (@antirepre_pon) March 3, 2021
“No podemos tolerar el fascismo. Esta bandera no me representa porque solo representa los intereses de la oligarquía fascista”, dijo entonces el cantante sobre el escenario, que ya entonces tenía abiertos varios frentes judiciales por el contenido de sus canciones.
??? Pablo #Hasel quema, entre aplausos del público, una bandera de #España durante un concierto de apoyo a #Valtonyc: «No podemos tolerar el fascismo».https://t.co/1M4szZKk7A
— eSPAINews (@eSPAINews) October 13, 2019
Justicia europea contra Justicia española
En 2018 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) falló contra España en el caso de dos jóvenes independentistas que en 2007 quemaron una fotografía del entonces rey Juan Carlos I durante una protesta en la ciudad catalana de Lleida. Consideró que la acción se amparaba en la “crítica política” y la “libertad de expresión” y estableció que España tenía que devolverles la multa a la que habían sido condenados, de 2.700 euros, así como indemnizarlos con otros 9.000 euros a cada uno de ellos.
Sin embargo, en diciembre de 2020 el Tribunal Constitucional de España sorprendió con una sentencia que iba en sentido contrario a la doctrina del TEDH. El fallo salió adelante con tan solo un voto de diferencia, seis contra cinco, y ratificó la condena a un sindicalista por instar a prender fuego a la bandera española en una protestas en Galicia en 2014. La pena impuesta al trabajador es el pago de una multa de 1.260 euros como autor de un delito de ultraje a la bandera.
Protestas tras su ingreso en prisión
La entrada de Hasél en prisión hace dos semanas desató una oleada de protestas en todo el territorio español, las más contundentes en Cataluña, sobre todo en la ciudad de Barcelona. Aunque el inicio de las marchas se ha producido de manera pacífica en reivindicación del derecho a la libertad de expresión, la mayoría ha acabado con pequeños grupos protagonizando altercados.
En estas jornadas se han producido decenas de detenidos y heridos, como la mujer que perdió un ojo por el disparo de un proyectil de foam por parte de los agentes policiales. Además, tuvieron lugar disturbios, saqueos, quema de mobiliario urbano y enfrentamientos con las fuerzas del orden, algunos de mayor gravedad, como la quema de un vehículo de los Mossos d’Escuadra cuando el conductor, que pudo salir a tiempo, se encontraba en su interior.
Cuatro condenas
Las causas que han llevado a Pablo Hasél a la cárcel tienen que ver con delitos que limitan la libertad de expresión. Tiene dos condenas firmes por enaltecimiento del terrorismo e injurias y calumnias a la Corona. La primera de ellas fue ratificada en 2015 y le condenó a dos años de prisión, aunque su ejecución fue suspendida. La segunda fue confirmada en 2020 y aunque la pena es solo de 9 meses de privación de libertad, le ha hecho ingresar en un centro reclusorio por contar ya con antecedentes penales.
Además, Hasél acumula otras dos sentencia condenatorias, aunque en este caso todavía en fase de recurso: en junio de 2020 fue condenado por agredir a un periodista que cubría una protesta en la Universidad de Lleida y este 18 de febrero, tan solo dos días después de entrar en prisión, fue sentenciado por amenazas e intento de agresión contra un testigo en un proceso contra un Guardia Urbano.